El Gobierno y la Junta de Andalucía acuerdan cerrar los regadíos ilegales de Doñana

El Gobierno y la Junta de Andalucía han acordado que se cerrarán los regadíos ilegales en el entorno de Doñana, pero no se comprarán las fincas irregulares. La idea es transformar estos suelos en forestales, para lo que podrán recibir hasta 70.000 euros por hectárea, a razón de 7.000 euros anuales durante una década. También podrán (aunque el incentivo económico será bastante menor) convertirse en cultivos de secano o en explotaciones de agricultura ecológica, según recoge el Marco de Actuaciones para el desarrollo sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana, presentado este lunes. En paralelo, decae la proposición de ley del PP andaluz que quería amnistiar las fincas de regadío ilegal en la corona del parque nacional.

A estos incentivos podrán acogerse los agricultores de los 14 municipios del entorno de Doñana, incluso los que tengan procesos abiertos por riego ilegal, aunque se mantienen todos los expedientes sancionadores y tampoco se anularán las multas. Por lo que respecta a los regantes de la Corona Norte, que eran los que se iban a beneficiar de la ley, recibirán una ayuda complementaria de 30.000 euros por hectárea que aportan entre la Junta de Andalucía (20.000 euros) y la Diputación de Huelva (10.000), con lo que podrán cobrar hasta 100.000 euros por hectárea que podrán pedir que se les abone en cinco años (a razón de 20.000 euros anuales) a cambio de dejar de trabajar sus tierras y renaturalizarlas o reforestarlas. Estos regantes, por cierto, refrendaron el domingo en asamblea su respaldo a estas propuestas.

Este paquete de medidas –para las que se destinan 350 millones de euros adicionales a los 356 del plan de noviembre de 2022– llegan tras el intento del Gobierno andaluz de José Manuel Moreno (PP) de amnistiar de facto cientos de hectáreas de regadío sin licencia en la corona que rodea el parque nacional. La oposición del Ministerio de Transición Ecológica, la Comisión Europea y la Unesco desembocó en que la Junta congelase su proyecto y admitiera elaborar un plan con el Gobierno central, que es lo que han presentado este lunes la vicepresidenta tercera Teresa Ribera y el presidente andaluz en Almonte (Huelva).

La premisa del documento es que no se comprarán fincas que han estado funcionando como regadíos sin permisos durante años. Explotaciones que chupaban el agua cada vez más escasa que nutre Doñana. En su lugar, el marco prevé conceder ayudas económicas a propietarios (incluidos los que han pirateado el agua) para que transformen sus hectáreas en terreno natural –abandonando la explotación– o en fórmulas permitidas de secano o de agricultura ecológica. La fórmula es la siguiente:

La cuestión, a la vista de las medidas dedicadas a la agricultura, es dar una salida a esas fincas para que dejen de utilizar el volumen de agua (que extraen del acuífero) exigido por cultivos de regadío (que no tienen derecho a utilizar) y que tampoco impliquen la concesión de derechos de agua aunque vengan mediante un trasvase desde otros lugares. La vicepresidenta tercera Teresa Ribera ha insistido en que “no hay amnistía para el regadío ilegal. Hay amnistía para Doñana”.

Además, incluye el documento, “se busca incrementar el prestigio de los productos provenientes de Doñana”. Esto surge debido a que diversas cadenas de distribución han comenzado a poner trabas a la hora de adquirir fresas, frambuesas o arándanos de Doñana si no podían garantiza su origen legal y sostenible.

El Marco hace una referencia directa al problema del expolio del agua que provocó una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia contra España por no cuidar correctamente de los ecosistemas de Doñana. Incluye que se realice “la adopción de todas las medidas necesarias para que concluya el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea por incumplimiento de la sentencia de 2021”.

De la misma manera, se dice que hay que tomar en consideración las “recomendaciones” de la Convención Ramsar que declaró a Doñana humedal de importancia internacional y que apuntó en 1990 al parque en la lista de Montreux por sufrir cambios relevantes en sus ecosistemas. También especifica que se deben atender las “resoluciones” de la Unesco de septiembre de este año “para proteger el humedal”. El organismo expresó su preocupación por el plan de amnistía de regadíos.

Otras actividades

Aunque la agricultura es la pieza clave –se le destinan 116 millones, un 33% del plan–, el marco que han presentado Ribera y Moreno después de dar un paseo por Doñana abarca otras actividades. Por ejemplo, se admite que el uso ganadero está suponiendo un impacto por el volumen de cabezas de yeguas y vacas que acceden al entorno. “Debe hacerse un control de lo que entra y sale del espacio natural para evitar superar la capacidad de carga en épocas concretas y regular el acceso a zonas sensibles”. Traducido: el pisoteo y ramoneo de una gran cantidad de animales están deteriorando los ecosistemas naturales. Se propone, aunque de manera algo inconcreta, “la digitalización para el seguimiento de las cabezas de ganado”.

Otro buen pellizco económico (70 millones de euros) se afirma que irá a los ayuntamientos. Se cuentan 14 municipios en el área de influencia de Doñana, a saber: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado (Huelva); Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa (Sevilla). Las ayudas deberían ir a “rehabilitación de infraestructuras y bienes de titularidad pública” que pueden variar desde centros sanitarios a vivienda social, renaturalización de espacios, mejoras viarias o movilidad sostenible. Son fondos para trabajos en los propios municipios.

El espíritu de este acuerdo es transmitir el mensaje de que Doñana tiene margen para que haya actividades económicas, desde la agricultura al turismo y se conserve el espacio natural como es obligatorio. Entre las propuestas destacan también las dirigidas a los temporeros agrícolas extranjeros, la mayoría de los cuales malviven en campamentos de chabolas. El objetivo aquí es facilitar su acceso a una vivienda digna e incentivar su regularización.

Con este pacto entre el Gobierno central y la Junta andaluza parece cerrarse el periplo iniciado en 2022 con una propuesta parlamentaria compartida por el PP, Ciudadanos y Vox en la comunidad autónoma. Ese proyecto de norma podía amnistiar unas 1.400 hectáreas de regadíos sin licencia. Una vez presentada, Moreno decidió adelantar las elecciones por lo que decayó, pero no se olvidó.

Al comienzo de 2023, ya con mayoría absoluta del PP en la Cámara andaluza, regresó el proyecto para regularizar como agrícolas los suelos forestales que han estado siendo utilizados como fincas de regadío a base de pinchar el acuífero de Doñana ilegalmente. La propuesta contó con el rechazo desde el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes a la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, pasando por la Unión Europea, la Unesco, la comunidad científica y las organizaciones ecologistas. El Gobierno central decidió que recurriría al Tribunal Constitucional la norma una vez salida del Parlamento regional.

Pasadas las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, que le fueron muy bien al PP en Huelva en general y en El Condado en particular, finalmente la proposición de ley se paralizó a escasas horas de su aprobación parlamentaria definitiva al iniciarse una negociación con Transición Ecológica que se ha prolongado durante casi dos meses. Este lunes se ha escenificado la fumata blanca.