Una joven estudiante de la Universidad de Granada (UGR) ha denunciado haber sido víctima de acoso sexual y acusa a la institución académica de no haber tomado cartas en el asunto. Los hechos se desvelaron durante la entrega de premios del Consejo Social a los mejores estudiantes de doctorado de esta universidad, momento en el que la galardonada aprovecho su discurso para relatar lo que sufrió en primera persona hace diez meses. Noelia Pérez Cámara, la víctima del presunto acoso, afirma que no se ha hecho nada y que sigue obligada a trabajar junto a su agresor. No obstante, la UGR asegura que se le ha abierto un expediente disciplinario al hombre acusado.
Las palabras de Noelia Pérez en el acto de recogida de su premio como una de las mejores estudiantes de la universidad granadina han resonado en toda la comunidad universitaria y han trascendido la misma, situando en el foco la necesidad de ayudar a las víctimas. Porque la joven afirma que hace casi un año fue acosada sexualmente por una persona con la que aún tiene que trabajar como formación de profesorado universitario (FPU) compartiendo espacio. Por ello, considera que la UGR ha hecho una gestión “insuficiente” de su caso, sobre todo si se tiene en cuenta que, como relata Noelia, su agresor tiene “cuatro denuncias por acoso sexual”.
Recordando que la ciencia puede servir como un foro de “denuncia social”, la doctoranda quiso utilizar el micrófono que se le ofrecía para desvelar su situación ante decenas de personas, entre las que se encontraba la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda. La rectora se excusó alegando que la institución a la que representa “cumple con la ley”, “no es una república bananera” y que “profesores y padres pueden estar tranquilos” con la actuación de los órganos disciplinarios de la UGR. Sin embargo, Noelia Pérez dice que las denuncias “han sido ignoradas” y que cada día se ponen encima de la mesa “uno o varios casos”.
“Para hacer ciencia necesitamos espacios seguros”, mantiene la estudiante. Al tiempo que pide que se tomen más medidas para proteger a las víctimas, señala que “el silencio hace cómplices”. No obstante, al igual que la rectora Pilar Aranda, la UGR ha emitido un comunicado con el que aseguran que se ha abordado el tema “de acuerdo a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. Un procedimiento que se ha saldado con la apertura de un “expediente disciplinario”.
Según la institución académica, “una vez trasladada la denuncia a los órganos competentes, la Universidad inició las actuaciones previstas: establecer las medidas oportunas para evitar el contacto entre la parte denunciante y la denunciada, oír a ambas y recabar la información necesaria para proceder a esclarecer los hechos”. Un relato que no casa con la situación que denuncia la doctoranda y que difiere cuando dice que ha de seguir trabajando en el mismo lugar que su presunto agresor. No obstante, la UGR dice ser “la principal interesada en que, de demostrarse ciertas, se sancionen las conductas de acoso sexual cometidas por cualquier miembro de la comunidad universitaria”. Y que eso ha de hacerse “preservando todas las garantías previstas en la ley”.
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