La Fiscalía Provincial de Granada investiga un agujero de más de un millón de euros de dinero público que se ha detectado en el Ayuntamiento de Alhendín. El municipio, que es noticia porque desde hace 15 años está abierto el Caso Marchelo en el que políticos y empresarios afines al exalcalde del PP, José Guerrero, habrían malversado supuestamente alrededor de 27 millones de euros, también es el que dirige el actual presidente del Partido Popular de Granada, Francisco Rodríguez. El mandatario popular es el alcalde de la localidad sobre cuya gestión y la del Consistorio el Ministerio Fiscal aprecia posibles delitos de exacciones ilegales, prevaricación y malversación de caudales públicos. El Ayuntamiento le resta importancia a los hechos y asegura que son “errores administrativos” y “anécdotas” que ya se están solucionando.
Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este medio, la apertura de diligencias de investigación se produjo a finales de mayo tras una denuncia anónima que iba acompañada de una auditoría sobre las cuentas de Alhendín durante el pasado año 2020. Este informe, al que también ha tenido acceso eldiario.es Andalucía, detalla una serie de irregularidades que habrían provocado un agujero de más de un millón de euros en las arcas públicas. Una cifra que supone el 15% del presupuesto total del municipio que alcanza los 7 millones de euros, de los que la mitad se destinan para gasto de personal. Ingresos indebidos, subvenciones mal gestionadas o pagos sin justificar son las tres grandes áreas sobre las que pivota la auditoría y sobre las que ha decidido investigar el fiscal Alfredo Wilhelmi.
Es decir, la investigación se basa en un informe interno del Ayuntamiento en el que se señalan todas las irregularidades mencionadas. Cuestiones muy variadas como que el Ayuntamiento de Alhendín cobró la entrada a los vecinos a un certamen de teatro, vulnerando los procedimientos reguladores de gestión y recaudación de ingresos. Sobre eso, la interventora llega a decir que “se han gestionado fondos públicos sin cobertura legal para obtenerlos y sin que se haya tramitado expediente correspondiente. Se desconoce el destino de los ingresos realizados por participación”.
La auditoría, muy detallada en sus 38 páginas, habla de todo tipo de ingresos y gastos que no se justifican debidamente. “Se han advertido importantes irregularidades respecto de la exención de tasas y precios públicos correspondientes a las actividades deportivas, así como por el uso y explotación de dependencias de titularidad municipal”. Según el documento, a los ciudadanos se les ha llegado a cobrar más de lo que viene recogido en la normativa local. Por otro lado, señala la interventora, “cabe destacar la utilización privativa de dependencias de titularidad municipal”. Al respecto, la interventora explica que se han cedido espacios del Ayuntamiento a terceros, para que los exploten comercialmente, sin una concesión administrativa y solo mediante el pago de tasas.
La investigación interna, que ha dado pie a la denuncia y a la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Provincial de Granada, concluye también que en Alhendín se han puesto en marcha expedientes cuya fiscalización no ha sido revisada o no han tenido una intervención previa. Para entenderlo, el informe detalla varios ejemplos en los que se habrían cometido irregularidades. “Merece especial mención la habitualidad con la que se produce la omisión de la función interventora puesta de manifiesto mes a mes”. Durante 2020, continúa el documento, “se han abonado facturas aprobadas con omisión de función interventora por importe superior a un millón de euros”.
Al respecto, la auditoría detalla los 16 expedientes en los que se han cometido irregularidades. Según los datos que aparecen, en cada uno de ellos hay varios miles de euros que no aparecen justificados de ninguna forma. De esa forma, se han producido gastos desconocidos, sin asignación presupuestaria, superiores a los que estipula la Ley de Contratos del Sector Público, sin autorización, duplicados, que vulneran las reglas generaciones de contratación o contratos que superan el periodo de vigencia sin nada que lo justifique.
El informe, entre otras cuestiones, llega a señalar que, en líneas generales, “no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido” o, en su defecto, no se han seguido los requisitos básicos a los que obliga la normativa para controlar este tipo de expedientes. Sin embargo, y a pesar de todas las irregularidades, la auditoría señala que el alcalde y presidente del PP de Granada, Francisco Rodríguez, los ha aprobado mediante resoluciones que les daban viabilidad.
