Si nada cambia, Motril (Granada) tendrá pronto un nuevo gran supermercado y una tienda de deportes. Apenas a unas decenas de metros de estas dos grandes tiendas quedarán los miles de chirimoyos que rodean la parcela, encajonada entre terrenos rústicos no urbanizables. La Fiscalía y el Seprona investigan desde abril estas construcciones en unos terrenos a los que el Ayuntamiento cambió la clasificación urbanística en 2016.
Entre las chirimoyas de las parcelas colindantes, la promotora Godoy Durán está construyendo las naves comerciales para un supermercado Mercadona y un Decathlón. Los terrenos, en la zona sur de Motril, lindan con una zona comercial instalada hace 25 años y una gasolinera, de un lado, y con fincas agrícolas por todos los demás. Entre 2014 y 2016 dejaron de estar protegidos por albergar cultivos tradicionales, y pasaron a ser el destino de las nuevas superficies comerciales.
El Ayuntamiento, primero bajo el Gobierno del PP y en manos del PSOE desde 2015, tuvo que reclasificar los terrenos acudiendo a una figura novedosa: un proyecto de innovación del PGOU. Todos los grupos políticos, excepto IU, estuvieron de acuerdo y votaron a favor en un Pleno celebrado en noviembre de 2016.
El proyecto de innovación, el proyecto de urbanización y las licencias urbanísticas han sido impugnados ante los juzgados de lo contencioso, y el pasado 22 de octubre la Fiscalía ordenó al Seprona que investigue la calificación y clasificación del suelo y si las obras comenzaron sin licencia o se excedieron de la licencia concedida. Sin embargo, las denuncias no han paralizado los trabajos, que siguen avanzando a buen ritmo. Las nuevas naves comerciales ya son visibles, encajadas en una especie de península comercial que se adentra en las plantaciones de chirimoyas.
En abril de 2014, el Ayuntamiento inició el expediente para aprobar una innovación del PGOU, que incluía la reclasificación de una parcela de 21.830,56 metros cuadrados de no urbanizable con protección agrícola a urbanizable de uso terciario. “La reclasificación es una barbaridad. Motril tiene un montón de terrenos ya clasificados sin desarrollar para suelo comercial”, señala Isidoro Albarreal, de Ecologistas en Acción, que igual que la Asociación en Defensa del Comercio Motrileño, lleva años oponiéndose a esta construcción. La asociación anticorrupción AMAyT también ha llevado el asunto a la jurisdicción contencioso-administrativa.
El PGOU de Motril reserva casi 220.000 metros cuadrados para el desarrollo de suelo comercial, siguiendo un modelo de expansión policéntrico. Sin embargo, el Ayuntamiento decidió ubicar estas dos nuevas grandes superficies junto a otro supermercado y en terrenos que debía reclasificar de rústicos (no urbanizables) a urbanos.
Según una fuente del servicio urbanístico del Ayuntamiento, la reclasificación fue una decisión política y una “cuestión de oportunidad”: “Te presentan [el promotor] una propuesta de ampliación de un parque existente. Los suelos comerciales que hay en el PGOU no son solares, están en ladera y el coste de urbanización está estimado en diez millones de euros”. “O se pone aquí o no se pone. Y se decide que se ponga”, añade esta fuente, que pide conservar el anonimato, en relación a cómo se gestó la operación.
En 2016, el arquitecto de la promotora Ángel Gijón también dio a entender en Ideal que Mercadona y Decathlon habían exigido instalarse en ese lugar, que por entonces no era urbanizable: “Las empresas, lógicamente, quieren estar donde ya está el foco comercial consolidado de Motril (…) El grupo Godoy Durán ha apostado fuerte por Motril y compraron esos centros a precio de urbano”.
La alcaldesa de Motril, la socialista María Flor Almón, no ha respondido a las llamadas y mensajes de este diario. Tampoco la promotora Godoy Durán ha devuelto la llamada de este medio. Decathlon y Mercadona remiten al ayuntamiento y la promotora, respectivamente.
Un Plan de Movilidad con normas obsoletas
Los ecologistas han calificado la operación de “pelotazo urbanístico”. Para quienes se oponen a la ubicación, parece que alguien se hubiese empeñado en encajar en ese preciso lugar las nuevas tiendas. La tramitación de la innovación del PGOU, necesaria para la concesión de las licencias, precisa de varios documentos oficiales que contienen datos incorrectos, imprecisos o, cuando menos, muy dudosos.
