La Consejería de Salud del Gobierno de Juan Manuel Moreno tramita una orden para actualizar y homogeneizar los precios que paga a la sanidad privada por las operaciones, pruebas de diagnóstico y pacientes derivados de centros públicos de Andalucía, que batieron récord en 2022 dada la carencia estructural de médicos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
La norma, aún en fase de borrador y a la que ha tenido acceso este periódico, incluye dos medidas sin precedentes en el modelo sanitario andaluz: por un lado, se habilita jurídicamente que los médicos de clínicas privadas atiendan a pacientes dentro de hospitales públicos y realicen pruebas y operaciones concertadas por la propia Junta -hasta ahora se realizaban en sus propias instalaciones-; y por otro, se incluye por primera vez la atención primaria en la cartera de servicios derivados a la sanidad privada, que pagará por ello según una nueva “tarificación uniforme”.
La Junta pagará a un hospital privado hasta un máximo de 65 euros por derivar la primera consulta a un médico de familia, según la tabla de precios adjunta al borrador de la orden. Es el coste para “consultas realizadas en las instalaciones de las empresas adjudicatarias [léase, clínicas privadas concertadas por el SAS]”.
La tabla de tarifas incluye también los precios para una “primera consulta” a un especialista, a 150 euros; las “consultas sucesivas”, a 90 euros; y la consulta en un centro especializado de Alta Resolución, a 215 euros. En caso de que el médico de la privada atienda al paciente en un hospital público, en vez de hacerlo en su clínica, “esa tarifa máxima se verá reducida al 35%”, especifica la norma.
El Gobierno de Moreno inició la tramitación de esta orden el pasado 7 de julio, apenas tres semanas después de las elecciones andaluzas del 19 de junio, según consta en la web de la Consejería de Salud. El periodo de alegaciones culminó en pleno mes de agosto, pero sólo CCOO presentó propuestas de modificación y lamentó públicamente que “la Administración fomente la externalización de servicios sanitarios a empresas privadas”.
El controvertido documento, adelantado por la Cadena Ser, es un proyecto de orden por el que “se actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios”.
La norma viene a “uniformar” mediante el establecimiento de “una tarifa máxima homogénea para toda Andalucía, tanto en valor como en procedimiento”, los precios que el SAS cobra a las clínicas privadas por pacientes derivados, operaciones y pruebas que se han triplicado en los últimos años tanto por el sobreesfuerzo de la pandemia como por la falta estructural de facultativos en la pública.
En la memoria que acompaña a los Presupuestos Autonómicos de 2023 se recoge ese incremento en 2022 y la previsión de que irá a más: en el pasado ejercicio, las cifras oficiales de Salud hablaban de 195.745 pacientes derivados a hospitales concertados. Para 2023, el número previsto ascendía a 245.000, un 25% más. El número de intervenciones quirúrgicas derivadas a clínicas privadas también se eleva un 55%, de las 82.214 registradas el año pasado a las 127.782 previstas en el Presupuesto de este año. El gasto anual del SAS en prestaciones desviadas a la privada ronda los 524 millones de euros, menos del 5% de su presupuesto.
El Gobierno andaluz ya contaba con un régimen de precios para tarificar estas operaciones, pero se aplicaba para las actuaciones médicas derivadas y realizadas dentro de hospitales y clínicas privadas. La novedad es que ahora se abre la puerta a que los médicos de la privada entren a trabajar en instalaciones públicas.
La coalición Por Andalucía, que ha destapado el polémico borrador, considera que este escenario es un paso previo a la privatización de la sanidad pública y pone especial énfasis en denunciar que se haya incluido en el catálogo de derivaciones las consultas de atención primaria, justo donde se encuentra el cuello de botella del SAS.
La coalición de izquierdas ha solicitado la comparecencia urgente de la consejera de Salud, Catalina García, para que dé explicaciones en el Parlamento. “La intención del PP es privatizar la sanidad pública y la atención primaria. Si esta orden llega a aprobarse, empezarán a implantar un modelo sanitario inédito en Andalucía, pero que ya existe en Madrid con las consecuencias que estamos viendo”, dice Nieto, en alusión a la manifestación de 250.000 personas contra la gestión sanitaria del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El borrador de la orden de la Consejería de Salud lleva siete meses en exposición pública, sin que la gran mayoría de sindicatos del sector hayan levantado la voz de alarma. En este periodo, además, la fragilidad de la sanidad pública por falta de recursos y de personal ha estado y está en el epicentro del debate político y mediático en todo el país, con manifestaciones en la calle, protestas, amagos de huelga de los médicos, negociaciones con el departamento de Catalina García y una presión muy dura por parte de la oposición al Gobierno con mayoría absoluta de Moreno.
La Consejería de Salud, en conversación con este periódico, reconoce la autoría de la orden, pero defiende que está pensada para “situaciones muy excepcionales, en caso de catástrofes o pandemias”, y niega categóricamente que el objetivo sea utilizarla de forma “regular” para cubrir los déficit de personal en la pública. “No se ha utilizado aún ni se va a utilizar. Se tienen que caer todos los hospitales privados a causa de un terremoto para que sea necesario usar este recurso”, explican estas fuentes.
