“Goliat contra David”: cómo los grandes grupos sanitarios apean a las pymes de Andalucía y acaparan los contratos a dedo

Hay una coincidencia entre las empresas que se beneficiaron de los contratos a dedo que firmó el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2021 y 2023 y las que han acaparado los concursos negociados sin publicidad que sacó a licitación la pasada primavera: son los mismos seis grandes complejos hospitalarios privados de Andalucía, los de mayor volumen de negocio.

En el primer caso, esas seis empresas se hacen con el 80% de los 186,2 millones de euros que el SAS adjudicó a dedo, sin publicidad ni concurrencia ni fiscalización previa (en total 150,8 millones); en el segundo caso, la Junta “invita” a otras empresas del sector a participar en la puja, pero el resultado no varía: las mismas sociedades clínicas se reparten el 80% de los contratos negociados del SAS, un total de 98 millones.

En el camino se han quedado un buen puñado de pequeñas y medianas empresas que, a raíz de la publicación del lunes en este periódico, han empezado a denunciar que el segundo proceso de contratación no difería mucho del primero; que en realidad eran adjudicaciones a dedo “encubiertas”; que el pliego de condiciones del SAS y el diseño de los lotes de las intervenciones que salían a concurso (por el volumen, por el plazo en el que debían hacer las operaciones, por cómo habían agrupado en el mismo paquete cirugías tan dispares como una catarata y una prótesis de rodilla...) facilitaba el “monopolio” de los grandes hospitales, y restringía la libre competencia.

Para más señas, las seis grandes firmas beneficiarias de estos conciertos -Grupo Quirón, HLA (Asisa), Viamed, Vithas, Cruz Roja y Orden Hospitalaria de San Juan de Dios- se han aliado en diversas provincias andaluzas para conformar UTE (Uniones Temporales de Empresas), que se han repartido el 80% del mercado, ocho de cada diez pacientes derivados de la pública a la privada para menguar las abultadas listas de espera en Andalucía.

“Esto es David contra Goliat. Las grandes privadas son más grandes, tienen más personal, más quirófanos”, resume una fuente conocedora del proceso de contratación para acceder a esas licitaciones de la pasada primavera. Su clínica, de tampaño medio, participó en uno de los siete procedimientos abiertos por la Junta y descartó aliarse con otra entidad porque “no merecía la pena”, confiesa con resignación a este periódico.

“Es sorprendente una gran coalición de Quirón, San Juan de Dios y Cruz Roja. Como poco, sorprendente. Es como si el Real Madrid, el Barça y el Athlético de Madrid llegan al acuerdo de repartirse la Liga. Yo no puedo competir con eso”, admite el gerente de la clínica cordobesa Parejo y Cañero, una de las orilladas por la UTE de las grandes compañías.

Un contencioso pendiente

elDiario.es Andalucía ha contactado con muchas de las pymes, empresas y clínicas privadas más modestas, que han sido descabalgadas en el proceso de licitación, recabando puntos de vista que van desde la decepción y la resignación al cabreo.

Fuentes de la Junta de Andalucía asegura que sólo han registrado dos denuncias ante el Tribunal de Recursos Contractuales y que ambos casos se han desestimado. Uno de ellos, según ha confirmado este periódico, ha trasladado su denuncia a un Juzgado de lo Contencioso Administrativo por una presunta irregularidad en uno de los procesos de licitación.

Se trata de una primera adjudicación a una clínica privada de tamaño medio (en su provincia, la única que no fue a parar a la UTE beneficiada con el grueso de contratos), pero que le fue posteriormente “arrebatada”, para terminar “dándoselo a Quirón”: “Me quitaron de en medio por la cara pese a haber ganado el concurso por gran diferencia y había demostrado mi solvencia económica”, dice su responsable, que afirma haberse sentido “pisoteado” y que ha llevado el asunto a los tribunales tras no poder concursar a un lote de unos 800.000 euros por realizar una serie de intervenciones quirúrgicas.

