El Gobierno andaluz ha anunciado ya la suspensión de la contratación de emergencia con clínicas privadas para el próximo 30 de junio, después de prorrogar y ampliar el gasto durante dos años acogiéndose a un Real Decreto ley derogado en mayo de 2021. Sin embargo, hasta entonces, el Sistema Andaluz de Salud (SAS) prevé incrementar esos contratos a dedo con clínicas privadas para seguir derivando pruebas diagnósticas y operaciones pendientes de realizar en la sanidad pública, en virtud del Acuerdo de Emergencia aprobado en enero de 2021, dentro del marco legal de lucha contra la pandemia.
Hasta el momento, el SAS ha prorrogado cuatro veces ese Acuerdo de Emergencia, ampliando un presupuesto original de 70 millones de euros hasta los 242,7 millones. Las dos últimas resoluciones de prórrogas se autorizaron a finales de 2022, con un sobregasto de 16 millones, para derivar pruebas oncológicas a clínicas privadas hasta el 30 de junio de 2023.
Tras la publicación de esta noticia por parte de eldiario.es/andalucia, la Junta se apresuró a anunciar la supresión de los contratos a dedo una vez finalice esta última prórroga, para volver al sistema de contratación ordinaria previo a la pandemia (con publicidad y concurrencia competitiva).
Pero desde el SAS advierten de que el atasco en las listas de espera, tanto en pruebas diagnósticas como en intervenciones quirúrgicas pendientes, exige “necesariamente” seguir exprimiendo el Acuerdo de Emergencia para “descargar la red sanitaria pública” hasta el 30 de junio. “Hasta entonces, estamos cubiertos por el marco legal de emergencia”, aseguran fuentes de la consejería.
La consejera de Salud, Catalina García, ha recordado esta semana que “la alerta sanitaria declarada por la OMS en 2020 sigue existiendo” y ha defendido las prórrogas hasta la actualidad de los contratos a dedo con la sanidad privada, que la oposición de izquierdas califica “en fraude de ley”.
García también ha confirmado que “todas las pruebas diagnósticas” se seguirán derivando a estas clínicas privadas durante los próximos tres meses -hasta el 30 de junio-, y las intervenciones quirúrgicas dependerán de los retrasos que sufran los pacientes en lista de espera, en función de los decretos de garantía de la Junta para ser atendidos en el plazo legal establecido. La prioridad del SAS es apurar sus recursos públicos y el “autoconcierto”, pero no renunciarán a los contratos de emergencia hasta que expire del todo la última prórroga.
Esto significa que, previsiblemente, el sobregasto de este tipo de contratos superará el presupuesto actual, que roza ya los 243 millones de euros, aunque desde la Consejería de Salud no han cuantificado el precio de las derivaciones que se sumen de aquí a junio. “Todo lo que sea oncológico tendrá que salir, mientras no tengamos los conciertos ordinarios. También cuando se haga evaluación de las listas de espera, y si tenemos reclamación de los andaluces, que también lo pueden hacer con el decreto de garantías, veremos y evaluaremos cómo lo haremos”, ha explicado García esta semana.
La ampliación y vigencia de los contratos a dedo del Gobierno de Juan Manuel Moreno con la sanidad privada amparándose en un marco legal estatal derogado ha sacudido la escena política andaluza, asentada en la placidez de la mayoría absoluta del PP. La oposición de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- han exigido responsabilidades políticas a la Consejería de Salud, con una batería de medidas y preguntas en el Parlamento. También señalan, a medio plazo, la vía jurídica, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas por supuestas irregularidades en la contratación sin publicidad ni concurrencia competitiva.
De los casi 243 millones de euros en adjudicaciones a dedo con clínicas privadas, en torno a 173 millones engloban el sobregasto autorizado en las cuatro prórrogas del Acuerdo de Emergencia, de enero de 2021 a junio de 2023, y más de un centenar de adendas de ampliación de los 79 contratos originales. El SAS detrajo ese dinero de su propio presupuesto, consignado en partidas para salud pública, incluidos 55,1 millones de euros en transferencias de crédito aprobadas en Consejo de Gobierno entre noviembre y diciembre de 2022.
El procedimiento legal que sostiene estos contratos alude al artículo 16 del Real Decreto ley 7/2020, mencionado en las resoluciones de prórroga del SAS, y que estaba derogado desde el 9 de mayo de 2021.
Desde el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, han defendido que “todo se ha hecho conforme a la ley, con todos los controles de fiscalización e informes preceptivos”, e insisten en que las condiciones genéricas de la pandemia y la Ley de Contratos Públicos para situaciones de emergencia avalaban la perpetuación de este procedimiento hasta la actualidad. La última prórroga y ampliación de gasto de los contratos a dedo se firmó hace menos de tres meses -el 31 de diciembre de 2022- con vigencia hasta el 30 de junio.
El SAS también solicitó dos informes ad hoc a su gabinete jurídico para “avalar” las ampliaciones de gasto y las prórrogas. La consejera de Salud, apelando a dichos de informes, ha insistido esta semana en que el sistema andaluz de salud arrastra hoy las consecuencias de la pandemia. Los contratos de emergencia han servido para derivar 1,5 millones de pruebas diagnósticas atascadas a clínicas privadas y más de 100.000 pacientes en espera de una operación quirúrgica.
El decreto de garantías de plazos permite a cualquier andaluz acudir a un hospital privado para ser operado si la Junta incumple los plazos máximos de ese decreto, con cargo al erario público. Ese decreto fue inhabilitado temporalmente -durante cuatro meses- entre junio y octubre de 2020, cuando el SAS estaba volcado en la contención de la Covid-19. Al restaurar la norma, la sanidad pública recibió una “avalancha” de pacientes pendientes de atender que hizo estallar las costuras del SAS, aseguran desde Salud.
“Parece que se nos olvida que durante estos dos últimos años, Andalucía, España y el mundo ha sufrido una pandemia, y a día de hoy seguimos sufriendo las consecuencias de esa crisis sanitaria”, asegura la consejera. Durante la pandemia, los profesionales sanitarios que estaban en las plataformas provinciales “tuvieron que apañársela como pudieron”, advierte García, que recuerda que se dio prioridad a la contratación de material sanitario y obras de emergencia para adaptación de las instalaciones a la Covid.
“Eso supuso el retraso en la contratación, no sólo de conciertos ordinarios, sino de muchas otras cosas: transporte sanitario, terapia respiratoria, diálisis que estuvieron en prórroga forzosa, y poco a poco las plataformas han ido solucionando con los recursos que tenían”, explica la titular de Salud. En este contexto, García defiende seguir estirando el gasto en contrataciones de emergencia hasta junio para desatascar las listas de espera, aunque sin aclarar el nuevo presupuesto ni en qué especialidades.
“Va a depender de las necesidades de los andaluces. Lo que hemos hecho, de acuerdo con nuestra obligación, es dar una solución a las pruebas diagnósticas y a las intervenciones quirúrgicas que teníamos en espera, y lo hemos hecho de dos formas: con el sistema sanitario público andaluz, por las mañanas y por las tardes, y también con este concierto CAS, que nos permitió ir reduciendo los procedimientos que tenían un decreto de garantías. Y a la vez se ha ido trabajando en ese nuevo marco [de contratación ordinaria]. No hemos parado y en todas las contrataciones que se nos han quedado atrás por los años de pandemia”, concluye la consejera.
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