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Cien jueces de violencia sobre la mujer rechazan el “ataque” de los abogados de Juana Rivas a la jueza que se ha inhibido

Archivo - Juana Rivas. Archivo.

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Un total de 107 jueces y juezas titulares de juzgados de violencia sobre la mujer han suscrito un comunicado en el que muestran su “enérgica repulsa” por el “ataque personalizado” que, según denuncian, ha sufrido la jueza del Juzgado de Violencia sobre la mujer número 2 de Granada por parte del equipo de abogados de Juana Rivas.

“Un ataque personalizado a la compañera, que excede con mucho de un pretendido ejercicio del derecho de defensa”, señala el comunicado de los jueces y juezas, que lo atribuyen a un intento de comenzar una campaña mediática para cuestionar “cualquier decisión judicial” contraria a los intereses de Rivas. Algo que, alertan, menoscaba la confianza de las posibles víctimas en la justicia.

Los abogados de la granadina valoraron esta mañana la decisión de la magistrada de inhibirse en la causa por la que Juana Rivas pide que su hijo se quede en España con ella, evitando así tomar una decisión. La nota de valoración de Aránguez Abogados, firmada por Carlos Aránguez, empezaba señalando a la magistrada: “Quédense con este nombre: Aurora Angulo”.

A continuación, el letrado recordaba que esta jueza ya intervino en el caso archivando la primera denuncia de Rivas contra Francesco Arcuri, en 2016. Algo que, a su juicio, incumplía “flagrantemente” el artículo 17 del Estatuto de la Víctima, que obligaba a traducir la denuncia y remitirla a Italia, algo que no se hizo hasta un año después.

“La equivocación de la jueza Aurora Angulo da inicio a lo que ahora denominamos ”Caso Juana Rivas“, decían los abogados, quienes hilaban ese antecedente con el auto conocido hoy, en el que se considera que los hechos ahora relatados por el hijo menor de Arcuri y Rivas no suponen violencia de género. Los abogados valoran como ”hecho gravísimo“ que una magistrada especializada en violencia de género ”no comprenda lo que es la violencia vicaria, que consiste en dañar o controlar a los hijos para hacer sufrir a la madre“. Al no apreciar indicios de violencia de género, la jueza rechaza asumir el caso, aunque insta a abrir diligencias por un posible delito de violencia doméstica sobre el hijo, en otro juzgado.

En un comunicado posterior, Aránguez dice ser consciente de que en su primera nota “se efectúan valoraciones muy negativas de algunas resoluciones dictadas en 2016 y 2025 por la jueza Aurora Angulo” y asume la responsabilidad “disciplinaria, penal o civil” en la que hubiera podido incurrir. Al mismo tiempo, advierte de que se reserva acciones legales, como una posible reclamación de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.

Una “campaña mediática” para esgimatizar decisiones contrarias a Juana Rivas

La respuesta corporativa de los jueces y juezas especializados en violencia machista entrevé en el comunicado de los abogados una “campaña mediática dirigida a estigmatizar cualquier decisión judicial que pueda resultar contraria a los intereses de la Sra. Rivas”, con el añadido de que se dirige “de manera frontal y directa” contra la jueza Angulo.

“Consideramos que con este tipo de acciones no sólo se busca el desprestigio directo de la compañera contra la que se dirige el ataque, sino en general, contra todos los que titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, respecto de quienes se pretende generar la duda acerca de su capacidad y cualificación profesional”, advierte el comunicado.

El objetivo sería “someter al escrutinio público” cuestiones “estrictamente jurídicas que pasan a ser debatidas en tertulias televisivas, radiofónicas, redes sociales, con opiniones de toda índole, y que muchas veces rozan la frivolidad”, en perjuicio de la lucha contra la violencia de género y la protección de los menores.

Los magistrados subrayan su implicación en la lucha contra la violencia machista y vicaria, y muestran “preocupación y rechazo por este tipo de campañas mediáticas”, que tendría la capacidad de provocar un “efecto disuasorio” al minar la confianza de muchas mujeres en el sistema. “Cuando se desprestigia a una compañera por su actuación profesional en un caso concreto que es objeto de una enorme atención mediática, se desprestigia en definitiva a todo el sistema judicial”.  

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