El departamento de Catalina García explica que la orden “ya existía” cuando gobernaba el PSOE en Andalucía, y que el Gobierno del PP sólo la ha “actualizado”. Se trata de una orden de 1998 sobre tarificación para concertación de asistencia sanitaria, que fue derogada en 2021 por el decreto de simplificación administrativa, uno de los “hitos políticos” del Gobierno de Moreno para “desburocratizar” la Administración pública.
Ese decreto no sólo borró de un plumazo la orden de tarifas -obligando a redactar una nueva-, también modificó algunos artículos de la Ley de Salud de Andalucía y el decreto que regulaba “los procedimientos de homologación de Centros Hospitalarios y de suscripción de convenios y conciertos entre la Consejería o el Servicio Andaluz de Salud y entidades, tanto públicas como privadas, para la prestación de asistencia sanitaria en los mencionados centros”.
El nuevo proyecto de orden busca aportar “más seguridad jurídica y transparencia” en el gasto sanitario y, según la consejería, amplía la regulación para incluir “otros beneficios”, como crear “un marco económico máximo fijo para todos los procedimientos que se pudieran concertar en Andalucía”, y “contemplar todas las posibilidades de asistencia sanitaria que pudieran llegar a ser concertadas si en algún momento crítico puntual fuera necesario”, incluyendo “todo lo que no regulaba la norma anterior”, como la atención primaria, radioterapias o la salud mental...
La orden, por tanto, trata de anticiparse a escenarios de “colapso sanitario” y fijar unas tarifas estándar para que, “en caso de catástrofe”, la sanidad pública no tenga que improvisar precios aleatorios y desiguales en las distintas provincias andaluzas. “Es obligación de toda Administración prever cualquier tipo de contingencia, por ejemplo: pandemias, situaciones de catástrofe, etc”, advierten fuentes de la consejería.
Sin embargo, ninguna de estas situaciones se contempla en el texto de la norma, ni en su articulado ni en su exposición de motivos. La orden no habla de escenarios excepcionales, como catástrofes naturales o pandemias, simplemente introduce un marco normativo a disposición de la Consejería de Salud que podrá, a voluntad, decidir cuándo recluta a médicos de la privada en instalaciones públicas y cuándo estrena las derivaciones de pacientes a médicos de familia de clínicas privadas, en caso de saturación en ambulatorios públicos. Tampoco está claro cómo se regularía en la práctica el traslado de médicos privados a hospitales públicos, habida cuenta que alrededor de 3.500 facultativos del SAS complementan su trabajo también en la privada.
Aunque el borrador del proyecto de Salud recupera gran parte del texto de la orden derogada del 98, incluye una “disposición adicional segunda” que introduce un escenario hasta ahora inédito: se utiliza la Ley de Contratos del Sector Público, en vigor desde 2017, para dar cobertura legal a médicos de la sanidad privada dentro de hospitales públicos.
Esa norma ya se usa con regularidad en sanidad -la licitación de la cafetería de un hospital, la lavandería, el párking-, pero es la primera vez que se aplica para actos clínicos. “La prestación directa de servicios a favor de la ciudadanía se efectuará en dependencias o instalaciones diferenciadas de las de la propia Administración contratante”, reza la disposición adicional, y añade: “y si ello no fuera posible, se harán constar las razones objetivas que lo motivan”. “A tal efecto, la Consejería de Salud podrá determinar las tarifas para la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en instalaciones propias de la Administración, haciendo constar las razones objetivas que lo motivan”.
Durante un acto público, ese lunes, en Antequera (Málaga), la consejera de Salud ha puntualizado que “el Gobierno andaluz no va a privatizar absolutamente nada”. “De hecho, lo que está haciendo es lo contrario”, ha añadido, tras recordar que Almería, Jaén y Huelva externalizaban a empresas privadas las pruebas diagnósticas en Pet-Tac -imágenes tridimensionales-, porque los públicos no podían asumir toda la demanda, y ahora disponen de las herramientas para hacerlos ellos mismos.
García ha explicado que permitir que médicos privados trabajen en hospitales públicos y utilicen sus recursos “ya se está haciendo en otras comunidades gobernadas por el PSOE, como Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha”. “Que profesionales privados, por ejemplo anestesistas, puedan trabajar dentro de un quirófano público. El equipo sigue siendo del SAS, pero incorporan a ese profesional privado que no tienen en la pública”, asegura.
La consejera ha vuelto a recordar que el presupuesto sanitario andaluz supera el 7% del PIB, cuenta con 4.000 millones de euros más que en 2018 -último año del Ejecutivo socialista- y tiene 30.000 profesionales más que entonces. “El problema en Andalucía, y en todo el Sistema Nacional de Salud, es el déficit de médicos”, ha puntualizado. Las jubilaciones de profesionales sanitarios en esta comunidad -a un ritmo de 600 y 700 médicos por año- alcanzarán los 6.769 en diez años y la Junta denuncia que no hay banquillo suficiente para sustituirlos.
El Sindicato de Médicos de Andalucía, que aglutina al 95% de los facultativos en esta comunidad, firmó un acuerdo hace dos semanas con la consejería para limitar a 35 el número de pacientes por médico de familia al día -25 para pediatrías-. Las protestas, sin embargo, no han cesado entre el personal de los ambulatorios y el colectivo de enfermeras.
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