De repente se hace el silencio. No hay nada alrededor que quiera molestar. Ni siquiera los pájaros quieren interferir en la liturgia. El último y delicado esfuerzo de los arqueólogos forenses ha dado su fruto y ha dejado al descubierto lo que centímetros de tierra y olvido guardaban en el barranco de Víznar desde hace 85 años. Los presentes observan lo que son dos esqueletos de personas represaliadas en los primeros meses de la Guerra Civil española en 1936. Nadie sabe sus nombres, pero todos les rinden un homenaje callado a dos seres humanos que fueron víctimas de la barbarie. Un equipo interdisciplinar coordinado por la Universidad de Granada (UGR) y la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH) lo está haciendo posible desde abril y hasta el próximo 5 de junio.
En el barranco de Víznar el reloj lleva detenido más de ocho décadas. Según las estimaciones de la AGRMH, allí permanecen enterradas alrededor de 400 personas, entre ellas el que fuera rector de la UGR, Salvador Vilá. Personas que en muchos casos fueron conducidas hasta el paraje para cavar sus propias tumbas y acabaron recibiendo un disparo de gracia al borde. Sus cuerpos, arrojados sin más, han permanecido ocultos todo este tiempo. Ahora, el sector 2 de este lugar empieza a cerrar las heridas que abrieron las balas de los guardias de asalto y voluntarios de las Escuadras Negras. Sucedió entre agosto y noviembre de aquel sombrío 1936 en el que perecieron todos aquellos a los que los sublevados consideraron contrarios: rojos, republicanos o masones.
Porque Víznar es una de las muestras de que Andalucía es la región de España más castigada por la pedagogía del terror fascista con al menos 45.566 asesinados y 708 fosas comunes, según el Mapa de Fosas. Solo un centenar de estas tumbas ilegales han sido exhumadas –desde el año 2004, con criterio arqueológico– para rescatar los huesos de más de 4.000 personas. El resto de las víctimas sigue en la tierra. Mientras, el tiempo acaba para aquellos a los que la ultraderecha califica de “buscadores de huesos”.
“Si me vas a preguntar por Lorca, no continuamos la entrevista”, dice tajante Francisco Carrión, profesor del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UGR. Él lidera un equipo de arqueólogos forenses que está trabajando en las fosas comunes del sector 2 del barranco de Víznar. En su improvisado laboratorio, situado en el Museo Etnográfico de Víznar, tiene ya los restos de tres individuos de los que se sabe que son hombres y que al menos uno de ellos fue asesinado de un solo disparo. Por eso, por dignificarles y sacarles del olvido, en esta intervención no se quiere hablar de la figura de Federico aunque también fuera asesinado allí y se le haya buscado en varias ocasiones sin éxito, centrando esfuerzos económicos en el poeta granadino y no en el resto de represaliados. “No tenemos nada en contra de él, al contrario, pero estos trabajos son para exhumar a 300 personas que siguen ahí enterradas”, dice Rafael Gil Bracero, profesor de Historia Contemporánea de la UGR.
Sobre las mesas del laboratorio se mezcla la paradoja. Restos etiquetados de seres humanos de hace un siglo y música de hoy para hacer más llevadero un trabajo que Carrión admite que es “difícil y pesado”. En algunos casos es casi voluntario, porque el sueldo que perciben quienes trabajan en las excavaciones apenas alcanza los 1.100 euros. Con una inversión pública de 28.000 euros por parte del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, el dinero sólo dará para que los trabajos se alarguen hasta el 5 de junio. “Después habrá que tapar lo que ya se ha desenterrado hasta que se vuelva a invertir para continuar las intervenciones”.
El arqueólogo cuenta que para sacar cada cuerpo se invierte alrededor de 3.000 euros y su equipo ha de dedicar alrededor de una semana ya que el proceso exige mucho mimo. “Hacemos una primera cata en el terreno para asegurarnos de que los huesos corresponden a cada individuo”. Posteriormente, son ordenados para reconstruir el esqueleto que permita obtener más rasgos de la persona a la que han desenterrado. “Por su estatura o los objetos personales podemos avanzar quién puede ser para después hacer el estudio con el ADN de sus familiares”. Un proceso que, si algún día llega a completarse, duraría más de un año solo con los restos del sector en el que están trabajando.
Observando la escena, en un discreto segundo plano, está Nacho Fano. Lo documenta todo con su cámara para que su familia pueda ser testigo de los trabajos que tratan de desenterrar los restos de su bisabuelo, Pedro Domínguez Mazo. Un hombre, natural de Bilbao, como su biznieto, que tuvo la mala fortuna de estar pasando unos meses en Granada en el momento menos propicio, cuando estalló la guerra. “Estaba trabajando como escultor de restauración en el Banco de España y no estaba metido en política, pero alguien le metió en una lista. Sabemos que era de izquierda republicana, progresista y creemos que le tacharon de masón y por eso se dieron mucha prisa en matarlo. Mi familia no supo nada de él”, lamenta Nacho.
