La primera comparecencia pública del consejero de Salud del nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, Jesús Aguirre, fue un torpedo dirigido al anterior Ejecutivo de Susana Díaz: los socialistas habían “falseado las listas de espera en la sanidad pública”, ocultando a 500.000 andaluces que aguardaban para alguna prueba, pero no computaban en las estadísticas del Sistema Andaluz de Salud (SAS). El PSOE les acusó de usar nuevos criterios para contabilizar, imposibles de comparar con otras regiones. Aguirre anunció entonces que se incorporarían a esas personas de inmediato, que serían llamadas en orden de prioridad, y que activaría un plan de choque de 25 millones de euros para reducir las listas de espera. También denunció que el PSOE se había acostumbrado a hacer contratos sanitarios de “pocas semanas o pocos meses”, y anunció que a partir de ahora no habría en el SAS un contrato inferior a seis meses.
Así se presentó el nuevo Ejecutivo andaluz, hace ahora diez meses, avalando un giro drástico en la política sanitaria, que para los socialistas siempre fue “la joya de la Corona” de la Junta. Pero la gestión de esos grandes planes incipientes se le ha atragantado al consejero, han roto las costuras presupuestarias y sufrido un ajuste a la baja: los plazos para operarse se alargarán en 2020 y los contratos por meses seguirán en vigor hasta final de año. Este martes, mientras cientos de sanitarios se manifestaban a las puertas de dos hospitales de Sevilla denunciando falta de personal, Aguirre no ha comparecido tras la reunión del Consejo de Gobierno. Lo ha hecho el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, para explicar por qué el proyecto de Presupuestos Autonómicos de 2020 prevé plazos para operarse más largos que los de este año. ¿Qué ha ocurrido con el plan de choque para reducir las esperas?
El departamento de Aguirre había negado a este periódico que las previsiones del Presupuesto fueran a alterar los plazos de atención, pero Bendodo sí lo ha admitido. “Eso es así. Nosotros vamos a dar unas previsiones realistas”, ha dicho, tras confirmar que la Junta ha corregido a la baja sus expectativas: el tiempo medio de respuesta para ser operado pasa de 62 días en 2019 a 85 días en 2020 (23 días más de espera). Las consultas externas se retrasan dos semanas más, de los 45 días estimados para este año a los 60 días del próximo ejercicio. Las pruebas diagnósticas tendrán un tiempo de respuesta mayor, de 18 a 30 días. La razón es sencilla: Al incorporar a 500.000 andaluces más a las listas asistenciales, “hemos tenido que ajustar los tiempos de espera”.
El PSOE andaluz siempre se defendió de las acusaciones alegando que su forma de computar las listas de espera era homologable al del resto de comunidades, y que el tipo de pacientes incluidos en esos 500.000 más contabilizados por el nuevo Gobierno era distinto. Esa realidad distinta -que abarca a más andaluces- ha desbordado los planes de la Junta y obligado finalmente a redefinir la estrategia inicial.
También ha habido que reajustar el gasto previsto. El pasado 24 de septiembre se aprobó una modificación del Presupuesto de 2019, que apenas llevaba dos meses en vigor, detrayendo 234,4 millones de euros de otros departamentos para inyectarlos en la Consejería de Salud. De esta cantidad, 180 millones fueron para cubrir los déficit de personal sanitario y 37 millones se inyectaron al plan de choque para reducir las listas de espera, según los datos que aporta ahora la Junta. Aún así, ha sido necesario reformular los tiempos de espera para el próximo año.
No es el único gran anuncio de la Consejería de Salud que han enmendado este martes. Los sindicatos sanitarios denuncian que, pese a lo que dijo Aguirre hace meses, el SAS aún está haciendo contratos cortos, inferiores al medio año. “Es cierto, se están firmando contratos menores de seis meses: de cuatro, de cinco y de tres meses”, reconoce Bendodo. La explicación es que la Junta quiere poner el contador a cero con el nuevo sistema de contratación a partir del 31 de enero, para que “todos los sanitarios se puedan acoger el plan de estabilización del empleo de la Junta”. A partir de esa fecha habrá tres tipos de contratos: fijo, interino o de un año como mínimo.
Los sindicatos sanitarios -CSIF, UGT, CCOO, SATSE, Sindicato de Médicos y SAE- recuerdan que no hace ni un mes que la Consejería de Salud emitió una orden que impedía cubrir bajas y realizar nuevas contrataciones, a pesar de que la ratio médico-pacientes está por debajo de la media nacional. Denuncian un déficit de 600 sanitarios. Bendodo replica que en el tiempo que llevan gobernando ellos, los contratos por sustituciones se han duplicado en la Junta, aunque la cobertura sigue siendo muy pequeña: se cubre el 28% de las bajas -“en algunos casos el 50%”- frente al 14% del periodo socialista.
