15 años de periplo judicial: la cronología del caso Juana Rivas

Un periplo judicial que dura ya 15 años. Desde que Juana Rivas denunciara a su entonces pareja, Francesco Arcuri, que sería condenado por violencia de género, el caso de la mujer que retuvo a sus hijos para no entregárselos al padre y fue después condenada e indultada parcialmente por el Gobierno ha atravesado numerosos vaivenes que acaban de sumar otro episodio: la Fiscalía italiana ha presentado un escrito de procesamiento contra el exmarido de Rivas, al que acusa de maltratar a sus hijos y el mayor de ellos, Gabriel, ha reclamado por carta que su hermano pequeño regrese con su madre porque corre “un gran peligro”.

En este nuevo giro, la Fiscalía describe que Arcuri sometía a ambos niños “habitualmente a violencia física, vejaciones, insultos y amenazas”, hechos por los que podría ser condenado a siete años de cárcel.

Por su parte, la defensa de Arcuri en España asegura que no se le ha notificado “absolutamente nada” y niega “firmemente” las acusaciones. Pero ¿qué ha pasado desde el inicio del caso?

El comienzo

El origen de la historia data del año 2009. Entonces, una denuncia de Juana Rivas al que era su pareja y padre de su único hijo acabó en una condena por “lesiones en el ámbito familiar” que conllevó para Arcuri una pena de prisión de tres meses y una orden de alejamiento durante año y medio. Tras un tiempo separados, y en línea con cómo suele impactar la violencia machista, volvieron a ser pareja, tuvieron otro hijo y se trasladaron de España a Italia a vivir.

De aquella casa que ambos compartían en Carloforte (Cerdeña), Juana Rivas decidió marcharse junto a sus dos hijos. Lo hizo de regreso a su Maracena natal, en Granada, lugar en el que pidió auxilio al Centro de la Mujer afirmando que huía porque corrían “peligro de muerte” debido a los malos tratos de los que acusaba a su expareja tanto hacia ella como a los dos menores de edad.

Al no regresar a Italia, Arcuri interpuso una denuncia y la justicia obligó a la mujer a devolvérselos a su padre. La granadina desoyó la orden y estuvo durante más de un mes en paradero desconocido junto a sus hijos alegando que lo hacía para protegerles. En aquel momento, el caso saltó a los titulares, se hizo mediático y cosechó el respaldo de buena parte de la ciudadanía que simbólicamente clamaba “Juana está en mi casa” mientras otra parte de la opinión pública cuestionó desde el inicio su testimonio.

La condena

Rivas acabó devolviendo a sus hijos al padre y recurrió al Tribunal Constitucional en dos ocasiones, pero sus recursos fueron archivados y en 2018 fue condenada a cinco años de cárcel y seis de pérdida de la patria potestad por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada por sustracción de menores. Lo hizo el magistrado Manuel Piñar con una polémica sentencia en la que la acusaba de “explotar el argumento del maltrato” y en la que no tuvo en cuenta el parte de lesiones y la condena contra Arcuri en 2009 que, según la defensa de la granadina, daban sustento al miedo que sufría. Además, el juez llegó a preguntarle en sede judicial por qué había regresado con Arcuri a pesar de haberle denunciado años antes.

Posteriormente, en 2021, el Tribunal Supremo redujo la pena a la mitad y Juana Rivas entró en prisión. Paralelamente, la defensa de la mujer solicitó al Gobierno el indulto argumentando que cometió el delito por un motivo “comprensible desde el punto de vista humano” como era “proteger a sus hijos”. En noviembre de aquel año el Consejo de Ministros le concedió un indulto parcial que rebajó la pena de prisión a un año y tres meses, y los seis años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad fueron conmutados por 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

La libertad

A principios de diciembre de 2021 el Tribunal de Cagliari (Cerdeña) estableció que los menores podrían viajar a España a pasar algunos días de la Navidad con su madre, pero el juez Piñar intentó en varias ocasiones que no sucediese afirmando que Rivas “podría representar un peligro para sus hijos”. La Fiscalía acusó al juez de hacer “apreciaciones personales” sobre la mujer y se posicionó a favor de su libertad. Por su parte, Instituciones Penitenciarias concedió a la granadina el tercer grado, de forma que podía permanecer en su domicilio con un brazalete de control telemático.

Finalmente, y tras el recurso de su defensa contra la decisión de Piñar, en 2022 la Audiencia de Granada le dio la razón y suspendió la pena de cárcel contra Rivas. En concreto, la resolución estimaba que en el plazo de tres años la mujer no podrá cometer ningún delito si no quiere volver a perder la libertad y obligó a la granadina a participar en programas de parentalidad positiva.

El juez Piñar, que acumula un historial de sentencias polémicas que incluyen valoraciones sobre “el atractivo” de una víctima, ha estado en el centro de todo el periplo judicial de Rivas hasta el punto de que llegó a querellarse contra su abogado tras acusarle de ser “manifiestamente parcial” en sus valoraciones. Querella que acabó siendo archivada. Además, la defensa de la granadina siempre ha dudado del juez por sus manifestaciones sobre la violencia machista en sus redes sociales. No sólo eso: el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le abrió un expediente disciplinario por una posible “falta grave” precisamente por sus mensajes. El caso fue archivado, pero fue sancionado después por trasladar datos de uno de los hijos de Rivas a un periódico.

La custodia

Mientras el asunto judicial iba sucediéndose en España, Rivas y sus hijos también se enfrentaban a otro procedimiento que se ha llevado a cabo en tierras italianas con el que la mujer ha intentado en todo momento recuperar la custodia de sus dos hijos alegando que estaban en peligro y que su padre les maltrataba. En varias visitas, los letrados de Rivas interpusieron denuncias por violencia machista que fueron archivadas y al mismo tiempo los tribunales italianos fueron decidiendo qué hacer con la custodia de los menores.

Así, en 2019 le habían concedido la custodia exclusiva de ambos a Arcuri, pero Rivas apeló la decisión. En marzo de 2023, el tribunal de Cagliari (Italia) se pronunció en términos similares y le denegó la posibilidad de recuperar la custodia de su hijo menor, que ha continuado desde entonces bajo la custodia de su padre. Sin embargo, el mayor ya había decidido volver en junio de 2022 a Granada con su madre al cumplir los 14 años y tener la edad legal necesaria para poder decidirlo. El joven es el que este miércoles ha pedido amparo a la justicia italiana solicitando que tome medidas para evitar que su hermano Daniel continúe con su padre. “Os hablo por conocimiento directo de lo que mi hermano está viviendo [...] Cuando sufrimos el arrancamiento de nuestra madre, él tenía tres años”, afirma.

En Italia sigue pendiente la orden del Tribunal Supremo de repetir el juicio que negó a Rivas la custodia del menor tras el recurso presentado por su defensa: así, el tribunal considera que en el proceso faltó un análisis en profundidad sobre el interés de los niños teniendo en cuenta que los hermanos viven separados. La defensa de la mujer denuncia que, a pesar de que esta decisión se tomó en abril de este año, hace ya ocho meses, no se ha ejecutado.

El último capítulo del caso ha llegado este miércoles al conocerse que la Fiscalía de Cagliari, tras una investigación, ha encontrado indicios de malos tratos del padre hacia sus hijos. Motivo por el que el Ministerio Público ha solicitado al tribunal que se adopten medidas cautelares para que el menor de los niños, que tiene aún diez años, esté con su madre, ante el peligro que corre su integridad física.