La ley de Presupuestos andaluces es el mapa que guía las prioridades políticas del Gobierno autonómico a través de un escenario económico incierto. Es el debate más importante del año en el Parlamento andaluz, aunque carece de misterio desde que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno disfruta de una holgada mayoría absoluta.
Los votos del PP y el apoyo de Vox han permitido que las cuentas para 2024 superen las enmiendas a la totalidad con propuesta de devolución presentadas por los tres grupos de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante-, coincidentes en que los números de la Junta están “falseados, tuneados, inflados y dopados”. El proyecto de ley sigue su tramitación parlamentaria y el Ejecutivo andaluz se abre a incorporar modificaciones parciales aceptando enmiendas de la oposición, pero con el debate de hoy queda fijada la cifra global del Presupuesto aprobada por el Consejo de Gobierno: 46.753 millones de euros.
En este debate presupuestario no han tenido protagonismo los números ni las políticas públicas que emanan de ellos. En las réplicas a los grupos de izquierdas, la consejera de Hacienda, Carolina España, contraatacó con medio centenar de referencias contra la amnistía y los pactos del PSOE con los líderes independentistas catalanes para propiciar la investidura de Pedro Sánchez, avalada por la mayoría del Congreso mientras se debatía en el Parlamento andaluz. “Fractura social”; “pérdida de calidad democrática”; “ruptura del principio de igualdad entre españoles”; “pacto de la vergüenza y contra Andalucía”
La inminente constitución de un nuevo Gobierno de coalición progresista y el arranque final de la legislatura ha polarizado el debate andaluz desde el primer minuto. La sesión plenaria arrancó a las 9.30 horas y a las 13.14 horas -mientras intervenía el portavoz del grupo mixto Adelante Andalucía, José Ignacio García- irrumpía en la Cámara el resultado de la votación de investidura en el Congreso: Sánchez reelegido presidente con 179 votos. La bancada del PSOE andaluz arrancaba a aplaudir de repente, ante la sorpresa del diputado andalucista: “No sabía yo que iba a ser protagonista en algo de Pedro Sánchez”, bromeó. “No vienen buenos tiempos para el país en términos de calidad democrática”, vaticinó Moreno ya fuera del Parlamento.
El debate presupuestario andaluz continuó por la misma senda de confrontación a los pactos de investidura, entre gruesas críticas a la amnistía -en clave nacional- y a la negociación fiscal. Los acuerdos del PSOE con el independentismo catalán en materia financiera -una condonación del 20% de la deuda de Cataluña, la cesión de Rodalies o la pretensión de Junts de acaparar el 100% de los impuestos recaudados en su comunidad- han reventado el pacto previo e inédito suscrito por las izquierdas y el PP en 2018, cuando Moreno era jefe de la oposición y apoyó una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica diseñada por la entonces consejera y hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Todos los partidos que subieron este jueves a la tribuna -excepto Vox- denunciaron la “infrafinanciación” de Andalucía, la necesidad de mejorar los recursos del Estado para esta comunidad, pero ese punto común denominador no dibuja un frente andaluz que lleve sus reivindicaciones a Madrid como una sola fuerza. PP y PSOE se acusan mutuamente de haber “traicionado” ese acuerdo de financiación.
Los populares sostienen que Montero ha privilegiado a Cataluña a cambio de los votos de ERC y Junts en la investidura, “rompiendo el principio de solidaridad interterritorial”. Los socialistas responden que fue el presidente de la Junta quien abandonó el consenso de aquel acuerdo, cuando promocionó el “dumping fiscal” -la competencia desleal entre comunidades- lanzando una “bajada de impuestos a los más ricos para captar el domicilio fiscal de las grandes fortunas del país”.
La consejera de Hacienda, Carolina España, desgranó los detalles del futuro Presupuesto en un discurso leído de 40 minutos (el año anterior dedicó una hora y cuatro minutos). España, ex diputada del PP en el Congreso, se muestra más cómoda y hábil en el argumentario grueso de su partido contra Sánchez y el catalanismo que en la pedagogía financiera.
Su predecesor, el hoy diputado y vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, solía abrumar a sus rivales parlamentarios con una lluvia de datos, informes, tablas comparativas, envueltas en un relato político que restaba plomo a una materia de natural arenosa. España se aburrió enseguida del duelo de cifras y optó por martillear, una y otra vez, con el discurso oficial contra Sánchez y sus “prebendas” al independentismo catalán, sin soltar en ningún momento el discurso del “fin del principio de igualdad entre españoles”.
Las cuentas de 2024 ascienden a 46.753 millones de euros, 1.100 millones más que el año pasado. El crecimiento, inferior al del presente ejercicio, no emana de la recaudación de los impuestos propios o cedidos que gestiona directamente la Junta, aunque España arrancó su discurso con el mantra del liberalismo económico: “Es compatible una revolución fiscal con una mayor recaudación”, dijo enumerando las seis bajadas de tributos desde que Moreno es presidente.
Pero el proyecto de ley de Presupuestos recoge un desplome del 22% de ingresos vía impuestos propios respecto al ejercicio anterior. Una parte de ese bocado, en torno a 1.170 millones menos, deviene de la eliminación del gravamen de Sucesiones y Donaciones y de Patrimonio -que pagaban el 0,6% de las rentas más altas-, la reducción del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, la deflactación del IRPF... Las izquierdas denuncian que son “beneficios fiscales para los ricos”; España les acusa de “demagogos”, y defiende que su política fiscal ha dejado “900 millones en el bolsillo de los andaluces”.
