Denuncian la presencia de más de 500 pozos ilegales en la zona del Altiplano de Granada

El agua vuelve a ser motivo de disputa en el norte de la provincia de Granada. La Plataforma por la Defensa del Río Castril y los ayuntamientos de Castril y Cortes de Baza denuncian que en el Altiplano granadino hay más de 500 pozos ilegales que están secando los acuíferos naturales. Una situación sobre la que llevan alertando varios años y de la que culpan directamente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que lo gestiona por “dejación de funciones” y al Ayuntamiento de Baza por permitirlo mientras solicita un trasvase desde el río Castril que no sería necesario, dicen, si no hubiese esta sobreexplotación acuífera.

En una carta enviada al presidente de la Confederación, Joaquín Páez, denuncian que el Altiplano de Granada en la zona que linda entre Baza y Castril está perdiendo agua subterránea por el uso descontrolado de los acuíferos. La abundancia de numerosos regadíos en este entorno, ubicado en el Alto Guadiana Menor, algunos de ellos sin control, según reconoce a elDiario.es Andalucía la Confederación del Guadalquivir, está esquilmando los recursos hídricos que hay bajo tierra. Miguel Ortiz, presidente de la Plataforma por la Defensa del Río Castril junto con los alcaldes de Castril y Cortes de Baza recuerdan que esta sobreexplotación no es nueva y que está “reconocida por la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la memoria del desarrollo del III ciclo del nuevo Plan Hidrológico (2021-2027) de esta demarcación)”. A pesar de eso, los denunciantes afirman que no se está haciendo nada por evitarlo.

Según sus cálculos, realizados gracias a la información que aporta la comunidad de regantes de Baza, hay más de 500 pozos ilegales en esta zona. “Todos miran a otro lado”, lamentan los denunciantes. La pérdida del agua de estos acuíferos es un problema que está afectando al Altiplano de Granada desde hace varias décadas, por lo que, para esta plataforma rural y los ayuntamientos de Cortes de Baza y Castril, es inexplicable que no se tomen cartas en el asunto. Al contrario, la solución que parte de la Confederación y del Ayuntamiento de Baza es que, ante la falta de agua, se haga un trasvase desde el río Castril que, señalan, “lleva paralizado desde 2011 por el Tribunal Supremo” que declaró las obras ilegales. “El posible problema de abastecimiento de Baza no está en la falta de agua, sino en el descontrol de las captaciones ilegales por parte de la Administración”. Los firmantes de la denuncia recuerdan que la Confederación y el Consistorio bastetano saben del problema y de los perjuicios que ocasionaría a nivel “ambiental y social” dicho trasvase.

La paradoja de un trasvase teóricamente innecesario

Por otra parte, los acuíferos aún tienen recursos hídricos suficientes para evitar que haya que trasvasar agua desde el río Castril, salvo que el número de pozos ilegales siga aumentando. Al respecto, la plataforma y los ayuntamientos que están en contra de esta sobreexplotación ponen de relieve que el propio Ayuntamiento de Baza ya ha recogido en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que cuenta con abastecimiento suficiente para la población bastetana. Así aparece reflejado en el PGOU aprobado en 2010. De ahí que insistan en la necesidad de controlar los pozos ilegales para evitar que un trasvase pueda hacer más daño al entorno. En concreto, este documento señala que el manantial de las Siete Fuentes es una “surgencia natural y aporta agua de buena calidad” al municipio y que “no parece afectado por el elevado número de sondeos existentes en su zona”. Otro motivo más por el que consideran que el trasvase no tendría sentido. Más si cabe cuando siguen creciendo sin control el número de pozos ilegales.

