Salud mental

Graduados por psicólogos clínicos: los profesionales denuncian “precarización” de la salud mental en Andalucía

La Ley 1/2023 de Atención Temprana publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) a finales de febrero ha generado una fuerte controversia entre los psicólogos clínicos porque “precariza”, aseguran, la atención que reciben los usuarios y “podría no ajustarse a derecho”, según la Sociedad Española de Psicología Clínica (Anpir). La norma permite que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) pueda contratar a psicólogos sin especialidad para sustituir a los clínicos en el caso de que no haya profesionales de este perfil en la bolsa de empleo. Mientras Salud dice estar trabajando en cómo articularlo en la práctica, Anpir anuncia que impugnará todos los procesos en los que se utilice la ley para ese fin.

La diferencia entre graduados y psicólogos clínicos

Para entender lo que está pasando hay que partir del hecho de que no es lo mismo un psicólogo graduado que un psicólogo clínico. Para estar graduado basta con haber terminado la carrera de Psicología, mientras que para obtener la especialidad de psicología clínica hay que aprobar el examen de Psicólogo interno residente (PIR) que implican cuatro años de psicólogo residente equivalentes al MIR de los médicos. Existe un nivel superior al de la formación universitaria de grado a través del Máster Oficial en Psicología General Sanitaria y que otorga el título de psicólogo general sanitario. Si bien el PIR es el único que acredita para trabajar en el sector público, el máster permite hacerlo en algunos casos en el sector privado.

Al no ser perfiles equivalentes, desde Anpir señalan que la ley andaluza que promueve que los psicólogos graduados puedan sustituir a los clínicos “podría no ajustarse a derecho” y que en todo caso “precariza” la atención que reciben los usuarios. Según la norma, “si en la bolsa de empleo del Servicio Andaluz de Salud no hubiera profesionales sanitarios especialistas en Psicología Clínica, o no existiera personal de plantilla interesado en ocupar las Unidades de Seguimiento y Neurodesarrollo, de forma temporal, hasta tanto hubiera disponibilidad de los mismos, se podrá atender lo dispuesto en el artículo 18.4.b) con profesionales con grado en Psicología o equivalente”.

Para Anpir, la citada ley resulta “arbitraria” por lo que han pedido amparo al Defensor del Pueblo y anuncian que van a impugnar todos los procesos de contratación en los que se use esta modalidad: “Señala una titulación, grado en Psicología o equivalente, que no es habilitante para la realización de actividades sanitarias”. Javier Prado, presidente de Anpir, considera que es “muy grave” que se lleve a cabo porque “las especialidades están definidas por un motivo de garantías mínimas de asistencia al usuario”. A juicio de Prado, “no parece que se estén tomando las mejores decisiones para tener dentro de diez años una mejor sanidad pública para los andaluces”.

Por otro lado, “lo grave también es que se haga con una ley autonómica y que presuntamente contraviene leyes de carácter general en salud pública porque en principio es algo que no se puede hacer”. Debido a la controversia que genera el texto, desde Anpir se han puesto en contacto con la consejera de Salud, Catalina García, para poder dialogar al respecto y saber cómo se justifica “esta toma de decisiones”. Sobre todo, dice Javier Prado, porque “el contexto general está relacionado con esta idea de que no hay especialistas, médicos ni psicólogos clínicos”, pero empiezan a sospechar que se trata de la construcción de un “lamento en forma de relato que permita justificar determinadas medidas”.

Malas condiciones laborales

De acuerdo con la información que manejan en Anpir, Andalucía es una de las comunidades autónomas que tiene peores condiciones laborales para los psicólogos clínicos: “Tenemos numerosos casos de profesionales que han desarrollado programas innovadores y a los que se les han hecho contratos de tres meses. Aunque existe el pacto tácito de que se van a renovar y de que son interinos encubiertos, se han dado casos en los que se ha cesado a personal que necesitaba más meses trabajando para seguir con sus proyectos. Dicen que las bolsas están vacías, pero lo que decimos es que hay que incentivar el trabajo y mejorar las condiciones laborales”.

Esto último los explican con un ejemplo real: una psicóloga recién graduada de Sevilla que hace su residencia PIR en Salamanca y quiere volver a Andalucía para trabajar. Antes de hacerlo, en Castilla-La Mancha le ofrecen un contrato de tres años como mínimo, buena conciliación laboral y perspectivas de investigación clínica, mientras que el SAS le ofrecen una vinculación de tres meses sin asegurarle más tiempo de contrato transcurrido ese periodo. “Nos dicen que no hay especialistas, pero a nosotros sí nos salen los números”, lamenta Javier Prado.

La Consejería quiere una “renovación del sistema”

Por su parte, tanto el Colegio de Psicología de Andalucía Oriental como su homólogo en Andalucía Occidental están estudiando el asunto. En el caso oriental, la presidenta Mariela Checa explica que han presentado alegaciones a la actual ley y que algunas han sido recogidas en la misma. “La queja de Anpir también ha sido una queja nuestra. Reivindicamos que el perfil de psicólogo sanitario es un perfil perfectamente idóneo para esa labor, pero no estamos de acuerdo en que se catalogue a un grado equiparándolo con cualquier sanitario o especialista. Obviamente, no vamos a estar nunca a favor de eso”. Mientras, fuentes del colegio occidental dicen estar valorando la norma para adoptar una postura oficial.

Desde la Consejería de Salud afirman que están buscando una fórmula para “articular la ley en la práctica”, pero que no se plantean un cambio. Al tiempo que aclaran que el asunto de la falta de psicólogos clínicos en bolsa va a intentar corregirse con una “renovación del sistema”: Van a dejar “atrás la web de bolsa única y centralizando todo en la Ventanilla Electrónica de Profesionales (VEC), lo que va a permitir que haya listados actualizados con nuevos méritos o nuevas incorporaciones de profesionales cada dos meses”.