El Gobierno de la Nación sostiene que ya estaba previsto en las disposiciones transitorias de la polémica Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, pero para la Junta de Andalucía se trata de una “rectificación”. El caso es que la conocida como “reforma local” del Gobierno de Mariano Rajoy, que implicaba una sustancial modificación en las competencias y el papel de los consistorios, no puede ponerse en práctica en estos momentos en lo que respecta a las políticas relacionadas con los servicios sociales.
Son parte clave de las llamadas “competencias impropias” que, según la ley del PP tenían que dejar de prestar las administraciones locales desde el 31 de diciembre de 2015, y pasar a las comunidades autónomas, pero de momento, no será posible hasta la reforma del modelo de financiación. También estaba previsto para las políticas en materia de salud, pero con un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de esta ley (2013) y educación (tres años).
Lo reconoce el propio secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en una circular que ha empezado a llegar esta semana a las entidades locales tras “las dudas planteadas” se ha visto obligado a precisar que los servicios sociales “deberán seguir siendo prestados” por los consistorios. De hecho, para que esto cambie, continúa, “habrá que estar a los términos y procedimientos que se establezcan con ocasión del nuevo sistema de financiación para que alcancen su plena efectividad”. Cosa que no comenzará a negociarse hasta 2016, tal y como ha anunciado el presidente Mariano Rajoy en su intención de que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), si bien habrá que esperar a qué deparan las elecciones generales del 20 de diciembre.
En este contexto, este jueves se ha aprobado en el Parlamento de Andalucía una proposición no de ley (PNL) del PSOE-A para que las entidades locales mantengan estas competencias, primer punto de una iniciativa que ha contado con el apoyo también del PP-A, Podemos y C's, mientras que IU se ha abstenido. El segundo de los puntos de la PNL ha sido rechazado por el PP-A y apoyado por Podemos y C's, mientras que IU ha vuelto a abstenerse, y consistía en instar a la Junta de Andalucía que reclamara la derogación de la disposición transitoria segunda de la citada Ley, en la que se señala que, “con fecha 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en las normas reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las haciendas locales, las comunidades autónomas asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias del municipio, relativas a la prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social”.
Cabe recordar que la Junta de Andalucía fue una de las administraciones que recurrió en el Tribunal Constitucional (TC) esta ley. Por ello, el vicepresidente de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, ha aprovechado este jueves para hacer una defensa del municipalismo en el pleno y ha hablado de “paso atrás” dado por el PP con esta carta.
También la consejera de Hacienda y Administración Local, María Jesús Montero, se ha referido a ello. Ha dicho que el Gobierno de la Nación “ha dejado en suspense” estas competencias que en principio iban para las comunidades autónomas y lo ha atribuido a que se había decidido sin ninguna previsión. En este sentido, ha comentado que la reforma local del PP “en vez de plantear una nueva financiación para las haciendas locales, que sufrían una caída en la recaudación, les ha quitado competencias” para ponerlas en manos de las comunidades autónomas “sin un euro adicional”. Esto ha llevado, a su juicio, a tener que recular, porque hubiera supuesto para la Junta de Andalucía -por ejemplo- unos 450 millones de euros cada ejercicio sin que se haya previsto su dotación.