Las subastas de fármacos ya firmadas impedirán al nuevo Gobierno andaluz suprimirlas antes de dos años

La Junta de Andalucía se convirtió en diciembre de 2011 en la primera administración autonómica en establecer la adjudicación del suministro de medicamentos de uso extra hospitalario por convocatoria pública y se han convocado en 14 ocasiones desde entonces. El número de laboratorios adjudicatarios es de 36, de los que 18 son españoles y, de éstos, siete son fabricantes.

Ahora, el acuerdo a tres para investir a Juan Manuel Moreno nuevo presidente andaluz incluye como medida común “revertir” ese sistema, conocido como subasta de medicamentos. Según los populares, “pone en riesgo la salud de los pacientes y usuarios”. Para el PSOE andaluz, supone un gran ahorro económico para la sanidad pública. En concreto, 568 millones de euros entre 2012 y 2017 que se sumaron a la Hacienda Pública, según la última información aportada por la aún consejera de Salud en funciones, Marina Álvarez. En 2018, se estima unos ingresos de 177 millones de euros.

La selección pública de medicamentos ha sido un caballo de batalla contra los Gobiernos socialistas para PP y Cs. Y la intención de cambiarlo ha quedado recogida en el acuerdo entre PP y Cs en el punto 59 su propósito de “revertir el actual modelo de subasta de medicamentos en Andalucía” sin detallar más. Por su parte, el acuerdo entre PP y Vox alude a “revertir el actual modelo de subastas de medicamentos, incorporando Andalucía al sistema de compra centralizada puesto a disposición de las comunidades por el Gobierno central”.

Sin embargo, la propuesta de retirar la subasta de fármacos “de forma inminente”,  recogida en los dos acuerdos firmados entre PP y su socio de Gobierno (Ciudadanos) y de investidura (Vox), tendrá que esperar al menos dos años para ejecutarse de facto. Los últimos acuerdos firmados que el SAS ha cerrado con los laboratorios suponen dos años de exclusividad en la dispensación de ese tipo de medicamentos en toda Andalucía cuando sea recetado por el sistema sanitario público. Por tanto, el nuevo Gobierno autonómico podrá no convocar más concursos, pero tendrá que esperar dos años para implantar un nuevo modelo. Eliminar las subastas vigentes incurriría en una ilegalidad que supondría una penalización millonaria por lucro cesante para las compañías farmacéuticas.

Ya que no se puede negociar a la baja pues los medicamentos tienen precio fijado por el Ministerio de Sanidad (sistema de precios de referencia), los laboratorios han pagado al SAS periódicamente a cambio de esa “exclusiva”. Ese dinero se ingresa en la Consejería de Hacienda y ese es el ahorro que aportan las subastas.

El PSOE, impulsor de la medida, defiende que es un sistema de dispensación avalado por la Organización Médica Colegial para su utilización a nivel nacional y que respalda el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado en tres ocasiones a favor de las subastas andaluzas.  Y que recientemente, ha recibido también el apoyo de la Comisión Europea.

“La prescripción por principio activo, que es la forma científica y correcta de prescribir recomendada por la Organización Mundial de la Salud, se implantó en Andalucía, con carácter voluntario, a partir de 2001 y, con posterioridad, fue incorporada a la normativa nacional. El sistema de selección de medicamentos que realiza el SAS se basa en esta prescripción por principio activo, que en Andalucía supone el 93% de las recetas oficiales que cumplimentan los profesionales, lo cual es relevante a la hora de entender y valorar la medida”, explican fuentes de la Consejería de Salud.

Desde el PP se ha criticado esta medida por “poner en riesgo la salud de los pacientes y usuarios” y “limitar el acceso de los andaluces a numerosos medicamentos”. Extremo que niegan en el Gobierno saliente ya que  “los facultativos andaluces, al igual que los del resto de España, pueden prescribir ”por marca comercial“, en los casos previsto por la normativa nacional, cuando lo consideren necesario para la mejor asistencia de sus pacientes”.

Otra de las razones que esgrimen las fuerzas políticas que conforman el nuevo Gobierno es que “profesionales y pacientes han advertido de que muchos de estos medicamentos, algunos de ellos elaborados en laboratorios de países tan lejanos como Vietnam o India, no tienen la eficacia que deberían de tener”. La Consejería de Salud ha defendido todos estos años que los medicamentos que se comercializan en España están “siempre avalados por la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento”.