Otro ejemplo, en el que la fuente también prefiere mantenerse en el anonimato para no entorpecer su participación en futuras licitaciones en abierto del SAS, relata que “algo raro había” pero “un abogado amigo nos recomendó que no recurriéramos, que ese pastel estaba ya repartido entre los grandes”. “La sensación que tuvimos fue que esas licitaciones ya estaban dadas, prácticamente. Nosotros somos pequeños. No podíamos ir a más y lo dejamos estar aunque vimos cosas raras”, como cuando una funcionaria de la Junta les insistió por teléfono en que tenían que responder “con un ok” a un correo electrónico asumiendo que se habían quedado fuera del proceso.

“Nos negamos varias veces porque queríamos una notificación oficial”, relatan. “La notificación llegó tras varias llamadas, pero todo fue muy raro”, recuerda el gerente de esta clínica, que apunta que las primeras empresas invitadas al concurso por el SAS fueron las que “casualmente” luego ganaron el contrato. “Nosotros nos enteramos de rebote y quisimos participar, pero eso ya estaba hecho”, insiste.

Los seis grandes grupos hospitalarios privados de Andalucía se hicieron con el 80% de los contratos de emergencia de manera individual, y cuando el SAS cambió el procedimiento de adjudicación, invitando a participar a otras firmas, esas grandes empresas conformaron UTE para acceder a la licitación de cada provincia.

Explicaron a este periódico que lo hicieron para “optimizar recursos” y porque “eran muchas operaciones en poco tiempo” (seis meses), pero cada una de ellas, de forma invidicual, ya había acreditado la capacidad y la solvencia que exigía el pliego de condiciones para acceder a la licitación de esos contratos negociados sin publicidad.

Desde Viamed aseguran que “difícilmente” podrían asumir por sí solos el número de intervenciones que se contemplaban en estas contrataciones. Fuentes de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios inciden en que se trataba de “unas cifras muy grandes de intervenciones y en un plazo tan pequeño” que “por eso concurrieron bajo UTE distintos operadores de salud de Andalucía”. Los grupos Quirón y Vithas, así como la Cruz Roja, declinaron hacer comentarios.

Los seis grupos sanitarios ya habían realizado las operaciones que el SAS les contrató a dedo, por separado. Y también se registraron por separado para concurrir al Acuerdo Marco que la Junta publicó para volver a la contratación en abierto, fijando unos criterios homogéneos para todos, aunque finalmente ese “plan de choque” quedó en suspenso y se optó por volver a otra fórmula de adjudicación a dedo, más rápida y con menos controles internos.

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) no ha confirmado ni desmentido a este periódico la apertura de una investigación de oficio, o partir de una denuncia particular, por supuestas “conductas colusorias”, esto es, si existe la sospecha de que dos o más empresas han cerrado un acuerdo de forma clandestina con objeto de defraudar a la Administración. En este caso, supuestamente para repartirse el mercado de los contratos negociados en alguna de las siete provincias, suprimiendo la competencia entre ellas y limitando así la rebaja en el precio de adjudicación.

Negociados sin publicidad

El pasado mes de julio, el SAS terminó de adjudicar en la provincia de Jaén los últimos lotes que, en todo el ámbito andaluz, se repartieron casi en su totalidad seis grandes grupos empresariales de la sanidad privada después de haber acaparado el 80% de los contratos a dedo en los años previos, como ha informado elDiario.es Andalucía.

Pero, ¿cómo se desarrollaron esos expedientes?, ¿quiénes pudieron pujar y quiénes no por llevarse esos millonarios concursos públicos que volvieron a quedar en manos de seis grandes empresas que ya se habían adjudicado otro buen puñado de contratos de emergencia a dedo y que ya está investigando un juzgado de Sevilla?

La consecuencia práctica es que la libre competencia en la licitación de estos contratos negociados se restringió mucho y, como resultado, el margen de ahorro para las arcas públicas ha sido residual. En la mayoría de las provincias, el importe de licitación –el precio que el SAS puso a cada lote de operaciones quirúrgicas– se corresponde con el importe de adjudicación porque, al haberse unido las grandes empresas que podrían haber competido entre sí, no ha habido ofertas a la baja significativas y, por tanto, apenas se ha reducido el precio de salida.

