Tras el pacto por Doñana, los gobiernos central y andaluz han acordado ahora –en este caso de palabra– una tregua para intentar acordar medidas para luchar contra la sequía con la vista puesta, sobre todo, en evitar unas restricciones anunciadas para el próximo verano en varias capitales. A esta entente se ha llegado tras una conversación mantenida este viernes entre la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE), y el presidente del Ejecutivo andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), de la que ha salido el compromiso de reunirse en cuestión de semanas y abordar la cuestión “sin descartar por el momento ninguna opción”.
Así han informado posteriormente ambas administraciones en sendos comunicados idénticos, en los que se subraya que ambos dirigentes “han mostrado su preocupación ante este problema y han coincidido en que es necesario avanzar juntos en la búsqueda de soluciones”. El acuerdo, y las palabras con las que se expresa, supone un cambio sustancial en un panorama presidido hasta ahora por fuertes discrepancias, con reproches mutuos y acusaciones cruzadas que vienen repitiéndose desde hace meses sobre la actuación de cada ejecutivo ante la sequía.
La afirmación, además, de que de partida no se descarta ninguna alternativa supone un balón de oxígeno para Moreno, que había visto cómo Ribera le tumbaba el jueves dos de sus medidas estrella para combatir la falta de agua: la petición a Bruselas de más fondos apelando al Fondo de Solidaridad y la solicitud a Portugal de un trasvase desde el embalse de Alqueva, uno de los más grandes de Europa y que acumula más recursos que todos los pantanos andaluces juntos.
El objetivo de este futuro encuentro es programar acciones para “garantizar la normalidad en verano”, estación para la cual el propio Moreno ya anunció la posibilidad de restricciones en el consumo para capitales como Córdoba, Málaga y Sevilla. Asimismo, se intentarán establecer unas bases para “avanzar en la colaboración, cooperación y coordinación para sacar adelante los proyectos pendientes”, con el compromiso explícito además de que el Ministerio de Hacienda estudiará la fórmula para solicitar ante la Unión Europea la activación del Fondo de Solidaridad.
Esta opción supone una considerable suavización de la postura expresada este jueves por la vicepresidenta, que llegó a tildar de “sorprendente” el intento de activar el Fondo de Solidaridad europeo ya que “está pensado para catástrofes que no están contempladas en ningún programa, como un terremoto”. Ribera no se negó a estudiar la propuesta, pero consideraba que la fórmula elegida no era la correcta, lo que desató una aluvión de críticas por parte de dirigentes del Gobierno andaluz.
Ambas administraciones coinciden ahora en que, de partida, no se cierra la puerta a nada, lo que en principio incluiría hasta la petición de un trasvase a Portugal, una medida más complicada porque –pese a la cantidad de agua que almacena el embalse de Alqueva– lo cierto es que el país vecino también empieza a sufrir la sequía y ya se están aplicando restricciones sobre todo al regadío. Los agricultores lusos, por cierto, han expresado su rechazo a esta opción al entender que el agua se utilizaría sobre todo para atender al exceso de cultivos que consideran que tiene Andalucía.
Independientemente de si esta vía es una posibilidad real, más allá de la petición formal que pueda hacerse, lo cierto es que la magnitud de la sequía ha llevado a Gobierno y Junta a enterrar el hacha de guerra y ensayar una paz de cara a una opinión pública que no entiende ni de competencias ni de enfrentamientos políticos con una cuestión vital. Con los agricultores en la calle reclamando medidas, y con el miedo a que la aplicación de restricciones en el consumo comprometa la temporada turística, ambas administraciones van a intentar caminar juntas para afrontar una crisis que, en palabras de Moreno en Bruselas, es una “catástrofe natural” que –asegura– se traduce en una factura que asciende al 2,1% del PIB andaluz.
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