Compra centralizada 

Según ha explicado a este medio José Martínez Olmos, senador y portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Senado, además de promotor en etapas anteriores de un sistema de compra centralizada nacional, éste ya existe y está restringido a la compra de vacunas cuya patente ya ha extinguido. “Nosotros pusimos en marcha con el Real Decreto-ley 9/2011 y el 8/2010 en aquel momento, por la situación de crisis, para hacer compra centralizadas en aquellos productos sin patente en los que las CCAA consiguieran asociarse para que el tamaño de la compra abaratara el precio. Esto siempre se ha referido exclusivamente a las vacunas. No entran todas las CCAA, solo las que quieran voluntariamente participar. A veces Andalucía se suma y otras no”.

Generalmente son las CCAA con menor población las más interesadas en participar de este modelo para conseguir un mejor precio. Según Martínez Olmos, “la propuesta de realizar compra centralizada de medicamentos genéricos ahora mismo es una opción que no existe. Podría realizarse, pero ahora mismo no la hay. Decirlo es hacer un canto al sol”. En su opinión, “la subasta es un concurso público como los que se han hecho de toda la vida en España desde tiempos del Insalud y es el que siempre han utilizado los hospitales. La subasta lo que ha hecho es aplicarlo al ámbito autonómico”.

El ejemplo de la hepatitis C tampoco sirve. Las subastas son con genéricos. En un medicamento que tiene patente no hay competencia con lo que es imposible hacer un concurso tal y como están planteada. De ahí que el acuerdo nacional para comprar los tratamientos de la hepatitis C fuera más una cuestión de disponibilidad de fondos a gran escala que de sinergias entre Comunidades Autónomas.

La farmacia, optimista con la retirada

Si no hay subastas, son las compañías farmacéuticas o las distribuidoras las que negocian directamente con las oficinas de farmacia. Y es ahí donde residen los márgenes de beneficio de ahorro. Por ello, las oficinas de farmacia criticaron la medida desde el principio y defienden que han sido ellos los que han sostenido sobre sus cuentas ese ahorro para el sistema. Así, Manuel Pérez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, explica que “las subastas han supuesto una discriminación para los farmacéuticos y los pacientes. Han supuesto una pérdida importante para los farmacéuticos de a pie. La merma económica que ha sufrido la farmacia es muy superior al ahorro que haya podido lograr la Junta de Andalucía”. Asimismo, critica que ese ahorro ni siquiera ha revertido en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, sino que ha ido a parar a la Consejería de Hacienda sin especificar el destino de ese montante.

La Consejería de Salud asegura que este sistema “no modifica, en absoluto, el precio de venta del laboratorio que tenga establecido el Estado, y se mantienen los márgenes establecidos por la normativa estatal vigente para la distribución y dispensación y, por tanto, se mantiene el precio de venta al público (IVA incluido). No se alteran, por tanto, los márgenes de beneficio para las oficinas de farmacia por la normativa nacional ni las aportaciones que los beneficiarios, en su caso, hubieren de realizar”.

Respecto a los desabastecimientos, Pérez subraya que sí se han producido pero que ha sido la “agilidad y capacidad de gestión de las farmacias” lo que han salvado la situación: “tenemos un compromiso ético que nos ha llevado a contar con el medicamento alternativo que hacía falta en cada momento; incluso con el riesgo de que no nos fuera abonado si no podíamos justificar que el cambio respondía a causas objetivas”. “Nos ha supuesto un desgaste importante justificar ante la administración que esos medicamentos faltaban. Estamos deseando que se retire el sistema cuando antes”, añade.     

María del Carmen Sáez, farmacéutica que presta servicios de asesoría en gestión a boticas de toda España, respalda desde fuera de Andalucía esa percepción. “Concentrar la oferta aumenta la posibilidad de desabastecimiento. Cuando se fuerzan los cambios de presentaciones también afecta a los pacientes y a la adherencia terapéutica. La farmacia andaluza ha mermado sus beneficios, ha sido generosa con los pacientes y ha sobrevivido por su gestión eficiente”. Según la experta, “la farmacia rural, al ser la más débil del entorno, puede haber sido la más perjudicada por esa pérdida de facturación”. De hecho, la Consejería de Salud lanzó un compromiso de crear un fondo de compensación para las boticas rurales que se nutriese del ahorro producido por las subastas que nunca llegó a materializarse. 

Aun así, la cuestión del desabastecimiento no es solo imputable a las subastas, ya que carencias de este tipo se producen también en otros puntos de España y a veces responde a problemas de fabricación o de la cadena de suministro; o a circunstancias inesperadas, como los problemas que parecen surgir ahora con algunos medicamentos producidos en el Reino Unido a causa del ‘Brexit’.