La anterior consejera de Salud, Catalina García, propuso el 16 de febrero de 2024 que se autorizaran cinco expedientes de gasto para que el SAS contratase con empresas privadas en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva, Sevilla y Jaén para derivar a miles de sus pacientes en lista de espera. Cinco días después (al mes siguiente en los casos de Córdoba y Granada), el Consejo de Gobierno de la Junta los autorizó en el marco del llamado Plan de Garantía Sanitaria.

De los 170 lotes de operaciones en los que el SAS dividió la licitación de los contratos en las siete provincias, Quirón, Asisa, Viamed, Vithas, Cruz Roja y la Orden de San Juan de Dios se quedaron con el 80% de las licitaciones, bien de forma individual o bien aliadas en distintas UTE. por ejemplo, el Grupo HLA (Asisa), por el que fichó el exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán tres meses después de su cese, forma parte de varias UTE que han adquirido 110 lotes, esto es, el 55,78% del total: 64,6 millones de euros para seis meses.

Guzmán es uno de los dos directivos del SAS contra quien se dirige la querella del PSOE por otro tipo de contratación pública (de emergencia) que investiga un juzgado de Sevilla por un supuesto de prevaricación administrativa. Es el único tipo delictivo, de los cuatro que denuncia el PSOE, que el juez ha admitido instruir en una causa a la que se acaba de incorporar la Fiscalía Anticorrupción.

La Junta abrió siete procedimientos de adjudicación negociados sin publicidad y tramitación urgente. Una vez analizadas las licitaciones contenidas en las contrataciones, en Granada, por ejemplo, el expediente destaca por el elevado número de invitaciones a participar que se cursan -hasta 32 personas físicas y jurídicas. En concreto “todos los centros sanitarios de la provincia”.

El proceso es muy similar en todas las demás provincias: la Mesa de Contratación comprueba las ofertas que se han remitido en el llamado 'SIREC' (portal del gestor del Sistema de Relaciones Electrónicas en materia de contratación) y constata que se ha presentado la documentación en plazo.

Invitados sin opción

Este tipo de procedimientos es complejo y reúne una gran cantidad de documentación administrativa, pliegos de condiciones, actas de reuniones, resoluciones adicionales, corrección de errores o suspensiones, reajuste de anualidades, recursos especiales, etc.

En Granada, finalmente sólo se presentaron tres ofertas válidas: la UTE del Hospital Inmaculada (Grupo HLA-Asisa) con el Hospital San Rafael (Orden de San Juan de Dios) y el Grupo Vithas; y dos ofertas de dos clínicas oftalmológicas pese a que solo uno de los 24 lotes tenían que ver con la materia; en concreto, para operaciones de cataratas.

El resto de lotes hacían referencia a intervenciones de hernia, fisioterapia, luxaciones, operaciones de rodilla,... Uno de los aspirantes fue exluido del procedimiento por no cumplir el pliego de condiciones al cerrar durante el mes de agosto y no poder cumplir haciendo intervenciones en un máximo de 25 días.

La adjudicataria de todos los lotes sería finalmente esta UTE, después de haber tenido que “subsanar los defectos que presentaba su documentación”. Tenía un presupuesto de licitación de 12.397.177,82 euros, y fue adjudicado por 12.371.290,22 euros, un 0,20% menos (una rebaja de 25.887 euros) tras el pertinente proceso de negociación.

En el camino se quedaron empresas que fueron invitadas a participar pero que no reunían las condiciones mínimas. Por ejemplo, la Clínica Ferrando, de medicina estética, desechó la posibilidad porque “no reunía las características” para estar en el concurso, admiten sus responsables, sin detallar si pudieran haber optado en alianza con otra empresa de otro sector sanitario. La Clínica Gómez Morales, también especializada en estética, tampoco apareció entre las ofertas del SAS. A la Clínica Sócrates, para ortopedias, también se le cursó invitación, pero lleva siete años cerrada.

La UTE que repite

A la licitación de Córdoba -24 lotes por un valor de 4,5 millones- se presentaron ocho empresas y una UTE compuesta por tres de los seis citados grupos sanitarios privados (Cruz Roja-San Juan de Dios-Quirón), que al final fue la que pasó el corte junto a una empresa oftalmológica.