Por ejemplo, el informe de sostenibilidad económica asegura que el coste de la actuación para las arcas públicas será de cero euros. La obra no genera población y los gastos de alumbrado o jardines corren a cargo del promotor, porque se ha constituido una entidad de conservación. Sin embargo, el informe tampoco recoge la probable extensión de alguna línea de autobús, ni los gastos de limpieza y recogida de basuras.
También es indispensable un plan de movilidad que asegure que las nuevas instalaciones son accesibles y pueden ser evacuadas en caso de necesidad. El acceso a este futuro centro comercial se limita a un carril de vía estrecha por sentido (3,55 metros de ancho, con arcén de 40 centímetros), que no podrán ser ampliados sin expropiar a los dueños de las fincas agrícolas colindantes. Además, un acueducto romano protegido, que en Motril llaman El Candelón, limita en ese punto concreto cualquier posibilidad de añadir carriles. Todo el tráfico deberá ser canalizado por esta carretera en dirección al núcleo urbano o a la N-340, lo que según sus opositores provocará el caos circulatorio.
El Estudio de Tráfico, aportado por la propia promotora, despacha estas cuestiones utilizando una normativa desactualizada que rebaja considerablemente las exigencias realmente vigentes. Así, el plan alude a la Ley del Comercio Interior de Andalucía sin tener en cuenta la modificación de 2014, y utiliza el Manual de Capacidad de Carreteras del año 2000, y no el de actualizado en 2010.
Se contienen en el plan datos que llaman la atención: por ejemplo, la velocidad media se calcula en 65 km/hora, cuando en gran parte se trata de zona urbana (limitada por tanto a 50 km/hora), ignora los accesos a fincas rústicas que parten de la estrecha vía que desemboca en el centro comercial, parte de datos que reducen en un 31% el tráfico que se midió en 2007 e ignora que la densidad de tráfico prevista obliga a construir un paso a distinto nivel, para lo que sería necesario expropiar suelo.
El resultado es que, según un informe de parte aportado al procedimiento contencioso, el plan de movilidad no analiza correctamente la capacidad de la red viaria para soportar el tráfico del futuro centro comercial. Según este informe, no se ha evaluado el riesgo para la seguridad vial que supone encajar dos tiendas de gran afluencia en un lugar adonde sólo se puede llegar por una estrecha carretera de acceso a fincas de chirimoyas. Además, se advierte que será difícil aplicar los planes de evacuación para casos de emergencia, lo que debería haber impedido la aprobación del proyecto y la concesión de las licencias.
Metodología “un tanto peculiar”
Los incumplimientos del plan movilidad motivaron que la Dirección General de Movilidad de la Junta de Andalucía opusiese objeciones rotundas al proyecto. En un informe de 18 de julio de 2014, el jefe del servicio de planificación alertó de que el estudio de tráfico recibido no cumplía con la Ley del Comercio Interior, y que la metodología seguida era “un tanto peculiar” porque no se basaba en “ratios de generación de viajes por clientes (superficie comercial) y trabajadores” sino que empleaba un procedimiento que consiste en suponer que se van a generar los mismos viajes que en la superficie contigua. Alertaba de que parte de la información no estaba documentaba y que había “elementos cuando menos a justificar”.
El promotor ha corregido y ampliado el Plan de Movilidad, pero no consta que la Dirección General de Movilidad haya dado su visto bueno. Además, el informe de la Junta de Andalucía alertaba de una cuestión incorregible: situar un centro comercial de gran afluencia en ese lugar no seguía los criterios de la Ley de Comercio Interior.
Desde el servicio de urbanismo del Ayuntamiento recalcan que el proyecto cuenta con la aprobación de la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía, que debe dar el visto bueno en última instancia. “Todo, absolutamente todo, se ha hecho conforme a la legislación vigente”, insisten.
Los trabajos podrían estar terminados en unos meses, antes de que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia examine la posible acumulación de los procedimientos y legalidad de la innovación del PGOU, y la Fiscalía concluya su investigación. De momento, los obreros trabajan a buen ritmo para terminar cuanto antes.