El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Motril (Granada) ha rechazado el archivo de las actuaciones contra la alcaldesa de la localidad, Luisa García Chamorro (PP), por presunta malversación de caudales públicos y ha acordado continuar con la causa. De esta manera, la regidora tendrá que ir a juicio acusada de usar dinero público de su grupo municipal para abonar una multa personal por injurias.
En un auto fechado este pasado lunes, consultado por Europa Press, la jueza desestima el recurso de reforma presentado por la alcaldesa contra el auto por el que se acordó que el caso se siga por el procedimiento del tribunal del jurado y en el que García Chamorro interesaba el sobreseimiento de las actuaciones frente a ella.
Esta decisión llega después del auto emitido unos días antes en el que la magistrada sí archiva el caso respecto a las otras dos personas que estaban siendo investigadas. Una era en el momento de los hechos la secretaria del grupo municipal y la otra es una exconcejal del PP que estaba autorizada en la cuenta bancaria. La jueza entiende que en ellas “no puede estimarse debidamente justificada la perpetración del delito”.
Así las cosas, la causa continúa únicamente contra García Chamorro, que está siendo investigada por el presunto uso de dinero público para pagar una multa a la que fue condenada en 2017 por un delito de injurias graves contra un exgerente socialista de la empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamientos de Granada (Visogsa).
Concretamente, la jueza ve indicios de que, entre 2019 y 2020, García Chamorro usó presuntamente dinero del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Motril y del grupo popular en la Diputación de Granada para abonar la multa que le fue impuesta, así como otros conceptos fijados en sentencia.
En su último auto, la jueza insiste en que la dotación económica asignada a los grupos políticos, tanto de los ayuntamientos como de las diputaciones provinciales, tiene un origen público, lo que excluye el carácter de libre disponibilidad que “parece defender” García Chamorro.
Por ello, estos fondos “no deben destinarse a usos particulares ajenos al funcionamiento propio de tales grupos”, como a juicio de la jueza instructora pudo hacer García Chamorro al usarlos para el pago de la citada multa a la que fue condenada, sin perjuicio de lo que pueda acreditarse y resolverse en fases posteriores del procedimiento.
Respecto al hecho de que la regidora restituyera parte del dinero en las cuentas bancarias de los grupos del PP en el Ayuntamiento de Motril y en la Diputación de Granada, sostiene que ello “no supone que proceda el sobreseimiento de la causa o que no existan los indicios de criminalidad expuestos, pues el delito ya se habría consumado” y “a lo más cabría” aplicar una atenuante.
Respecto a las otras dos investigadas, ha concluido que aún cuando hubieran intervenido en la operativa para que se realizara el pago, no está acreditado que hubiera ningún tipo de acuerdo previo con un “propósito defraudatorio”, de modo que supuestamente “habría sido García Chamorro quien ordenó la ejecución de las transferencias bancarias para el pago”.
Ello sin “sin que las otras investigadas tuvieran intervención en la decisión ni capacidad para cuestionar su materialización, pues las transferencias, no puede obviarse, eran ordenadas por quien ostentaba la dirección del partido y amplias facultades de administración y decisión sobre el dinero en la cuenta corriente del grupo municipal”, lo que “sería extrapolable a la transferencia y cheque emitido por la Diputación provincial”.
Por todo ello, la jueza también ha dejado sin efecto las diligencias encaminadas a recibir declaración en calidad de investigadas a las personas que intervinieran en las operativas de pago a García Chamorro en la Diputación provincial. Entiende la jueza que se hallarían “en circunstancias más que parecidas” a las personas sobre las que acaba de ordenar el archivo de las actuaciones.
De esta manera, el juzgado citará “únicamente como testigo en futuras fechas” a la senadora del PP cuya declaración tuvo que ser interrumpida en mitad del proceso para aclarar su situación, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
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