Los números del Presupuesto fueron hostigados por uno y otro lado, haciendo inviable un relato único y generando un barullo de cifras politizadas. Sobre el papel, las cuentas contienen un recorte del 25% en la partida para la amortización de la deuda pública -1.200 millones de euros menos-, que es la tercera más abultada por detrás del gasto sanitario y de educación. La Junta también incorpora una partida de gastos disponibles que no han ejecutado en este ejercicio (los llamados remanentes) que alcanzan los 1.653 millones, y otros 709 millones de fondos europeos del anterior marco de financiación que aún no se han gastado.
La portavoz socialista, Alicia Murillo, afeó al Gobierno de Moreno que salieran “a bramar en las calles a favor de la igualdad, cuando estos presupuestos son una máquina de generar desigualdad entre andaluces, andaluces de primera y de segunda”. “¿Cómo se atreven ustedes a hablarme de igualdad?”, le espetó la consejera, recordándole el “pacto con prófugos que harán saltar las costuras de la Constitución Española y socavar el Estado de derecho”.
El PSOE sostiene que sin esas partidas que “dopan” las cuentas, “el presupuesto decrecería un 5%, y eso se llamar recortar”. España ha respondido denunciando la pérdida de 632 millones de fondos europeos del marco de financiación ya caducado y una caída de 1.034 millones en los fondos para la Recuperación y la Resiliencia. “Aquí recaudamos más bajando los impuestos, en España recaudan más porque hay más impuestos”, remarca la consejera.
España insiste en vincular las bajadas de impuestos en Andalucía con el aumento de contribuyentes y recaudación, subrayando que entre 2021 y 2022, hay 166.090 declarantes nuevos, un 4,2% más. Esta cifra, no obstante, está por debajo del crecimiento vegetativo de la economía andaluza registrado ese mismo año, que se cerró con un 5,2% más.
Entre 2018 -cuando entra el P en el Gobierno autonómico- y 2022, Andalucía ha sumado 566.536 contribuyentes más, pasando de 3,5 a 3,9 millones de declarantes, un 16,10% más. Las cuatro millones de declaraciones de la renta presentadas este año en Andalucía, correspondientes al ejercicio 2022, dejaron 6.875,6 millones de euros de cuota líquida autonómica, esto es, vía IRPF. Son 662,2 millones más respecto al año anterior -un 10,7% más-, y 1.847 millones más respecto a 2018 -un 36,7% más-. La consejera de Hacienda usa todos estos números para reivindicar una política fiscal a la baja.
El número de contribuyentes y la recaudación tributaria es un reflejo de la actividad económica del momento. 2018 se cerró con un crecimiento del PIB andaluz del 2,2% y en 2022 fue del 5,2%. El número de ocupados en Andalucía al cierre de 2018 fue de 3.090.300 personas y al finalizar 2022 alcanzaba los 3.261.200 ocupados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). La diferencia son 170.900 ocupados más, una cifra muy próxima a la tasa de crecimiento vegetativo de la población andaluza en edad de trabajar.
“Los datos que ustedes nos dan no dicen que la recaudación crece por su bajada de impuestos. La recaudación de sus impuestos bajan, y la recaudación de los impuestos estatales crece. Deje de llamar a lo blanco negro”, le reprochó la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto. La diputada de izquierdas se quejó de la baja ejecución presupuestaria y del “potencial desperdiciado” de los ingresos. “Hay un montón de dinero sin gastar”, dijo. Nieto destacó que hay un 13,5% más de ingresos previstos que en el presente ejercicio -27.619 millones de euros-, “el 66% son ingresos no financieros”.
García, portavoz de Adelante, se quejó de las continuas referencias de la consejera a la política nacional: “Usted me responde con Sánchez, con Puigdemont -un señor al que ni siquiera conozco-, incluso con Susana Díaz y Diego Valderas... contésteme a mí cuando le pregunto sobre su Presupuesto”. El diputado andalucista insistió a la Junta para que presente su propia ley de financiación para que se envíe y debata en el Congreso.
Vox es el único grupo de la oposición que no ha presentado una enmienda a la totalidad al Presupuesto, al contrario de lo que hizo en la pasada legislatura, cuando sus votos eran fundamentales para la estabilidad del Gobierno de Moreno. Su portavoz, Manuel Gavira, ha coincidido en algunas de sus críticas con las izquierdas: “Exigen al Estado más recursos pero no tienen capacidad para gastar esos miles de millones”, ha dicho.
El grupo de extrema derecha también ha articulado un discurso en el que se cruzaban críticas a las cuentas de Moreno con embestidas a Sánchez y el pacto con los independentistas catalanes. Las coincidencias en materia económica y fiscal entre PP y Vox han bastado para que los de Santiago Abascal rechacen también las enmiendas de los grupos progresistas. Gavira sí ha pedido a la consejera de Hacienda que no se plantee recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio, suprimido al inicio de la legislatura, después de que el Tribunal Constitucional haya avalado el impuesto del Gobierno central a las grandes fortunas.
Andalucía ha recurrido esa tasa por invasión de competencias, como hizo Madrid, pero la primera sentencia en contra deja pocas esperanzas a los de Moreno, que no descartan volver a implementar una tasa similar para que la recaudación regrese a las arcas andaluzas, en vez de contribuir al erario estatal.
El proyecto de ley de Presupuestos continúa su tramitación parlamentaria. El texto será ahora remitido y debatido en la Comisión de Hacienda y regresará al Pleno de la Cámara los días 20 y 21 de diciembre para su aprobación final. Moreno ha anunciado ya que apoyarán enmiendas parciales de los grupos de la oposición -como ya hicieron el año pasado- para demostrar que no gobiernan “a golpe de rodillo”.
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