Crisis heredada
El Gobierno andaluz de PP y Cs ha heredado de la anterior Administración socialista el principal problema que les hizo perder la confianza de los ciudadanos y les expulsó del poder: el deterioro de la sanidad pública acuciada por los recortes durante los años de crisis. Diez meses después del relevo en San Telmo, el nuevo Ejecutivo de Juan Manuel Moreno es incapaz de mitigar ese descontento de pacientes y sanitarios, que siguen manifestándose en las calles y denunciando falta de personal y recursos.
Este martes, mientras estaba reunido el Consejo de Gobierno, los siete sindicatos del sector sanitario habían convocado movilizaciones a las puertas de dos hospitales de Sevilla -el Macarena y el Virgen de Valme- donde se concentraron 200 y 300 médicos y enfermeros respectivamente. El domingo, el médico y activista Jesús Candel, alias Spiriman, movilizó a más de 6.500 personas en las calles de Granada para denunciar los agujeros del SAS, entre otras cosas. Candel fue el azote del Ejecutivo de Susana Díaz, llegó a movilizar a 50.000 personas contra su proyecto de fusión hospitalaria en Granada, y de sus encendidas protestas se sirvió el PP en la oposición para cuestionar a la Junta.
En los últimos días, la Consejería de Salud ha sido objeto de las mismas críticas que arreciaban a los socialistas cuando ellos dirigían este departamento: cierre de plantas hospitalarias, déficit de personal, no cobertura de bajas, falta de contrataciones, aumento del tiempo de espera para una intervención quirúrgica o para una consulta, aplazamiento de un centenar de operaciones en un hospital por escasez de plantilla... Con este panorama en la calle, en el Ejecutivo andaluz han saltado las alarmas. La reacción política inmediata a sido pasar al contraataque y cargar duramente contra la anterior administración socialista.
No estaba en el orden del día del Consejo de Gobierno, pero el portavoz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha obviado los asuntos tratados en la reunión para dedicar los primeros 30 minutos de su intervención a denunciar un supuesto “nuevo fraude” del ex Gobierno de Susana Díaz en materia sanitaria: “el falseamiento sistemático de las listas de vacunados” desde 2012, según una inspección de los servicios sanitarios que Aguirre ha presentado, de repente, en el turno de ruegos y preguntas. La Junta acusa a la anterior Junta de alterar los datos oficiales de vacunados remitidos al Ministerio de Sanidad entre 2012 y 2018, inflando la tasa de cobertura entre un 9 y un 15%: “casi un millón de vacunados fantasma”, ha dicho Bendodo, incluyendo a mayores de 65 años, personal sanitario y embarazadas.
Vacunas
El portavoz ha desligado este anuncio de las protestas sanitarias que se están produciendo en la calle y ha explicado que el informe llega ahora porque la semana que viene comienza la campaña de vacunación en Andalucía. La vacuna de la gripe no es obligatoria. El SAS avisa a la población de riesgo, pero quien quiere sigue la recomendación y quien no quiere evita ir al centro de salud a inyectarse la monodosis. La tasa de vacunación en Andalucía entre la población riesgo es del 45,3%. La denuncia que hace la Junta es que la Administración anterior adquirió casi un millón de vacunas que luego no usó y, sin embargo, comunicó a Madrid que sí había usado. ¿Para qué? Según Bendodo, para “equipararse con otras regiones, para quedar bien ante el resto de comunidades”. El portavoz ha admitido que las pesquisas son muy incipientes y que aún les faltan datos. ¿Se compraron vacunas que no se han usado? ¿Cuánto gastó el SAS en esas vacunas? Bendodo ha remitido las preguntas a Salud, pero el departamento de Aguirre insiste en que “se trata de una investigación inicial” y “es pronto para saberlo”.
Aún así, el portavoz de la Junta no ha ahorrado en calificativos para denunciar el supuesto “fraude” del PSOE, sin descartar acudir a los tribunales. “Estos datos son un insulto, una agresión a los andaluces. El socialismo despreciaba a Andalucía, no llego a otra conclusión”, ha subrayado. En su discurso, Bendodo también ha cargado duramente contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez, al que ha incluido dos veces en sus ataques contra el PSOE. Al ser preguntado sobre qué delito de fraude van a denunciar en los tribunales, Bendodo ha respondido: “Evidentemente se compraron millones de vacunas. Lo estamos investigando aún”, avisa.
El proyecto de Presupuestos andaluces para 2020 destina 11.056,22 millones de euros para la Consejería de Salud, el departamento más voluminoso, con un crecimiento del 4,3% respecto al presente ejercicio (452,44 millones más). Las cuentas autonómicas se someterán al debate de totalidad este miércoles y previsiblemente saldrán adelante gracias al apoyo anunciado por Vox al Ejecutivo. El área que dirige el consejero Aguirre contabiliza en 4.661 sanitarios más en la plantilla a partir del próximo año. La pasada semana anunció 1.800 contrataciones más en el SAS (Servicio Andaluz de Salud), que se sumarán a las 2.750 nuevas ya incorporadas.