El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, sustentado por la formación de extrema derecha Vox, prevé librar una partida presupuestaria de 265.000 euros para costear los trabajos de exhumación de la fosa común de Pico Reja, en el cementerio de Sevilla, donde están enterradas 1.103 víctimas del franquismo, confirman fuentes del Ejecutivo autonómico.
La consejera de Cultura y responsable de las políticas de Memoria Histórica, Patricia del Pozo, se reúne este viernes con el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, para retomar la firma de un convenio con el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla, que quedó en suspenso antes de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Según el borrador del acuerdo, el Gobierno autonómico se compromete a abonar un 21,90% del coste total de la exhumación de Pico Reja: 265.000 euros en tres ejercicios presupuestarios consecutivos: 2019, 2020 y 2021. El presupuesto global que deben asumir las tres administraciones asciende a 1,2 millones de euros. Esta iniciativa supone, en la práctica, la primera exhumación de víctimas del franquismo que asume el primer Gobierno de centro derecha en Andalucía. La Consejería de Cultura es, según la ley, quien debe “coordinar el proceso de exhumación y quien llevará a cabo la supervisión del desarrollo de las actuaciones, y su adecuación a la normativa específica en materia de recuperación de la Memoria democrática en Andalucía, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla”.
El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla está haciendo malabarismos de estrategia política para evitar que las políticas de Memoria Histórica que gestiona pongan en riesgo el apoyo de Vox, necesario para sacar adelante cualquier medida legislativa, incluido los Presupuestos Autonómicos. Los populares, que tienen firmado un acuerdo de investidura con la ultraderecha, trabajan en dos escenarios distintos: por un lado, tienen que cumplir con el desarrollo previsto de la Ley andaluza de Memoria, en vigor desde 2017; y por otro, han prometido a Vox “derogar” esta ley para sustituirla por una Ley de Concordia.
A la formación de Santiago Abascal no le agrada el primer escenario, de hecho, esta semana ha trasladado su malestar al PP por permitir la tramitación de una proposición no de ley del PSOE para implantar los contenidos de Memoria Histórica en las aulas andaluzas. Este delicado equilibrio va sufrir una prueba de fuego aún mayor en los próximos días, cuando la Consejería de Cultura firme el convenio con el Gobierno central y el Ayuntamiento de Sevilla para iniciar los trabajos de exhumación de la fosa de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando, donde hay 1.103 víctimas de la represión franquista. Esta fosa, además, tiene un significado especial, porque se cree que allí pudo haber sido enterrado el padre de la patria andaluza, Blas Infante, fusilado el 10 de agosto de 1936. El cementerio de San Fernando alberga seis fosas comunes con 4.500 cadáveres de víctimas de la represión franquista.
Hasta ahora, el Ayuntamiento de Sevilla había sufragado la señalización, localización y los trabajos arqueológicos de la fosa de Pico Reja. También se iniciaron las pruebas de ADN para tratar de identificar a las víctimas a través de los huesos hallados entre la tierra. El año pasado, en virtud de la Ley andaluza de Memoria Histórica, se esbozó el borrador de un convenio entre tres administraciones -Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía- para abordar juntas los trabajos de exhumación, la parte más costosa de lo recogido en la citada ley.
El presupuesto total es de 1,2 millones de euros y la fiscalización de la aportación correspondiente a cada administración ya estaba hecha, sin embargo, el convenio no se llegó a firmar. Para cuando el papeleo y los procedimientos de fiscalización estaban listos, la precampaña de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre se había echado encima, y el anterior Gobierno de Susana Díaz decidió no rubricar el acuerdo con el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla para evitar problemas con la Junta Electoral.
La exhumación de Pico Reja en el cementerio hispalense, quizá por la posibilidad de esconder allí los restos de Blas Infante, despertó también el interés del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo socialista, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, reactivó la aplicación de la Ley estatal de Memoria Histórica: el proyecto más llamativo fue la decisión de exhumar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos, pero también se comprometió a colaborar en la financiación de las exhumaciones de las víctimas del franquismo, incluida la del cementerio de San Fernando, en Sevilla.
El pasado verano, el director general de Memoria Histórica del Gobierno, el almeriense Fernando Martínez, visitó la fosa de Pico Reja junto al alcalde, el ex vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, y el ex delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. En esa visita se anunció “un acuerdo inminente” para que el Ejecutivo central entrase a participar del convenio ya avanzado por las otras tres administraciones, haciéndose cargo de parte de la financiación que correspondía al Ayuntamiento. El cambio de Gobierno en Andalucía y la posterior convocatoria de elecciones generales dejó en el aire el convenio, y en suspenso la implicación de la Junta y del Ejecutivo central.
El alcalde Juan Espadas se reunió posteriormente con los familiares de las víctimas enterradas en la fosa común de Pico Reja, prometiéndoles que si el nuevo Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos decidía finalmente echarse atrás y no firmar el convenio, el Ayuntamiento asumiría su parte del presupuesto. A priori no será necesario. A pesar de los recelos que despiertan las políticas de Memoria en Vox, la consejera de Cultura quiere retomar el acuerdo para iniciar esta exhumación y otras que, según la Ley de Memoria, dependen de la financiación de la Junta.
En Andalucía hay 708 fosas comunes de la represión franquista, en las que se estima que hay 45.566 personas, según el mapa de fosas del Gobierno andaluz. En España hay unas 3.000 fosas comunes, la mayoría en cementerios municipales, y según cálculos de la Dirección General de Memoria Histórica unos 142.000 desaparecidos. Sólo Camboya supera el número de represaliados enterrados en fosas comunes.