Cuatro lotes quedaron desiertos y, de los otros 20, la mencionada UTE se quedó 19 por un importe total de 3,25 millones (el 84,7%). La citada clínica adquirió un lote por 586.510 euros. Sin embargo, la rebaja que oferta la UTE fue del 3,76% respecto al precio original de los 19 lotes, mientras que la empresa pequeña abarató su oferta el doble, un 7,69%.

Aunque el patrón se repite en la mayoría de estas contrataciones, las tres empresas que conformaban la UTE de Córdoba ya fueron adjudicatarias, por separado, de los contratos de emergencia del SAS entre 2021 y 2023, esos que investiga un juzgado, y por importes muy superiores a los de ahora: Hospital Cruz Roja (7,1 millones); Quirón (9,5 millones) y Hospital San Juan de Dios (350.000 euros).

Otro de los factores que habría dificultado la libre competencia fue el formato de las licitaciones. Por ejemplo, en Huelva, el SAS sacó a concurso varios lotes de operaciones agrupados en un mismo paquete, de modo que las empresas interesadas estaban obligadas a presentar una oferta por todo el paquete, y no por lotes sueltos.

En concreto, se ofertaron 24 lotes de operaciones por un importe de licitación de 13,2 millones y sólo se presentó una oferta por todos ellos (excepto cuatro que quedaron desiertos). La única adjudicataria fue la UTE que formaron la Clínica Los Naranjos (Grupo HLA) y el Grupo Quirón. Al no haber más competencia, el precio final de adjudicación apenas varió: 12,87 millones, un 1% inferior (400.000 euros menos).

En esta provincia, el SAS metió en el mismo paquete intervenciones tan distintas como una sustitución de cadera, fisioterapia, artroscopia, cataratas y circuncisión. Una clínica oftalmológica, por ejemplo, no ha podido concurrir al lote de operación de cataratas, porque estaba obligada a ofertar por el resto de lotes, y esto ha redundado en beneficio de la UTE formada por dos grandes hospitales.

El formato y la competencia

Sevilla es la única provincia donde las empresas que concurrieron por los contratos negociados sí presentaron ofertas atractivas que generaron competencia y, en consecuencia, un ahorro para la administración en el precio final de adjudicación (con rebajas de hasta un 23,3% en algunos casos).

El SAS ofertó aquí 25 lotes por un importe de salida de 38,2 millones, pero terminó adjudicándolos por 31,5 millones, ahorrándose 6,67 millones. “Los grandes grupos pueden bajar más los precios. Si yo pido 3 por cada intervención y la UTE pide 1, pues se lo lleva la UTE al tener mejor baremación económica. Al final esto es ver quién se baja más los pantalones”, dice la responsable de una clínica que se quedó a las puertas de una adjudicación.

Se presentaron cinco empresas y cuatro UTE –tres formadas por Quirón, HLA y Viamed y otra constituida por Vithas, Cruz Roja y la Orden de San Juan de Dios–, que terminaron llevándose todos los contratos de Sevilla, entre otras cosas porque las empresas fueron excluidas ya que no presentaron oferta al resto de lotes que componen cada agrupación como exigía el pliego de condiciones y consta en las actas de las mesas.

De hecho, tres de las cinco clínicas estaban especializadas en Oftalmología pese a que, como en Granada, solo un lote era para operaciones de cataratas. La clínica de rehabilitación y fisioterapia, así como otra multidisciplinar, ambas de la provincia, no presentaron ofertas para el resto de lotes que componían la agrupación y, por tanto, como en aquel caso, quedaron fuera del proceso.

En Almería, salieron a concurso 24 lotes de intervenciones quirúrgicas por un importe de licitación total de 17.014.693,45 euros. El SAS abrió la invitación a todas las empresas de la provincia, pero todos terminaron adjudicados a una UTE entre el Grupo Vithas y el Grupo HLA por un coste final de 17.010.224,75 euros, es decir, un 0,026% inferior al precio de salida (14.000 euros menos). Entre 2021 y 2023, la Junta de Andalucía adjudicó a dedo a estas dos empresas privadas, por separado, contratos para realizar intervenciones quirúrgicas por valor de ocho y 4,2 millones de euros respectivamente.