La sanidad penitenciaria será transferida a las CCAA a lo largo de esta legislatura, según ha informado el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, durante la 'Jornada sobre el VIH. Nuevos retos y oportunidades de la Sanidad Penitenciaria', organizada por CESIDA.
En Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz constataba recientemente “severas lagunas” en la asistencia sanitaria a los presos, mientras que el propio Parlamento pedía la asunción de estas competencias por parte de la Junta. Asociaciones como APDHA también han solicitado en muchas ocasiones esta transferencia de competencias.
Se trata de una “muy buena noticia” para CESIDA, aunque su presidente, Juan Ramón Barrios, ha reconocido que la reciben con “cautela” dado que son “muchos años” los que llevan esperando a que se haga efectiva. “Desde CESIDA haremos un trabajo de incidencia política de seguimiento y exigencia de que se cumpla este compromiso anunciado por Arroyo”, ha aseverado.
En este sentido, durante la jornada, la directora del Programa de Salud penitenciaria del Instituto Catalán de la Salud, Elisabet Turu, ha asegurado que en Cataluña, donde ya ha sido transferida, esta medida ha conllevado mejoras en la seguridad del paciente, en la seguridad del clínico y en la asistencia.
“País Vasco también tiene las competencias transferidas y a raíz de ello cada enfermería de los centros penitenciarios se ha transformado en un centro de salud”, ha añadido el coordinador del Plan para la lucha contra el Sida y de la Estrategia para la Atención de la Hepatitis C del País Vasco, Antonio Arraiza.
En las transferencias vascas participó el actual portavoz socialista del área de Sanidad en el Congreso, Jesús Mari Fernández, quien ha recordado que la labor de Instituciones Penitenciarias en los últimos 5 años ha sido “desastrosa” y ha hecho que las comunidades autónomas “desconfiaran” y no asumieran las transferencias.
“INEFICACIA” DEL SISTEMA
Ahora bien, CESIDA ha denunciado que aunque inicialmente se estableció que la atención especializada se prestara por las comunidades autónomas a través de convenios con el Ministerio del Interior, a quien correspondería la atención primaria, la práctica ha demostrado la “ineficacia” del sistema, por lo que en la ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud se resolvió que todas las competencias sanitarias se debían transferir en el año 2004 a las comunidades autónomas.
“14 años después sigue sin cumplirse esa ley, a pesar de la necesidad urgente y la unanimidad de todos los partidos políticos de transferir las competencias a las comunidades. Esto sigue estancado porque hay una falta de voluntad y desgana grandísima, los presos no dan votos, la transferencia servirá al menos para agilizar procedimientos, evitar el aislamiento y evitar conflictos sobre quién asume el pago de medicamentos. Esto mejoraría la atención de las personas con VIH, hepatitis C y problemas de salud mental en prisiones”, ha señalado el miembro de CESIDA, Ramón Espacio.
Por su parte, la coordinadora del Grupo de Trabajo de Relaciones Laborales de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, Carmen Hoyos, ha avisado de que el incumplimiento de estas transferencias repercute en la asistencia que están recibiendo las personas privadas de libertad, como el aislamiento informático.
“Desconocemos toda la historia clínica de cualquier enfermo al no tener acceso, además el sistema de digitalización del historial médico que se está llevando a cabo con mucho trabajo es incompatible con los centros penitenciarios, excepto con los de Murcia y Madrid”, ha apostillado Hoyos.
Y es que, en las cárceles la prevalencia de hepatitis C ronda el 19,5 por ciento pero, alrededor del 60 por ciento de estos pacientes estarán en un estado de F2 para arriba. Además, casi el 30 por ciento de los ingresos en hospitales de personas procedentes de prisiones presentaban problemas graves digestivos, asociados a problemas de hígado.
“Una de las principales dificultades para tratar a las personas con VIH en prisiones es que los pacientes se están haciendo mayores, y hay más comorbilidades que atender. La exclusión social es muy grave y nos preocupa qué será de estas personas cuando salgan de los centros penitenciarios, sin las necesidades básicas cubiertas, poco a poco irán abandonando los tratamientos”, ha zanjado el doctor del Centro Penitenciario de Fontcalent, Pablo Sainz de la Hoya.