El Gobierno de Moreno se atasca y acumula ya tres años de retraso en su plan para reducir el sector público andaluz

El sector público de la Junta de Andalucía, contra el que hizo cruzada el PP en su primera legislatura de la mano de Ciudadanos, se le está atragantando en la segunda, pese a las puntuales fusiones de algunas entidades y a la factura que pagó en auditorías privadas para adelgazar lo que los populares en la oposición llamaban despectivamente “administración paralela”.

La previsión y optimización que, según el Gobierno de la Junta, iba a marcar la aprobación de un plan de reordenación del sector instrumental acumula ya tres años de retraso. Con esta dilación se incumple la disposición adicional trigésima de la Ley de Presupuestos para 2019, que daba de plazo 12 meses para hacerlo, o sea, hasta mediados de 2020, como reiteradamente ha venido avisando la Cámara de Cuentas.

Primero fue la pandemia el motivo que ralentizó todo, pero para los posteriores retrasos no se han dado razones oficiales. Vox, el partido que sostuvo al primer Gobierno de Juan Manuel Moreno y comparte con el PP la crítica a la “administración paralela” y los “chiringuitos” de la Junta, es el que más ha preguntado a la Junta por esta “asignatura pendiente”, pero sin obtener respuesta ni plazos ni concreción.

Desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública confirman ahora a este medio que el compromiso es aprobarlo en “este periodo de sesiones”. En estos momentos, según el departamento de José Antonio Nieto, se están “diseñando los instrumentos de comunicación y negociación con todos los grupos de interés”, ha explicado el consejero a preguntas de la oposición.

Modelo de agencialización

¿Qué tendrá ese plan? La idea es, según las mismas fuentes, avanzar en lo que se define como un “modelo de agencialización del sector público con estructuras más autónomas, responsables y orientadas al servicio, que convivan con el contrapeso de las centralizadas de control transversal y eficiente”. 

Entretanto, se emprenden cambios en dicha estructura, pero sin esa estrategia, y con otros incumplimientos de plazos. Basten dos ejemplos. La renombrada Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía (Trade), que se creó para aglutinar cuatro entidades, dejó fuera, en el último momento, la más voluminosa, Andalucía Emprende, sin que se diera una explicación muy coherente.

Otro: en el primer trimestre de 2023 se aprobaron los estatutos de la citada Trade y de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), creadas en 2021 y con el mandato de tener esta regulación en seis meses como máximo, y no en dos años.

El caso es que el anunciado plan de reordenación viene de esas auditorías a las que la Junta de Andalucía sometió su sector instrumental para diagnosticar su eficacia, eficiencia y economía. Los resultados de las mismas iban a ser tenidos en cuenta para la planificación de cara a una disminución generalizada de las entidades existentes y la adecuación de las que se mantengan o reestructuren.

El principal problema que se ha encontrado el Gobierno del PP es el frente laboral, dado que esos informes de las auditoras apostaban por eliminar entidades y reducir plantillas en las que en muchos casos hallaron duplicidades, cuando no sencillamente gente sin funciones ni tareas.

Se da la circunstancia de que este objetivo se ha emprendido a la vez que se tramita la Ley de Función Pública. Y en relación a esto ha sido muy crítico el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que ve en el proyecto de ley un “nuevo modelo más clientelar e instrumental”. De este modo, apuntan que si en la oposición el PP hablaba del personal de los entes instrumentales como “grasa y enchufados” lo que hace ahora es “potenciar los puestos a medida y primar el personal laboral sobre el funcionario” con la referida norma. 

Incumplimientos persistentes

Todo ello en un contexto en que la Cámara de Cuentas advierte en un reciente informe que ocho auditorías de fundaciones relativas al último ejercicio siguen estando firmadas por empresas privadas, cuando la ley establece que esta responsabilidad debe ser asumida por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

En el mismo informe, la Cámara de Cuentas aboga por la “extinción de los consorcios que se encuentran sin actividad y la modificación de los estatutos de los otros en los que la Junta de Andalucía tenga participación”.

Más problemas: “seis sociedades mercantiles incumplen el periodo medio de pago (PMP) previsto en el artículo 4 de la Ley 3/2004”. Y, además, cinco de esas incumplen también el artículo 262.1 de la Ley de Sociedades de Capital, al no incluir en el informe de gestión la información requerida respecto al PMP. De todas formas, son menos que el año anterior.