El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno ha destinado un presupuesto de 734 millones de euros para concertar operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas con varias clínicas privadas durante un periodo máximo de cuatro años.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) acaba de sacar a licitación dos acuerdos marco que fijan las condiciones para contratar con la sanidad privada la derivación de miles de pacientes en lista de espera para operarse en la pública -por valor de 533,3 millones- y para trasladar las pruebas diagnósticas pendientes, por un montante de 201,1 millones.
El objetivo de ambos acuerdos, adelantado por Abc, es vaciar las listas de espera en la sanidad pública y cumplir con los decretos de garantía de la Junta de Andalucía para ser atendidos en el plazo legal establecido. La Consejería de Salud no hace públicas las listas de espera desde junio de 2022.
El único dato actualizado es el que el Gobierno andaluz remitió al Ministerio de Sanidad -casi 172.000 pacientes en espera de una intervención quirúrgica y 906.000 aguarda consulta con un especialista, la tasa más alta de España- pero son cifras globales de toda la comunidad que no retratan la situación por provincias y centros.
Los conciertos con la sanidad privada no son una novedad, el anterior Gobierno socialista los ha usado en el pasado durante años. Sin embargo, el último acuerdo marco introduce algunas novedades en el sistema de externalización de operaciones y consultas quirúrgicas: la licitación es de ámbito autonómico, y no de carácter provincial, como hasta ahora.
Esto significa que una clínica privada de Córdoba puede concursar en otra provincia andaluza para asumir pacientes de la lista de espera en hospitales de Jaén, por ejemplo. “Hasta ahora, en el Contrato de Alerta Sanitaria (CAS) no había posibilidad de mandar a un paciente a operarse fuera de su provincia porque no existía un contrato con clínicas privadas de esa provincia que lo permitiese”, explican fuentes del SAS.
Por primera vez, además, el Gobierno andaluz extiende los conciertos con la sanidad privada a “provincias limítrofes pertenecientes a otras comunidades autónomas”, esto es, clínicas de Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia que podrán concursar por alguno de los lotes licitados por la Junta: en Murcia, Albacete, Ciudad Real y Badajoz. Esta opción, que ya existe en otras regiones [Castilla La Mancha lleva años derivando a pacientes a hospitales privados de Madrid], “está pensada para las provincias andaluzas que tienen menos clínicas privadas, como Huelva, Almería y Jaén. En Sevilla o Málaga la oferta es mayor”, advierten desde la consejería.
El traslado de pacientes en ambulancias entre provincias andaluzas o hacia comunidades limítrofes “está asegurado” por el SAS en caso de intervenciones quirúrgicas invasivas y que requieran un tiempo de hospitalización. Pero no está claro aún qué procedimiento se seguirá para la cirugía menor, como una catarata, y si el paciente tendrá que pagarse el traslado en vehículo propio entre Almería y Málaga o Murcia, por ejemplo.
El SAS empezará a utilizar “criterios unificados” para toda Andalucía a la hora de concertar con la sanidad privada, igual que unificó los precios que paga a estas clínicas por las operaciones, pruebas de diagnóstico y pacientes derivados desde la sanidad pública, para que una cirugía de rodilla en Almería costase lo mismo que en Huelva. El objetivo del acuerdo marco es “agilizar” las externalizaciones para ir vaciando progresivamente las listas de espera.
La memoria justificativa que acompaña a las nuevas licitaciones advierten de la “necesaria contratación de conciertos con empresas autorizadas por carecer de medios propios suficientes para realizar las distintas actividades y procedimientos quirúrgicos”, enumerando una larga lista de operaciones y pruebas en distintas especialidades sanitarias. El acuerdo para la derivación de intervenciones quirúrgicas se subdivide en 39 lotes y un periodo de duración de dos años -prorrogable dos años más-, mientras el convenio para concertar pruebas diagnósticas tiene 34 lotes y un plazo de ejecución de dos años.
El SAS va a externalizar las operaciones pendientes más habituales en las listas de espera: “fusión lumbar y lumbosacra, reparación de hernias inguinales, procedimientos quirúrgicos relacionados con patologías de la mama, procedimientos quirúrgicos relacionados con el diagnóstico de obesidad mórbida, procedimientos quirúrgicos relacionados con el cambio de sexo, procedimientos de cirugía ortopédica y traumatológica (rodilla, cadera, hombro) y otras operaciones relacionadas con las especialidades de oftalmología, urología, plástica y reparadora, cirugía vascular y cirugía general y digestiva”.
