Jesús Raya Ibar (PSOE) ya no es alcalde de Castilléjar, al norte de la provincia de Granada, desde hace casi un mes. El exregidor renunció a su cargo el pasado 22 de diciembre alegando “motivos personales” entre los que se encontraba cierto “cansancio”. Sin embargo, su dimisión lleva semanas coleando porque coincide en el tiempo con que la justicia haya ampliado el periodo para investigar una denuncia que pesa contra él por la venta de una finca familiar para la construcción de un cebadero de 2.000 cerdos, que surte de cabezas de ganado a una macrogranja a pocos kilómetros en el mismo municipio. El político, que dice no saber que la investigación haya ampliado su plazo porque no se le ha notificado, niega que ambos asuntos estén relacionados y afirma que su marcha la tenía meditada desde hacía tiempo.
Todo parte de la denuncia que hizo la plataforma rural ‘Salvemos el Altiplano’ en noviembre de 2020 contra Jesús Raya por vender presuntamente de manera irregular una finca propiedad de su familia a un ganadero de industria intensiva. En concreto y según la denuncia, el exalcalde de Castilléjar se habría aprovechado de su condición de regidor para obtener beneficio económico de unos terrenos que pertenecían a sus padres. Motivo por el que el Juzgado de Instrucción de Huéscar, encargado de la investigación, apreció indicios de “infracciones penales” y abrió unas diligencias que iban a caducar en noviembre de 2021, pero que el propio tribunal ha ampliado. La investigación se centra en un presunto delito de prevaricación administrativa, pero la asociación que le denuncia, integrada por decenas de miembros de la sociedad civil y rural del norte de la provincia de Granada, aprecia incluso cohecho y tráfico de influencias.
Precisamente la ampliación del plazo para investigar el presunto delito de prevaricación administrativa es lo que llama la atención del asunto porque Jesús Raya dimitió apenas 20 días después de que el juzgado la notificara. Sorprende porque una de las razones que alega el exalcalde de Castilléjar es tener “cansancio” y otras cuestiones personales que tendrían que ver con su familia más directa. Pero esa explicación no convence a ‘Salvemos el Altiplano’. Desde la plataforma, su portavoz Ángeles García-Fresneda se pregunta cómo es posible que esté agotado de trabajar como alcalde “mientras continúa como alto cargo de la Diputación de Granada manejando presupuestos de millones de euros”. Jesús Raya no solo era regidor de Castilléjar, sino que es gerente de Visogsa, la empresa pública provincial de vivienda, suelo y equipamiento.
La investigación que pesa contra él se remonta al año 2015, durante el mismo verano en el que fue reelegido alcalde de su municipio. En aquella fecha, tras pasar por un pleno municipal en el que recibió el respaldo de la mayoría absoluta, vendió dos fincas de su familia a un empresario del sector porcino para que este pudiera instalar allí un cebadero de 2.000 cerdos que surte a una macrogranja situada en la misma localidad. Según explican en ‘Salvemos el Altiplano’, el sistema que sigue este tipo de ganadería intensiva es siempre el mismo.
Hay una empresa matriz que se nutre de otras instalaciones más pequeñas para poder producir carne en grandes cantidades y a precios más bajos. Dicha empresa cuenta con su propio matadero donde realiza los productos que llegan al consumidor final y, a su vez, con macrogranjas de lechones donde miles de hembras porcinas tienen miles de cerdos al año que luego son enviados a cebaderos. En este caso concreto, por el que se investiga a Jesús Raya, la finca se vende para que allí se instale una de estas granjas para cebar a los animales que llegan con 20 kilos y son engordados hasta los 100. Entonces, son enviados al matadero para producir carne.
“Este tipo de cebaderos están en todas partes”, denuncia Ángeles García-Fresneda. “Es un negocio perfecto porque así la granja más pequeña es la que tiene que gestionarse sus purines (residuos orgánicos que acaban impactando en el medioambiente)” y la empresa matriz no tiene que ocuparse de ese aspecto. Además, como ocurre en este caso, los cebaderos tienen una capacidad máxima de 2.000 cerdos para que su construcción no necesite de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que debe otorgar la comunidad autónoma en la que se levanta la granja.
Pese a ello, según denuncian desde la plataforma, lo habitual es que este tipo de industrias de ganadería intensiva soliciten ampliaciones de capacidad una vez que ya están funcionando. Algo que ha ocurrido también en el caso de este cebadero. En ‘Salvemos el Altiplano’ sostienen que Jesús Raya ya había acordado su respaldo a futuras ampliaciones en el momento en el que vendió la finca y que solo se le negó a la granja cuando se acercaba el periodo electoral de los comicios locales de 2019.
Todo ello aparece reflejado en la querella presentada en el Juzgado de Instrucción de Húescar. También que los terrenos se vendieron, presuntamente, “por un precio muy superior al del mercado de fincas de secano de Castilléjar”. Por otra parte, la plataforma rural recuerda que este cebadero además de emitir fuertes olores y contaminar el entorno, se encuentra muy próximo a algunas viviendas que están a 500 metros de distancia. Una situación que puede agravarse si finalmente la Junta de Andalucía acaba concediendo la AAI que ha solicitado este cebadero para poder ampliar su explotación en 2.000 cerdos más. Es decir, duplicar su producción.
Razones por las que ‘Salvemos el Altiplano’ asume que Jesús Raya ha podido cometer cohecho al vender una finca familiar siendo alcalde del municipio en el que se sitúa, tráfico de influencias al inducir al resto de concejales a votar a favor en pleno de todo lo relacionado con la finca y prevaricación administrativa al llevar a cabo la venta “a sabiendas de su injusticia” involucrando al Consistorio. Pese a todo, Ángeles García-Fresneda teme que el asunto se acabe archivando porque Jesús Raya “tiene mucho poder y mucha influencia”.
Sin embargo, el exalcalde asegura que no tiene constancia de que la investigación haya ampliado su plazo porque no le han notificado nada. “Yo no tengo noticias del juzgado de que se haya ampliado el plazo. Lo lógico es que me hubiese quedado de alcalde por tener la querella. Hace tiempo que tenía planificado mi relevo porque llevo muchos años en la alcaldía. Estoy a punto de jubilarme y hay que dar paso a gente más joven, además de algunos problemas de salud”, explica Jesús Raya a elDiario.es Andalucía. No obstante, este medio ha tenido acceso a la resolución del Juzgado de Instrucción 1 por la que se amplía el plazo de diligencias seis meses más: “Se considera necesaria la fijación de un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción”.
Por otra parte, sobre la venta de los terrenos en sí, Jesús Raya esta vez sí ha querido pronunciarse. “Mi padre vendió antes de morir una finca rústica de cinco hectáreas a una persona que ha construido una granja de solo dos mil cerdos, no una macrogranja”. Afirma que la operación se ha hecho con total legalidad y que no ha sido una decisión en la que él haya tenido influencia. “Dicha instalación cuenta con los informes preceptivos favorables. Yo no tengo relación de parentesco con esta persona y no estaba obligado a abstenerme. Además, se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos y mi abstención no hubiese cambiado el sentido de la votación”.
Por último, preguntado sobre por qué no dimite como gerente de Visogsa debido a sus problemas de salud y al cansancio que dice sufrir, tal y como señalan desde ‘Salvemos el Altiplano’, Jesús Raya sostiene que su puesto es “de libre designación y depende del presidente de la Diputación”. No obstante, recuerda que en 2023 se jubila y que ser regidor le resulta más pesado que ser gerente de Visogsa: “Los dos trabajos son importantes, pero, si cabe, el de alcalde tiene más responsabilidad”.
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