Granada se une para defender su capitalidad judicial
Granada es, según recoge el Estatuto de Andalucía en su artículo 7, capital judicial andaluza desde 1981, fecha en que en la primera sesión ordinaria del Parlamento de Andalucía se eligió a la ciudad de la Alhambra como tal. Desde entonces y con la renovación del propio Estatuto en 2006, la posición en ese sentido no solo no ha variado sino que se ha acentuado con el paso del tiempo. Sin embargo, la decisión adoptada la semana pasada por el propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Granada viene a dejar en papel mojado parte de dicha declaración por parte del Estatuto según entienden todos los actores sociales granadinos.
La decisión que adoptó el TSJA por 23 votos a favor de 28, con el voto en contra de su propio presidente Lorenzo del Río, de trasladar las dos nuevas secciones penales que se crearán hasta Málaga y Sevilla ha levantado ampollas en la ciudad granadina. Entienden que el TSJA vulnera el Estatuto de Andalucía al cercenar parte de la capitalidad judicial recogida en este al trasladar competencias a otras ciudades andaluzas. Por esa razón todas las fuerzas políticas, sociales y judiciales se han unido a través de una comisión para defender que Granada siga siendo la sede judicial para Andalucía, Ceuta y Melilla.
'Juntos por Granada'
El lema de la comisión que ha impulsado el Colegio de Abogados de Granada es 'Juntos por Granada, capital de la Justicia'. El lema no pretende otra cosa que dejar claro que defienden esa cuestión y que efectivamente cuenta con el consenso explícito y unánime de todas las fuerzas vivas granadinas. Desde el Ayuntamiento hasta la Diputación pasando por el Sindicato de Profesional de Justicia y con el apoyo cerrado de la propia Junta de Andalucía que ya ha mostrado su rechazo a que Málaga y Sevilla vayan a albergar las dos nuevas secciones penales.
Si bien la decisión no es firme, sino que deberá ser avalada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Granada ya ha comenzado a movilizarse para evitar que llegue a suceder. Este martes en el Ayuntamiento de la capital ha tenido lugar una reunión de urgencia en la que el alcalde Francisco Cuenca (PSOE) ha liderado un debate consensuado con la presencia de las altas esferas del Colegio de Abogados, con su vicedecano, Santiago López-Rubio como máximo representante; representantes de todos los Grupos Municipales; el presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso; la delegada del Gobierno de la Junta en Granada, Sandra García; el presidente de la Diputación, José Entrena; el presidente del Consejo Social y Económico de Granada, Santiago Carbó; el decano del Colegio de Procuradores, Gonzalo de Diego; y representantes del Sindicato Profesional de Justicia de Granada.
En el mismo se ha acordado que la ciudad haga frente común ante el CGPJ para pedirle que no acepte la decisión adoptada en la sala de gobierno del TSJA y respete lo dispuesto en el Estatuto Andaluz con respecto a la capitalidad judicial granadina. Para ello han reclamado en primer lugar una reunión de urgencia con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y con el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, para hacerles llegar la oposición frontal de la sociedad granadina con respecto al controvertido traslado.
Cuestiones profesionales y geográficas
La decisión adoptada por el TSJA hace una semana confirmó que al haber una minoría de operadores judiciales de Granada trabajando en este tribunal, los votos iban a acentuar una amplia mayoría en favor del traslado como así sucedió. Quienes votaron a favor deslizan que lo hacen para favorecer la administración geográfica de la Justicia andaluza al estar esta dividida de manera más equitativa entre Granada, Sevilla y Málaga. No obstante, el presidente del mismo órgano judicial, Lorenzo del Río, rechaza esa consideración al entender que es “prematura e injustificada” y que en todo caso supondría “gastos exponenciales” llevarla a cabo.
Por su parte, la Junta de Andalucía confirmó este martes tras el Consejo de Gobierno que no apoyan la decisión del TSJA. De hecho su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, aclaró que se debe respetar lo que dicta el Estatuto de Autonomía de Andalucía por lo que no entienden la polémica que se ha generado. El propio ejecutivo de Susana Díaz ya ha pedido al Gobierno de España y al CGPJ que se respete lo estipulado en el Estatuto. De este modo apoyan la declaración que hace ahora Granada a través de su comisión 'Juntos por Granada, capital de la Justicia' que también anuncia que saldrán a la calle para defender la capitalidad si no consiguen frenar la decisión adoptada por el TSJA.