La cirugía y pruebas oncológicas quedan fuera del sistema de externalización porque requiere “un procedimiento multidisciplinar” y “no conviene dispersar todos los tratamientos que requiere un paciente de esta naturaleza”.
En el caso de las pruebas diagnósticas concertadas con clínicas privadas, la prestación sanitaria autorizada por el SAS también recopila aquellas más “prevalentes en la lista de espera”: endoscopias, colonoscopias, polipectomía endoscópica, ecografías y doppler, resonancias magnéticas (RM), tomografía axial computerizada (TAC), tomografía por emisión de positrones (PET-TAC), electromiografía, mamografía, gammagrafía y la lectura y emisión de informes de los procedimientos radiodiagnósticos (RM, TAC y PET-TAC).
El acuerdo marco que regulará las nuevas externalizaciones del SAS tiene dos fases: una preselección de las clínicas privadas con mejor puntuación, en un baremo que puntúa la calidad del servicio que ofrecen (profesionales sanitarios, capacidad resolutiva del centro, etc) hasta un 80%, y el precio con el que compiten hasta un 20% (siempre por debajo de los límites que establece la orden de precios del SAS).
Esa primera criba, aseguran desde la consejería, garantiza unos márgenes de calidad “óptimos” de las empresas privadas que optarán a recibir a los pacientes de la pública. La segunda fase es un “contrato basado” donde el precio más competitivo gana peso a la hora de adjudicar el concurso -hasta un 49%- frente al 51% que se valora la calidad del servicio.
En esta segunda criba, otro criterio prioritario de selección es la mejor accesibilidad de la clínica privada, esto es, la mayor o menor cercanía al hospital público del que depende la lista de espera en determinadas especialidades. “En ese punto hay margen para calibrar opciones: se valora la proximidad, pero no se paga una fortuna sólo porque la clínica es la más cercana”, avisan desde el SAS.
“Para facilitar la accesibilidad geográfica, disponer del mayor número posible de centros y evitar demoras en la realización de las intervenciones quirúrgicas, las agrupaciones y/o los lotes se podrán adjudicar a todas las personas licitadoras que cumplan los requisitos de solvencia, su oferta técnica supere el umbral mínimo que se fije en los pliegos y su oferta económica no supere el precio unitario máximo que establezca el órgano de contratación. De esta manera, con un acuerdo marco con varias empresas y/o variantes, además de ampliar la concurrencia, el Servicio Andaluz de Salud dispondrá de varios centros donde hacer efectiva la prestación del servicio”, dice el texto justificativo de la licitación.
Los grupos de oposición de izquierdas han cuestionado el “abuso” que el Gobierno de Moreno hace de los conciertos con clínicas privadas para descongestionar la sanidad pública. El PSOE-A denuncia “la privatización del SAS” a través del acuerdo millonario con empresas privadas, “mientras se despiden a 12.000 profesionales en septiembre”, en relación al colectivo de sanitarios que se contrataron de refuerzo para combatir la pandemia, y que la Junta ha mantenido hasta la actualidad. Los socialistas también denuncian “el cierre de los hospitales públicos y centros de salud por las tardes, el desmantelamiento de los comarcales o la suspensión de resonancias por falta de personal técnico para realizarlas”.
Los últimos datos de previsión de externalización de operaciones y pruebas quirúrgicas son del pasado junio, según una intervención de la consejera del ramo, Catalina García, en el Parlamento andaluz: el SAS prevé destinar este año 558 millones de euros a la denominada “asistencia sanitaria con medios ajenos”, de los cuales 212,8 millones se corresponden a la atención especializada en entidades privadas, 76 millones a contratos de diálisis, 59,6 millones a asistencia con especialistas (como oxigenoterapia, terapias quirúrgicas, oncológicas y rehabilitación), 33,29 millones para servicios de carácter diagnóstico y 169,86 millones para transporte sanitario.
García explicó que el número de pacientes andaluces en espera quirúrgica había crecido un 20% -la espera media era de 134 días- y la demora por la consulta a un especialista se incrementó un 28,5%, con una media de espera de 123 días.
Los sindicatos sanitarios afean a la consejería que no haya llevado el nuevo acuerdo de concertación con la privada a la mesa sectorial y denuncian que el cierre de centros de salud y plantas de hospitales por las tardes, durante el verano, “ha hecho aumentar las listas de espera”
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