El Ministerio de Transición Ecológica ha sellado este lunes en Sevilla el acuerdo con los 14 municipios del área de influencia de Doñana para el reparto de los 70 millones de euros, contemplados en el Acuerdo Marco firmado en noviembre entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, y destinados a la reactivación socioeconómica de su entorno.
Pero la parte mollar de ese pacto entre administraciones está en las ayudas millonarias que el Ejecutivo central ofrecerá a los agricultores del entorno del Parque Nacional -legales o ilegales- para que abandonen sus cultivos de regadío. Las bases de la orden ministerial que regulará esa indemnización -hasta 100.000 euros por hectárea- saldrán a exposición pública a finales de junio, una vez hayan pasado las elecciones europeas, a las que concurre la vicepresidenta Teresa Ribera como cabeza de lista por el PSOE.
Ribera ha comparecido con los 14 alcaldes del entorno de Doñana -en las provincias Huelva, Cádiz y Sevilla- que se repartirán la primera partida económica que recoge el Acuerdo Marco. Ha sido un acto en el Patio de Banderas, al pie de la Giralda, con ecos de precampaña electoral. La ministra escenifica un pacto con fuerzas de distinto signo político -incluido el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno- que combina el compromiso medioambiental con el desarrollo socioeconómico de la comarca onubense.
Son, precisamente, esas dos realidades las que confrontan en el debate europeo, entre los gobiernos y partidos que suscriben la Agenda 2030 de compromiso con los retos del planeta y quienes ven en ella una amenaza para el sector agroalimentario. La firma de hoy es el final de un largo recorrido que empezó con la guerra entre administraciones que desató la proposición de ley andaluza para amnistiar regadíos ilegales en el entorno de Doñana, una iniciativa de PP y Vox -avalada por el Gobierno de Moreno-, contestada duramente por la Comisión Europea, que amenazó con ejecutar la sentencia del Tribunal Europeo contra España por no proteger el acuífero del Parque Nacional; criticada por la Unesco y por la comunidad científica.
Todo ese foco de atención internacional, que intensificó el pulso entre Gobierno y Junta con dos elecciones de por medio -autonómicas de 2022 y municipales de 2023-, ha terminado sirviendo de plataforma política a sus protagonistas: Ribera y Moreno. La primera, propulsada en su precampaña a las europeas, el segundo, compensado con el marchamo de líder comprometido con el pacto verde, después de que su propia iniciativa legislativa pusiera patas arriba el debate sobre el cultivo sostenible en la comarca onubense. “Esto es el principio de una aventura compleja que tendrá que seguir trabajándose a lo largo de los próximos meses, de los próximos años, pero es el recorrido que debemos impulsar. Es la mejor solución para todos, la única que garantiza el futuro del entorno, de las personas y de la comarca”, ha dicho Ribera.
Todos los alcaldes han rubricado el documento: los 12 que forman parte del consenso y los dos que están en contra -Almonte e Hinojos-, pero que se han adherido a regañadientes. La vicepresidenta también ha anunciado que la siguiente fase del plan, enfocada a los agricultores con invernaderos en el entorno de Doñana, iniciará su andadura tras los comicios europeos del 9 de junio.
La exposición pública de las bases reguladoras de las ayudas debe sortear un periodo de enmiendas y, una vez entre en vigor el texto definitivo, será la Junta de Andalucía la que presente su propia orden para complementar el dinero que ambas administraciones ofrecen a los agricultores para que dejen de cultivar. De los 350 millones de euros que el Ministerio de Transición Ecológica ha reservado para esta suerte de plan de reconversión en el entorno de Doñana, 116 millones están pensados para que los empresarios freseros con invernaderos en los 14 municipios del área de influencia del parque abandonen sus cultivos de regadíos a cambio de una compensación millonaria.
Es la piedra angular del pacto por Doñana y la que más expectación despierta porque los beneficiarios potenciales no distinguen entre quienes han sido agricultores legales -con permisos de riego en la zona- de aquellos que han esquilmado el acuífero del Parque Nacional para regar sus fresas. Para que dejen de hacerlo y contribuyan a “renaturalizar” esas parcelas, Gobierno y Junta ofrecen a cada empresario 100.000 euros por hectárea durante una década, un 70% lo aportará la Administración central; un 20% el Ejecutivo andaluz y el 10% restante la Diputación de Huelva (esta última administración sólo aportará dinero a los agricultores de los cinco municipios de la corona norte de Doñana).
Ribera ha explicado ante los medios que espera que muchos agricultores se acojan a esta fórmula, cuyos criterios aún se desconocen. Cuando se rubricó el Acuerdo Marco, el pasado noviembre, desde el Ministerio ya adelantaron que los empresarios de la fresa que tuvieran condenas penales de la Fiscalía por esquilmar el acuífero -así como los sancionados con multas administrativas de Medio Ambiente- no serían excluidos de las ayudas.
Podrán optar a ellas igual que los empresarios con papeles en regla o los que carecen de derechos de riego, pero han venido haciéndolo durante años. El pacto no les quita las sanciones ya impuestas ni suspende los procedimientos judiciales en curso, pero estos son compatibles con las futuras ayudas a los agricultores.
La vicepresidenta del Gobierno apura sus últimos días en el cargo, antes de embarcarse de pleno en la candidatura a las europeas, para ultimar los flecos del pacto por Doñana que pacificó la relación con el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno. El acuerdo entre Gobierno y Junta puso fin a casi dos años de enfrentamiento entre dos administraciones a raíz de la proposición de ley de PP y Vox para regularizar regadíos ilegales en la corona norte del Parque Nacional, que se encontraba ya en su fase final de tramitación en el Parlamento andaluz.
Este lunes, en el Patio de Banderas de Sevilla, al pie de la Giralda, Ribera se ha encontrado con los alcaldes de Almonte, Hinojos, Aznalcázar, Bollullos Par del Condado, Bonares, Isla Mayor, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Pilas, La Puebla del Río, Rociana, Sanlúcar de Barrameda y Villamanrique de la Condesa. Los municipios contarán con 70 millones de euros para impulsar sus programas socioeconómicos. El 50% del dinero destinado a cada uno se repartirá este 2024 y el resto en 2025 para que se puedan llevar a cabo los proyectos presentados por cada uno de ellos “con un horizonte de ejecución de 2027”.
Almonte e Hinojos no están de acuerdo con la distribución, pero se han incorporado al proceso de distribución de fondos, comprometiéndose a ejecutar los proyectos presentados. Los alcaldes de Almonte e Hinojos (Huelva), Francisco Bella y Joaquina del Valle, respectivamente, han lamentado y mostrado su descontento ya que “no hay ningún criterio” y se hace “asumiendo la propuesta de los alcaldes del PSOE, al que se han unido algunos del PP”, lo que han calificado de “acuerdo político”.
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