Cinco meses después de que elDiario.es Andalucía destapase que Luisa García Chamorro, alcaldesa de Motril por el PP, había utilizado dinero público para pagar una condena y de que varios partidos políticos presentaran una denuncia, la Fiscalía ha abierto diligencias. El Ministerio Fiscal considera que hay indicios suficientes para investigar a la regidora por un presunto delito de malversación de fondos públicos al haber utilizado recursos de las cuentas municipales del Partido Popular para hacer frente al pago de una sentencia contra ella por injurias. Por otro lado, se investiga también a otra concejala de su equipo por su “contribución indispensable”.
El escrito, al que ha tenido acceso este medio, desmonta en 19 páginas las coartadas que utilizó García Chamorro para defenderse por haber cobrado 4.600 euros procedentes de fondos públicos. Cuando elDiario.es Andalucía destapó el caso, la alcaldesa afirmó que había utilizado ese dinero porque era para cubrir “gastos jurídicos que sí se pueden pagar por parte del grupo municipal”. De hecho, dijo que percibió ese dinero “por ser concejal” y que la intervención del Ayuntamiento de Motril había apuntado esos ingresos como “gastos jurídicos”. Sin embargo, fuentes del propio Consistorio aclaran que hace varios años que no se fiscalizan las cuentas de los partidos políticos.
La Fiscalía basa sus diligencias en varios fundamentos. El primero es que habría malversación de fondos públicos porque el dinero que cobra Luisa García Chamorro es una partida que se le asigna presupuestariamente al grupo municipal. Porque esos 4.600 euros los recibe para funciones para los que no han sido autorizados. Por eso, el Ministerio Fiscal entiende que hay que abrir una investigación y que no concurren los principios necesarios para archivarla porque debe aclararse por qué percibió esos fondos públicos para pagar una condena personal. Además, el escrito resalta que García Chamorro devolvió 4.000 euros de ese dinero al destaparse lo ocurrido.
“No solo en los medios de comunicación, sino mediante sucesivos escritos a esta Fiscalía, reconoció la realidad de las transferencias, el ingreso efectivo en su cuenta corriente personal y por ende la disposición de los fondos así como no negó ser la persona que decidió tales traspasos”, apunta el Ministerio Fiscal. Por otro lado, sobre el cobro total de los 4.600 euros, el razonamiento apunta que “siendo cierto que la denunciada aportó una serie de tiques y un documento de donación como modo de justificar la última de las transferencias por 600 euros que completaría el importe de la responsabilidad civil, el fiscal entiende que existen indicios más que razonables para entender que esa cuantía también se transfirió a la cuenta de la denunciada para el pago de la responsabilidad civil de la misma forma que las anteriores transferencias de 2.000 euros cada una”.
En el origen del caso, a la alcaldesa de Motril se le investiga por el cobro de dos ingresos bancarios en su cuenta personal entre el 4 y el 7 de noviembre de 2019, dos meses después de que el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada condenase a Luisa García Chamorro a tener que abonar 4.616,15 euros por injuriar al ex gerente de Visogsa, José Luis Hernández, en el año 2011. Entonces, era vicepresidenta de la Diputación de Granada e insinuó que el ex alto cargo había hecho uso de una tarjeta Visa Oro al margen de su contrato y de su sueldo anual.
Aquellas palabras le valieron una denuncia de Hernández por calumnias e injurias que en principio se archivó, pero que años más tarde acabaría afectando a la regidora. La Audiencia de Granada condenó en 2017 a García Chamorro a pagar en primera instancia 1.080 euros que sí abonó de su bolsillo, según explicó a este medio, y posteriormente a los 4.600 euros por las costas procesales. Una cantidad de dinero que sufragó con los fondos de su grupo municipal, tal y como ella misma ha reconocido, y que ahora han llevado a la Fiscalía a abrir una investigación por un presunto delito de malversación de fondos.
El asunto vuelve a primera línea cuando parecía olvidado. La alcaldesa de Motril, que llegó a estar en una posición de debilidad cuando se destapó el caso, había recuperado terreno dentro del partido provincial gracias a su buena relación con el presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez. Una buena sintonía por la que fue elegida sin rivales como presidenta de los populares de Motril en unas primarias que fueron muy polémicas. Gran parte de las bases le han dado la espalda y la propia alcaldesa asume que el cobro de los 4.600 fue filtrado por “fuego amigo”.
A pesar de ello, García Chamorro ha seguido al frente del Ayuntamiento de Motril sin mayor problema, a pesar de que el propio Consistorio emitió un informe que la desmentía. Ese documento, firmado por el interventor municipal, asegura que la regidora “vulneró” la normativa municipal al usar los citados fondos públicos para pagar su condena. Paradójicamente, apenas dos meses después de la denuncia y de que el informe saliese a la luz, fue elegida como secretaria de Financiación Local del PP de Andalucía. Un nombramiento que entre los militantes ha resultado ser “insultante”.
No obstante, a preguntas de este medio, la dirección provincial de los populares se limita a “respetar” la investigación que se inicie. Como ya ocurriera cuando se destapó el asunto, el PP de Granada opta por dejar sola a la alcaldesa, aunque García Chamorro afirme que contó con el respaldo del partido a nivel granadino. Pero en los populares no quieren mezclarse con algo que, dicen, pertenece a una etapa anterior en la que no gobernaban los actuales dirigentes. De momento, la regidora guarda silencio.
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