Además de dicho manantial, hay otro aspecto que destacan los denunciantes en la misiva enviada a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: “El pozo llamado San Juan está dentro del perímetro de protección del acuífero de abastecimiento de Baza y, que tengamos conocimiento, lleva más de 20 años utilizándose con inacción de esta Confederación”. Algo que ocurre a pesar de que ha habido denuncias que se han saldado con la prohibición de toda captación. Sin embargo, dicen, el Ayuntamiento de Baza tampoco obró en este caso y no se ha sellado el pozo, a pesar de que hay un fallo que obliga a hacerlo. “Dándose la circunstancia de que, mientras esto estaba sucediendo en el término municipal de Baza y en la zona de protección de abastecimiento a Baza, desde la Confederación se estaba tramitando paralelamente la declaración por emergencia de las obras de abastecimiento desde el río Castril a la altura del pantano del Portillo”. Es decir, se estaba tramitando el trasvase. Para los denunciantes, este hecho es una prueba de “hipocresía” y “mala práctica” por parte de la Confederación del Guadalquivir.

Por todo ello, la plataforma y los ayuntamientos “instan” a la Confederación a que “actúe en consecuencia” para dar prioridad “al agua de consumo humano, que controle las sobreexplotaciones y cierre los pozos ilegales como es su deber como policías de aguas en vez de intentar solventar la inacción llevada a cabo durante tanto tiempo extrayendo el agua desde la parte alta del río Castril”.

Al respecto, fuentes de la Confederación explican a elDiario.es Andalucía que se ha puesto en marcha mecanismo de “teledetección” de regadíos de toda la cuenca. “En los últimos años se hacen campañas específicas en el Alto Guadiana Menor combinando satélites, fotografía aérea y el SIGPAC. En esta zona la abundancia de cultivos impone limitaciones importantes a la teledetección, ya que resulta muy difícil solo con estas técnicas discernir si están o no en riego. Por ello, se hace indispensable el complemento de campañas intensivas sobre el terreno con agentes medioambientales”.

Más control

“En este sentido, los contadores son imprescindibles, no solo porque así lo marca la normativa vigente, sino porque el actual sistema de la teledetección no permite deducir el consumo mediante la teledetección en los cultivos leñosos y, solo de manera aproximada los de regadío estricto”. Es decir, desde la Confederación se reconoce que hay dificultades para poder detectar todos los pozos ilegales a los que se hace referencia en la denuncia. No obstante, “las 3 masas de agua subterránea (Sierra de Baza Oriental y Occidental y Zujar-Baza-Freila) se miden en la actualidad con 6 piezómetros y en 7 manantiales. Se está trabajando para aumentar este número de piezómetros y, por tanto, aumentar el control”. Por su parte, el alcalde de Baza, Manuel Gavilán, se ofrece para “colaborar con las administraciones competentes para evitar cualquier situación irregular, ofrecimiento que también comparten las comunidades de regantes de nuestro municipio”.

Sin embargo, sostiene que el problema de los pozos ilegales no es algo que afecte únicamente a su municipio, sino que es un daño extendido. “Hay que señalar que la existencia o no de pozos ilegales no es algo exclusivo de la comarca de Baza, es un problema endémico en un país en el que hay falta de agua. De hecho, según el Ministerio de Medio Ambiente, existen en España más de 500.000 pozos ilegales (al parecer la mayor concentración se da en Andalucía, la España seca, por lo que es una situación común tanto en la comarca de Baza como en la de Huéscar o en la de Guadix o en cualquier otra). Y no hay que olvidar que, ante la sospecha de la existencia de pozos ilegales, cualquier particular, institución o colectivo está legitimado para denunciar”. El regidor señala que la cifra de los más de 500 pozos ilegales que se denuncian en la zona no tiene por qué ser “correcta”.

Sobre el presunto trasvase, matiza que, “de ningún modo”, se puede establecer “una relación directa entre pozos ilegales y agua para el consumo humano”. “Mezclar ambas cuestiones es querer confundir a la opinión pública”, dice Gavilán. “La defensa de un agua de calidad para los bastetanos y a un precio sostenible va a ser siempre rotunda, porque es lo que se merece la ciudadanía de Baza, especialmente ante una situación como la actual en la que la disminución de caudales hace que esa reclamación sea más urgente que nunca”. Por último, recuerda que debe ser la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la que proponga “la opción más idónea para garantizar ese consumo de agua para los bastetanos”.