El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, y la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han sellado este jueves el segundo gran acuerdo bilateral entre Junta y Gobierno central, dos administraciones de distinto signo político (PP-PSOE) cuyos partidos están habitualmente a la gresca.
El oasis de consenso, diálogo y lealtad institucional, no exento de trompicones a cuenta de Doñana, es lo más concreto que ha salido de esta comparecencia conjunta en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta. Una cumbre con más valor político y simbólico que real, porque se produce a pocos días del 28F -día de Andalucía- y refuerza la actitud pactista de ambas partes.
Sin embargo, la comparecencia de Ribera y Moreno adolece de concreción, de datos y de memoria económica. Es extensa en compromiso y circunloquios, pero ambos mandatarios han sido parcos a la hora de exponer a qué acuerdos concretos han llegado.
Sí hay cosas específicas: el Gobierno costeará las obras de la desaladora de Almanzora I, en el norte de Almería, para ampliar su capacidad en cinco hectómetros cúbicos. La provincia de Almería es la más afectada por la sequía de la comunidad, con los embalses por debajo del 9%.
Lo más llamativo del acuerdo es la fórmula más costosa por si la situación de sequía llega a su punto más crítico, esto es, el traslado de agua a Andalucía desde otras comunidades autónomas en grandes buques de hasta 100.000 metros cúbicos de capacidad. Sobre la mesa está el acuerdo previo que ha alcanzado Moreno con su homólogo en Murcia, el presidente Fernando López Miras, para traer agua de la planta desaladora de Escombreras, la más grande de España.
Ribera ha confirmado que están negociando con una “planta de desalación que no está a pleno rendimiento”, pero se ha negado a confirmar su ubicación porque “no es de titularidad del Estado”, como la de Sagunto (Valencia), con la que se prevé abastecer a Cataluña.
El Ministerio pagará el agua desalada, cuyo precio oscila entre los 60 y los 70 céntimos el metro cúbico, así como las obras técnicas para sacarla de la planta y meterla en los barcos. La Junta abonará el traslado en buques, con un coste de cinco millones de euros al mes, “20 millones para todo el verano”, ha precisado Moreno. Se necesitarían un barco al día. Con ese cronograma, el Gobierno central pagaría por el agua desalada en torno a 1,8 millones de euros al mes.
Con todo, fuentes del Ejecutivo andaluz advierten de que esta medida no será necesaria este año, porque las previsiones son mejores que hace un mes. No obstante, el trabajo de coordinación entre Gobierno y Junta allana ya el terreno para el futuro, por si la crisis hídrica hace necesario volver a recurrir a la solución de los barcos más adelante. La Junta ya ha acometido las obras de adaptación de los buques en los tres puertos que recibirían el agua: Algeciras, Málaga y Carboneras, en Almería.
Otro de los puntos que se ha tratado es la polémica presa de Alcolea, en Huelva, una obra inacabada del Gobierno central -está al 23%- que la Junta le reclama, pero que el Ministerio posterga porque contiene agua contaminada por minerales pesado.
El presidente Moreno ha admitido por primera vez que es necesario restaurar la zona antes de retomar las obras y ha recordado que su Gobierno ha encargado un informe de viabilidad al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex). Desde la Junta sostienen que hay otros embalses de España con el mismo problema de “pasivos minerales” que finalmente han podido acondicionarse para riego. Ribera no ha dicho públicamente una palabra sobre este asunto.
La presa de Alcolea es un proyecto que debe acometer el Ejecutivo central y que la administración andaluza considera vital para multiplicar los cultivos en la provincia, pero que está paralizado desde 2017 por las dudas científicas que genera la presencia de metales pesados en sus aguas como consecuencia de la ingente actividad minera que históricamente ha tenido la zona.
El último informe técnico encargado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) no despejaba dudas y conminaba a más análisis, unas conclusiones que, a pesar de conocerlas, no han frenado a la Junta para mantener esta reivindicación.