El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido adherirse al convenio del Ayuntamiento de Sevilla para financiar la exhumación de la fosa común de Pico Reja, en el cementerio de la capital andaluza, donde se estima que hay enterradas alrededor de 1.300 víctimas del franquismo. Una de ellas, según varias investigaciones, es el político Blas Infante, considerado padre de la patria andaluza en el Estatuto de Autonomía, que fue fusilado por las tropas rebeldes al Gobierno de la República en 1.936, al poco de iniciarse la Guerra Civil. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha visitado este viernes la fosa para anunciar que aportará 250.000 euros al proyecto de exhumación.
La fosa de Pico Reja, una de las más grandes tumbas secretas del franquismo en Andalucía, cuenta con un presupuesto de exhumación de 1,1 millones de euros. El gasto inicial en el proyecto de licitación lo asumió “a pulmón” el Ayuntamiento de Sevilla, donde gobierna el alcalde socialista Juan Espadas. Entonces se redactó un convenio que dejaba la puerta abierta a otras administraciones que quisieran participar financieramente en el desentierro de los cuerpos y la recuperación de la memoria de sus víctimas, y sus aportaciones se irían detrayendo de la partida inicial del Ayuntamiento.
La Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla fueron los primeros en sumarse al proyecto con 265.000 euros cada uno, dejando la parte del Consistorio en 680.000 euros. El Gobierno andaluz se adhirió al convenio de la exhumación de Pico Reja en esta legislatura, ya bajo el mandato de PP y Ciudadanos. La firma la rubricó la consejera de Cultura y responsable de las políticas memorialistas, Patricia del Pozo, que este viernes ha participado en la visita a la fosa. La entrada de fondos del Gobierno central da oxígeno al Ayuntamiento, que vuelve a reducir en 250.000 euros su aportación inicial, pero sobre todo, convierte Pico Reja en el proyecto de recuperación de la memoria con más cooperación entre administraciones del país.
El equipo que trabaja en la exhumación de la fosa común próxima a la tapia del camposanto de Sevilla calcula que hay enterradas entre 1.200 y 1.300 víctimas del franquismo, una cuarta parte del total de 4.500 represaliados depositados sin vida en el cementerio de San Fernando. Es una estimación sobre la base de estudios y documentos oficiales de la época. Sin embargo, con un 18% de los trabajos de excavación ya han aparecido 950 cuerpos, de ahí que algunas fuentes hayan revisado su previsión al alza. La empresa adjudicataria del proyecto, el equipo de trabajo Sociedad de Ciencias Aranzadi, sospecha ahora que la fosa se reabrió después del 36 para introducir nuevas víctimas en los años 40 (las distintas capas de tierra pertenecen a años diferentes). Fuentes municipales explican que podrían ser nuevos represaliados por el franquismo, presos que fueron enterrados en la fosa común junto a los fusilados inmediatamente después del alzamiento militar fascista. El grupo municipal de Adelante Sevilla cree que puede haber el triple de cuerpos.
En el acto de este viernes ha habido restricciones de acceso, debido a las normas de seguridad contra el coronavirus, de modo que la asistencia de familiares de las víctimas y asociaciones memorialistas ha sido menor que otras veces. Junto a la vicepresidenta Calvo han participado la consejera Del Pozo, el alcalde Juan Espadas y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.