Con la voz entrecortada, este hombre de 42 años sabe lo importante que es para familias como la suya que se les haga hueco en la memoria del país. “En casa casi era un tabú hablar de mi bisabuelo. Se mudaron por miedo a Francia”. Un familiar les dijo de manera extraoficial que le habían matado en Granada, pero Nacho cuenta que él supo lo que le pasó al padre de su abuelo casi de casualidad cuando era un niño. “Una Navidad estábamos en casa reunidos cuando en la tele estaban emitiendo un reportaje sobre Lorca. Mi abuelo, que había bebido un poco, lloró y nos dijo que su padre seguramente estaría enterrado con Federico”. Así comenzó un camino de años que desembocó en una visita a Granada que lo cambió todo.
“Vine para otros asuntos y acabé en la Huerta de San Vicente –la residencia veraniega de la familia de Lorca-. Allí conocí a la guía y le conté la historia de mi bisabuelo. Rápidamente se movió todo y acabé contactando con la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica”. Por casos como este, Silvia González, documentalista en esta institución, insiste en lo importante que es que se invierta dinero para exhumar los restos de los represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo: “Los familiares están demandando que los trabajos que se han iniciado se finalicen del todo”. González recuerda que el tiempo es vital en estos casos porque de la treintena de familias con las que han contactado, en ninguna quedan vivos los hijos de quienes fueron fusilados. “Son segundas y terceras generaciones”.
“Nuestra prioridad es sacar todos los cuerpos que llevan aquí muchos años sepultados”, afirma Rafael Gil Bracero, profesor de Historia Contemporánea de la UGR. Él es quien conduce a este medio a las fosas en las que se está trabajando y cuyo entorno no se parece en nada a lo que era entonces. En 1936 no había pinos, fueron plantados por el franquismo años después para ocultar sus crímenes y el acceso a las tumbas después de los paseíllos previos a los asesinatos era mucho más escarpado e inaccesible que el camino que el Ayuntamiento de Víznar ha adecentado.
En las excavaciones, los arqueólogos trabajan con delicadeza y con una sorprendente habilidad para no confundir los huesos con las piedras. Mucho antes de que asome una pista que pueda ayudar a cualquier novato a identificar un cuerpo, ellos ya saben en qué postura fue enterrado y cuántas personas están junto a él. En la que están trabajando hay solo dos o tres a lo sumo, pero a pocos metros saben que “hay muchos más porque la fosa se ve que es muy grande”.
Allí quizá estén también los restos de un crío que fue fusilado con 23 años y que hoy tiene biznietos que quieren desenterrarlo. “Se llamaba José Aragón Torres, era de Armilla y trabajaba como electricista”, explica Pablo Aragón, su biznieto. Su único hijo, Pepe Aragón, llegó a ser presidente del Granada Club de Fútbol y pasó toda su vida evitando hablar de lo que le ocurrió a su padre. Todo lo que saben en su familia sobre su bisabuelo es casi fruto de la casualidad. Como en muchos hogares, el silencio en torno a su figura se hizo norma.
Pablo, su madre y sus tías empezaron a recabar información sobre el pasado de su bisabuelo cuando murió su hijo Pepe en 2017. “Mi abuelo tenía presente la figura de su padre, pero le dolía mucho recordarlo. Siempre hubo presencia suya en fotos, pero antes no se quería indagar”. De hecho, se instaló un rumor familiar que asumía que, en vez de haber sido asesinado durante la Guerra Civil, se había marchado a Francia. Hoy, gracias al trabajo de Silvia González de la AGRMH, saben más sobre él y sobre su destino en el barranco de Víznar.
“Tenemos conjeturas sobre por qué le mataron. Hay dos: que su hermano estaba metido en política o que él estaba de asesor de diputados en el entorno del PSOE o del Frente Popular”. No saben si fueron a buscarle a su trabajo, pero sí sospechan que estuvo un mes en la cárcel y que en octubre de 1936 fue fusilado. En un escrito que da fe de su defunción, “aparece que falleció en la lucha nacional”. Tras su muerte, su viuda tuvo que vivir siendo madre soltera en casa de sus suegros en unos tiempos difíciles para ello, aunque prosperó y abrió una tienda.
Como todas las familias que mantienen viva la llama de encontrar los restos de sus abuelos, Pablo confiesa que, más que dolor, lo que tienen es “esperanza de poder darle un descanso”. Por eso, reclama más esfuerzos económicos para que las excavaciones no se detengan y no se cierren en falso. “Queremos darle la dignidad que no tuvo en vida. Se dice mucho que murieron de ambos bandos, pero unos tuvieron un entierro digno y otros fueron tirados a una fosa común”. Ellos quieren enterrar a su bisabuelo junto con los restos del hijo del que le apartaron cuando era un bebé de solo nueve meses. Un reencuentro póstumo ochenta y cinco años después que la historia les debe.
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