El Gobierno central y la Junta de Andalucía han sellado un armisticio in extremis después de 21 meses de confrontación en torno a la ley para ampliar cultivos de regadío en la corona norte de Doñana. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno estaba dispuesto a llevarla al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva la semana que viene, pese a las advertencias en contra de la Comisión Europea, la Unesco, el Gobierno central y la comunidad científica. El Ministerio de Transición Ecológica, que dirige la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, iba a recurrirla de inmediato ante el Tribunal Constitucional.
Moreno y Ribera han comparecido este martes después de hora y media de reunión en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, flanqueados por las banderas de España y de Andalucía para anunciar un principio de acuerdo que supone la retirada inmediata de la ley de la fase final de tramitación parlamentaria, a cambio de una inversión extraordinaria del Gobierno de 350 millones de euros, que se destinarán a “planes de desarrollo económico y social” para el condado de Huelva.
El Ministerio de Transición Ecológica ya comprometió hace un año la misma cifra -356 millones de euros- en un plan de actuación medioambiental para Doñana, del que ya se ha ejecutado un tercio, según el departamento de Ribera. El preacuerdo con la Junta supone duplicar esa cifra para inversiones sociolaborales que compensen a los agricultores que esperaban con entusiasmo la aprobación inminente de la ley.
La letra pequeña de esos proyectos socioeconómicos está aún por definir, aunque la ministra ha aclarado que serán alternativas “basadas en cosas que no suponga más agua”. Esta misma semana se constituirá un grupo de trabajo bilateral Gobierno-Junta para estudiar fórmulas que combinen la preservación del Parque Natural con el desarrollo económico de la zona, y el interés de los agricultores dueños de las parcelas que iban a ser regularizadas para regadío. “La tramitación de la ley se pospone” un mes, ha confirmado el presidente andaluz, señalando el plazo que ambas administraciones se han dado para que cristalice el acuerdo.
Deshielo tras 21 meses
Esta especie de cumbre bilateral entre el Gobierno de España en funciones y la Junta de Andalucía -entre la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y la negociación para la investidura de Pedro Sánchez- culmina semanas de trabajo intenso y en secreto entre ambo gobiernos. Fue Ribera quien contactó con Moreno el mes pasado para reconducir el diálogo que termina con un acuerdo “sin vencedores ni vencidos” que ambas partes califican como “un enorme éxito”. “Abrimos una etapa nueva de colaboración entre ambas administraciones”, han repetido varias veces ambos dirigentes, poniendo el contador a cero después de casi dos años de desencuentros y críticas cruzadas, llegando incluso al insulto personal [Ribera llamó “señorito” al presidente andaluz].
Ha sido Moreno quien ha anunciado que la Mesa del Parlamento, con mayoría del PP, no incluirá la proposición de ley en el Pleno de la próxima semana, cuando estaba prevista su aprobación definitiva con los votos de PP y Vox y el rechazo de toda la izquierda. El presidente de la Junta cede a la petición de máximos del Ministerio de Transición Ecológica, a cambio de poner en marcha en cuatro semanas un grupo de trabajo “al más alto nivel” de ambos gobiernos, comandado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y su homólogo en la Junta, el consejero Ramón Fernández Pacheco.
La contrapartida son esos 350 millones extra para el condado de Huelva. Sobre las alternativas que se barajan no se ha ofrecido ningún dato, aunque la vicepresidenta tercera sí ha querido descartar de plano que estén barajando expropiar o comprar las parcelas de los agricultores que iban a beneficiarse de la recalificación de tierras de secano en cultivos de regadío planteada en la ley. Esta solución, ha avisado, sólo abriría la puerta a la “especulación”, beneficiaría “a unos pocos” y no supondría “una mejora a futuro para los jornaleros”
La Junta, hasta ayer, siempre había defendido que era posible ampliar riegos en esa zona de la corona norte, si el Gobierno central culminaba las infraestructuras hidráulicas pendientes para llevar hasta allí agua en superficie [túnel de Sal Silvestre, la presa de Alcolea..]. Así, argumentaban, quedaba exento de peligro el ya sobreexplotado acuífero de Doñana, expoliado por muchos agricultores, algunos de los cuales iban a regularizar su situación con la ley. Ese camino sí se ha cerrado con el acuerdo de hoy: “Agradezco la predisposición de trabajar en alternativas que no supongan confiar en más disponibilidad de recursos hídricos”, ha zanjado Ribera.
La comisión bilateral Gobierno-Junta para explorar alternativas a la ley de regadíos se reunirá la semana que viene con todos los actores implicados -agricultores, ganaderos, ecologistas, alcaldes de los municipios afectados- con el compromiso de tener una propuesta en firme “en el plazo de un mes”.
Fuentes próximas a Moreno explican que la Junta no había confirmado esta mañana la reunión con la ministra -pese a que el Ministerio lo incluyó en su agenda la noche antes- porque se le pidió “hablase antes con los agricultores afectados” para anunciarles el plan b. Tras una llamada a estos del secretario de Estado, el Ejecutivo andaluz confirmó oficialmente el encuentro de Ribera con Moreno.
Los dos dirigentes se han esforzado en transmitir una imagen de reconciliación, de coordinación institucional entre administraciones, tras meses amenazándose mutuamente. Moreno se ha revuelto ante la lectura de que el Ministerio le ha obligado a rectificar tras un pulso dilatado de casi dos años, y ante la perspectiva de un recurso de inconstitucionalidad que tumbase la ley. “No necesitamos a los tribunales ni a la Comisión Europea ni a la Unesco que nos diga que dos administraciones deben ponerse de acuerdo para preservar Doñana”, había avisado Ribera.
El presidente andaluz ha insistido en que “no hay un cambio de postura como tal”. “No se retira la ley, se pospone”, ha remarcado. Luego ha tratado de aportar cierta pedagogía política para explicar su nueva posición: “Se puede discutir que la solución que nosotros hemos buscado a ese problema en Huelva sea mejor o peor, somos suficientemente humildes para saber que puede haber otros ángulos de visión. Pero en Huelva hay un problema para familias que están en un limbo y había que hacer un esfuerzo para que coincidiese la protección ambiental con el desarrollo económico y el respaldo social de la zona”, ha dicho.
Es la tesis que siempre defendió Moreno ante las críticas de Bruselas, de la Unesco y del Gobierno central: “No se puede preservar Doñana de espaldas a la gente que vive en su entorno. No pueden ver el Parque Nacional como algo limitante a su desarrollo económico”. La vicepresidenta tercera también ha abrazado hoy ese planteamiento, abandonando el binomio medioambiente contra progreso económico.
El otro grupo proponente de la ley, Vox, ha afeado al PP que se desmarque de la ley. “Moreno Bonilla sigue sin enterarse. Además de mostrar su alegría por conectar con el Gobierno de Pedro Sánchez, castiga a los agricultores posponiendo el debate de la ley para la regularización de las tierras del Condado de Huelva. Enésima metedura de pata del Gobierno del PP”, ha escrito en la red social X (antes Twitter) el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira.
Tras la comparecencia conjunta con la ministra, el presidente andaluz se ha marchado apresurado a Huelva, donde tenía ya programada su intervención en la entrega de premios Alas, que galardonaba a la principal empresa exportadora de fresas de la comarca.