La intervención del Ayuntamiento de Alhendín continúa exponiendo varios ejemplos en los que se han otorgado contratos y dinero público “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido”, entre otras cuestiones. Además, según la investigación de las cuentas municipales, en el caso de la cuenta 413, que tienen todos los ayuntamientos y que sirve para recoger los gastos comunes que tiene un municipio, se ha encontrado que “no hay planificación en la contratación administrativa”, “no se realiza un adecuado seguimiento de los contratos adjudicados”, “muy frecuentemente se producen omisiones de la función fiscalizadora” y, lo que parece aún más grave, llega haber contratos verbales que no aparecen reflejados en ningún documento y que, por lo tanto, no tienen autorización de gasto.
Siguiendo con el análisis, de los 171 expedientes de contratación menor que ha investigado esta auditoría, 44 son de dudosa legalidad. “El incumplimiento que se da ha dado más veces ha sido el de contratos que se han tramitado como menores cuando no tenían dicha naturaleza, es decir, se trataba de suministros o servicios repetitivos, que se hacen todos los años y que de manera sistemática se contratan como menores cuando habría que tramitarse otro tipo de procedimiento, ya simplificado o abierto. Nos referimos al suministro de productos de limpieza, prevención de riesgos laborales, alquiler de maquinaria…”.
Por todo ello, el informe de intervención concluye que hay que llevar cabo varias cuestiones: “Una adecuada planificación de y programación de la contratación pública. Dicha planificación ayudará también a evitar el uso fraudulento de los contratos menores, pues permitirá advertir la realización de prestaciones idénticas en ejercicios sucesivos, y que no se está reaccionando ante necesidades sobrevenidas, desconocidas o novedosas”.
En la auditoría también se considera que “los concejales responsables de cada área no deben permitir que encargados de mantenimiento o empleados de cualquier índole contraten o ”encarguen“ servicios u obras de forma verbal, sin obtener la correspondiente autorización para realizar el gasto”. La investigación recuerda que, si los ediles cometen esa irregularidad, estarán incurriendo en “actuaciones que no están permitidas” que dan lugar “a responsabilidades administrativas o incluso penales, por quien las realiza o las permite”.
Por último, la intervención del Ayuntamiento de Alhendín también se hace eco de las subvenciones que se han otorgado en el municipio. Sobre eso, el documento indica que no hay un plan estratégico aprobado que cumpla con la Ley General de Subvenciones. Además, “no se debe olvidar que una subvención, por su propia naturaleza, no puede contener contraprestaciones a realizar por los beneficiarios y que suelen ser prestaciones propias de contratos administrativos, como en el caso de la Asociación de Iniciativas Musicales de Alhendín. En este caso, entendiendo que, tras ser enmendado el convenio en 2019, la incorrección del 2020 se debe a un error a la hora de tomar como referencia el modelo anterior a la subsanación”. Por eso, el informe recuerda que “los convenios han de concretar adecuadamente y sin lugar a interpretación o confusión la finalidad, proyecto o actividad para la que se concede”.
Fuentes del Ayuntamiento de Alhendín le restan importancia a lo sucedido. De hecho, el Consistorio ha remitido otro informe en el que se explican las irregularidades y se habla de que, entre otras cuestiones, “se habría subsanado el 67% del importe total contenido en la omisión de fiscalización”. Es decir, un 67% del agujero de un millón de euros ya se habría corregido. “Se trata de algún error administrativo que se está subsanando. La propia interventora lo reconoce así y se lo ha trasladado al Ministerio de Hacienda diciendo que está todo correcto. No hay ningún delito, ni ningún asunto legal, solo son advertencias de mejora”, dicen fuentes consistoriales.
Las mismas voces dicen que “el otro día se explicó en el pleno con un escrito de intervención y se quedó en una simple anécdota. No hubo más debate”. Además, anuncian que “se ha aprobado un plan de viabilidad para solucionarlo en dos o tres meses”. Al respecto, este medio ha tenido acceso a dicho plan pudiendo confirmar que existe y que se ha planteado para resolver las irregularidades que aparecen en la auditoría sobre las cuentas de 2020.
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