El TSJA entra en la Operación Nazarí y declara ilegal uno de los expedientes urbanísticos que permitió el Ayuntamiento de Granada
La 'Operación Nazarí' está lejos de cerrarse. La causa que supuso la detención del exalcalde del PP de Granada, José Torres Hurtado, sigue en proceso de instrucción después de que Juzgado de Instrucción Número 2 de Granada que la instruye lo haya ampliado a 18 meses más. Pero, paralelamente a la investigación policial, se ha producido un hecho relevante: la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha fallado contra el Ayuntamiento de Granada sobre uno de los expedientes de la propia 'Operación Nazarí'.
En concreto, según la sentencia del pasado 20 de diciembre del TSJA a la que ha tenido acceso este medio, se trata del expediente del Pabellón Mulhacén, uno de los ocho casos principales de la causa Nazarí que investiga la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF). Un asunto que data del año 2006 y que relaciona al Ayuntamiento de Granada con uno de los promotores urbanísticos imputados en esta operación judicial: Roberto García Arrabal. Ahora, el TSJA ha dado la razón a Ramón Arenas, el empresario que denunció este expediente.
Resuelto un lustro después
El procedimiento que se ha resuelto con el fallo del TSJA, contra el que aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, es el resultado de la denuncia que Ramón Arenas interpuso contra el Ayuntamiento de Granada en 2014. En aquella fecha, el empresario solicitaba al Consistorio que se anularan las licencias urbanísticas de la parcela donde se levantaría el Pabellón Mulhacén, promovidas para beneficiar a García Arrabal, porque una de las construcciones había invadido el terreno que desde 2006 pertenecía al empresario Ramón Arenas.
Cuatro años y medio después, el Alto Tribunal reconoce que el Ayuntamiento de Granada obró de manera ilegal con esos expedientes porque permitió que la empresa Fontdeis S.L. construyera y explotara comercialmente, en contra del propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dos edificios destinados para locales comerciales cuando el PGOU solo permitía que se construyeran zonas deportivas es decir, el Pabellón Mulhacén y no el resto de restaurantes y cafeterías que actualmente existen en esa parcela. Sin embargo, estas construcciones se permitieron mediante dos estudios detalle que se aprovechaban de una modificación del PGOU de Granada hecha en 2006 que, a su vez, tampoco se ajustaba a lo que se hizo con esos edificios.
Ramón Arenas, a través de Aremat Formación S.L., denunció la situación tras percatarse de que no solo uno de los edificios, en concreto el Pabellón Mulhacén, había invadido parte de su propia parcela, sino que además eso había sucedido después de que los estudios detalle se hicieran sin que se le notificara nada aunque uno de los edificios ocupaba literalmente parte de su propiedad. Por ello, impugnó un tercer estudio detalle que se realizó ya en 2013 y que es sobre el que el TSJA se ha pronunciado dándole la razón: los edificios que no son el pabellón no se ajustan al PGOU y por lo tanto son ilegales.
Aunque en el fallo el TSJA asegura que no puede estimar la petición de que se anulen las licencias urbanísticas de los edificios comerciales construidos además del pabellón deportivo, sí reconoce que son ilegales. De modo que admite que Roberto García Arrabal se benefició de lo que el Ayuntamiento de Granada de Torres Hurtado y la edil de Urbanismo, Isabel Nieto, decidieron hacer contra el PGOU de la ciudad.
Una sentencia que da peso a la investigación
El propio Ramón Arenas explica a este medio que ha pedido que la sentencia del TSJA se añada a la instrucción de la 'Operación Nazarí' porque su peso parece resultar evidente. Si un tribunal reconoce que el Consistorio cometió actos ilícitos, la investigación policial coge aún más peso. No en vano, la propia Policía Nacional durante la instrucción ha calificado de “organización criminal” a la cúpula del Ayuntamiento de Granada del PP de Torres Hurtado y de su área de Urbanismo.
Ahora, la pelota vuelve a estar en el tejado del Ayuntamiento que dirige el PSOE de Francisco Cuenca desde que en 2016 detuvieran al exalcalde José Torres Hurtado precisamente por la Nazarí. El Consistorio ya sabe que lo que se hizo en el Pabellón Mulhacén, al menos en cuanto a los estudios detalle, fue ilegal. Por lo que podría pedir responsabilidades a los que participaron de aquella operación urbanística ya que aún tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
No obstante, el equipo de Gobierno tiene una tarea bastante compleja en este tema. Así lo asegura a eldiario.es/andalucia su concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, quien sostiene que deben medir muy bien sus pasos porque cualquier error puede suponer un desembolso económico importante para el Ayuntamiento y por ende para los ciudadanos. Será la semana que viene cuando se tomará la decisión definitiva de si presentar recurso o actuar de oficio contra los locales comerciales. Aunque tal y como el edil avanza, un recurso de casación tendría pocas posibilidades de prosperar.
De igual modo, el propio concejal asegura desconocer al detalle qué sucedió en este asunto concreto debido a su complejidad aunque muestra su preocupación por la herencia recibida en expedientes de este tipo. “Pasamos más tiempo mirando hacia atrás que hacia adelante”, sentencia Fernández Madrid quien se lamenta de la herencia recibida por parte del anterior equipo de Gobierno del PP. Y es que el futuro no está nada claro porque la implicaciones políticas y judiciales que puede tener este fallo del TSJA pueden acabar repercutiendo en otros expedientes similares de la 'Operación Nazarí'.
