El Gobierno de España da 15 días a la Junta de Andalucía para recortar casi 600 millones de euros
La Junta de Andalucía ha recibido este miércoles -igual que otras 11 comunidades autónomas- un escrito del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas donde le obliga, en su caso, a recortar casi 600 millones de euros de sus cuentas para 2016, toda vez que en 2015 se desvío casi medio punto del objetivo de déficit: cerró con un 1,13% cuando el tope era del 0,7% sobre el PIB (producto interior bruto). En concreto, en un máximo de 15 deberá aprobar en Consejo de Gobierno un “acuerdo de no disponibilidad de crédito” por esta cantidad en 2016, según han confirmado fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que califican de “recortes” esta orden, pese a que “el Gobierno de España diga que no son tales”.
“Lo que ha pasado es muy grave y lo tendrá que explicar el ministro Cristóbal Montoro”, ha censurado este jueves en el pleno del Parlamento de Andalucía la presidenta de la comunidad autónoma, Susana Díaz, quien ha reiterado que no va a hacer recortes. “Si hay un ultimátum de la Unión Europea, que se sepa, y que no nos enteremos dentro de tres meses porque está en campaña”, ha continuado, insinuando que se está reclamando que el Gobierno de España haga modificaciones en su política fiscal y por eso quiere cargar la responsabilidad del déficit en las autonomías. “No vamos a permitir que nadie venga a este gobierno a pedirnos que recortemos en colegios, hospitales o dependencia”, ha reiterado Susana Díaz. “Lo que se está haciendo es intimidar a las comunidades autónomas”, ha concluido.
También en el pleno, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha manifestado que retirar esa partida del gasto supondría el 25% de la paga extra de 2012 devuelta a los empleados públicos en febrero “habría que retenerla en las nóminas correspondientes”, y que éstos no podrían ver incrementado un 1% sus retribuciones “ni la recuperación en el salario y jornada laboral de los sanitarios”. Pese a la comparación, ha dicho: “Andalucía no va a recortar en sanidad, dependencia, educación ni en el salario de los empleados públicos. (...) Eso lo garantizo”.
Cabe recordar que la pasada semana el ministerio dirigido por Cristóbal Montoro publicó los datos oficiales del déficit de las administraciones, donde la previsión que tenía la Junta de Andalucía de rozar el cumplimiento -había calculado semanas previas que cerró 2015 con un 0,81%- fue tumbada por el Gobierno de España, que determinó que esta comunidad autónoma había terminado el ejercicio con un déficit del 1,13%. Varapalo que pese a todo, la colocaba como la más cumplidora de todas las que se desviaron y como la cuarta con mejor dato, toda vez que sólo tres llegaron a ese objetivo (Canarias, Galicia y País Vasco).
En su carta, el ministerio precisa que la Junta de Andalucía debe cumplir con la regla de gasto. Matiza que eso no significa “necesariamente” una reducción del gasto en relación con lo ejecutado en el ejercicio pasado. El acuerdo que adopte el Consejo de Gobierno “se evaluará convenientemente para determinar si cumple” con lo previsto en la ley para la estabilidad presupuestaria.
Por qué se ha incumplido
Las razones para esta diferencia entre lo que calculó la Junta de Andalucía y lo que ha determinado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas están en cuatro conceptos que han sido computados como deuda en las cuentas del pasado ejercicio y que el Gobierno de Susana Díaz no tenía previsto. Por un lado, el hecho de que se hayan contabilizado los en torno a 200 millones de euros que la Junta de Andalucía gastó en tratamientos para hepatitis C, pese a que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, les prometió a las autonomías que no se haría.
En segundo lugar, por otros casi 130 millones de euros que salen de la mitad de los 265 millones de euros que la Junta de Andalucía debe devolver de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013, dado que la liquidación salió a favor del Gobierno de la Nación. Es decir, se entiende que la Junta de Andalucía recibió 265 millones de euros más de los que le correspondían en ese ejercicio y debe devolverlos a la Administración General del Estado. El compromiso, según insisten en la Junta de Andalucía, era que se hiciera a plazos y no incluirlo como deuda en la liquidación de 2015, para que no cerrara este último ejercicio con un mal dato en el déficit, pero se ha hecho.
Por otra parte, el desvío crece por otros 50 millones de euros que el Gobierno de España computa como deuda de las universidades públicas de Andalucía, sin que la Consejería de Hacienda y Administración Pública haya sabido explicar cómo se ha producido este cálculo, que en principio tampoco comparte.
Finalmente, hay que sumar otros 100 millones de euros por diversos conceptos, que desde la Junta de Andalucía han remarcado que tampoco comparten y que no les han “explicado de dónde salen”. De hecho, en los próximos días continuarán las negociaciones entre las dos administraciones para estudiar a fondo las previsiones de cada parte y ver si se cambia el cálculo.
