La jueza de la Operación Nazarí abre juicio oral contra la exedil de Urbanismo de Granada por acoso laboral a un testigo
El Juzgado de Instrucción número 2 de Granada ha acordado la apertura de un juicio oral contra la exedil de Urbanismo, Isabel Nieto, y el exgerente del ramo, Manuel Lorente. La jueza que instruye la causa de la 'Operación Nazarí' ha decidido abrir este nuevo juicio tras la denuncia de uno de los testigos clave que denunció haber sido víctima de acoso laboral y coacciones tal y como se recoge en el auto al que ha tenido acceso este medio.
El testigo que ha denunciado haber sufrido coacciones y acoso laboral es Jacobo de la Rosa. Su nombre es clave tanto en la 'Operación Nazarí' como en el 'Caso Serrallo' porque en su condición de director de Urbanismo realizó informes contrarios a lo que decidían el resto de altos cargos del área en el Ayuntamiento de Granada. De hecho, gracias a sus denuncias se empezó a mover la que es considerada la operación judicial más importante de la historia de Granada capital y que acabó llevándose por delante la alcaldía de José Torres Hurtado (PP) tras trece años consecutivos como primer edil.
Los informes
Jacobo de la Rosa ha pasado los tres últimos años siendo testigo de la 'Operación Nazarí' y esperando su momento. No en vano, ha preferido mantenerse en un segundo plano y esperar a que la justicia le diera su oportunidad para hablar sobre todo lo que le tocó vivir cuando fue director de urbanismo. Pese a que los medios de comunicación han tratado de hablar con él, su respuesta ha sido siempre la de la cautela y la de esperar a que el proceso judicial avanzase. Ahora, con la denuncia que interpuso y que abre juicio oral contra Isabel Nieto y Manuel Lorente, De la Rosa quiere que sea la justicia quien determine si sufrió acoso laboral y coacciones.
Porque el que fuera funcionario de alto rango en Urbanismo estuvo elaborando informes desde 2010 que detallaban lo que se estaba haciendo mal en convenios como el del 'Caso Serrallo' que acabaría dando pie a la 'Operación Nazarí'. Precisamente entonces, cuando señala los actos irregulares, comienzan lo que él ya denunció en sede judicial cuando compareció como testigo de la causa Nazarí. Porque Jacobo de la Rosa explicó en diferentes documentos firmados como director de Urbanismo que su jefa, la concejal Isabel Nieto, estaba manipulando el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a su gusto para beneficiar principalmente al promotor urbanístico Roberto García Arrabal.
Acoso laboral y coacciones
Jacobo de la Rosa ha asegurado siempre que Isabel Nieto y el gerente de Urbanismo, Manuel Lorente, le amenazaron y le coaccionaron para que no emitiera los informes que ponían de manifiesto las irregularidades. Así lo explicó De la Rosa ante la jueza María Ángeles Jiménez que instruye tanto el 'Caso Serrallo' y la 'Operación Nazarí'. En su declaración, el funcionario argumenta que continuó sufriendo acoso laboral cuando, tras dimitir como director de Urbanismo, se marchó a trabajar a Diputación con el entonces presidente Sebastián Pérez (PP).
El acoso continuó después de que Isabel Nieto solicitara a Diputación que Jacobo de la Rosa volviese al Ayuntamiento meses después. Según la versión del funcionario, lo que hizo la edil con ese movimiento que se acabó produciendo fue recluirle en una de las sedes de Urbanismo que no tenía trabajo y en la que le obligaba a emitir informes diarios explicando que no estaba haciendo nada. El objetivo que perseguía Nieto con aquel castigo, según el funcionario, era evitar que Jacobo de la Rosa siguiera denunciando las irregularidades del área de Urbanismo.
Cuatro años de cárcel
Por todo lo anterior, Jacobo de la Rosa presentó la denuncia que ha dado pie a la apertura de este juicio oral. El escrito de acusación presentado por los letrados del exdirector de Urbanismo solicita varios años de prisión tanto para Isabel Nieto como para Manuel Lorente por haber provocado lesiones psíquicas al funcionario.
En concreto, la parte denunciante acusa a Nieto de haber cometido un posible delito contra la integridad moral y por él solicita cuatro años de cárcel, inhabilitación para ejercer cargo público durante el mismo número de años, la obligación de no acercarse a menos de 600 metros del funcionario y la prohibición de comunicarse con él durante cuatro años.
Lo mismo que se solicita para Manuel Lorente. Aunque en este caso también se le acusa de haber cometido otro supuesto delito: el de omisión contra la integridad moral. En este caso, los letrados de Jacobo de la Rosa solicitan las mismas penas. Al mismo tiempo, piden una indemnización de 60.000 euros al Ayuntamiento de Granada como responsable civil subsidiario.
