A Francisco Puentedura, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Granada, parece no pillarle de nuevas la operación policial que podría acabar con Torres Hurtado como alcalde porque, recuerda, su grupo lleva denunciando desde hace varios años la presunta corrupción urbanística del equipo de Gobierno municipal. Según la investigación, el Ayuntamiento alertaba a empresarios 'amigos' de inminentes recalificaciones urbanísticas para que pudieran adquirir, previamente, los terrenos a bajo precio y hacer negocio.
¿Esperaban ustedes una operación policial que terminase con el alcalde detenido?
Obviamente. Por desgracia, no es una sorpresa y nos esperábamos que acabase la situación de esta forma.
Pero la concesión del parque infantil que se vincula con el caso del Serrallo Plaza data de 2006.
Nosotros remitimos en otoño de 2013 a la Fiscalía una parte de esta historia y ahora se han vinculado otros asuntos urbanísticos que venimos denunciando públicamente desde hace al menos dos años. Siempre se han beneficiado los mismos promotores y los empresarios. Todo forma parte de una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento.
La concejal detenida, Isabel Nieto, entró a formar parte del equipo de Gobierno de Torres Hurtado en 2007, ¿qué papel cree que juega en este asunto?
Hubo un informe de quien fue director del área de Urbanismo, Jacobo de la Rosa, denunciando un montón de irregularidades que Isabel estuvo haciendo lo posible por taparlas. Hicimos una denuncia pública ante la Fiscalía hace dos años que abrió diligencias de investigación, una querella y un proceso de instrucción que ahora mismo se está desarrollando y que, precisamente, se ha ampliado con esta investigación de la UDEF.
¿Qué vienen denunciando y a qué otros casos afecta?
Pues los del Pabellón Mulhacén, del Parque Tecnológico de la Salud, etc. Son todas recalificaciones de parcelas que el Ayuntamiento vende o saca a concesión y que luego se recalificaban para producir un aprovechamiento lucrativo a los mismos empresarios. El común denominador es que siempre son los mismos promotores urbanísticos los beneficados por todas estas actuaciones, en contra del interés público y general de la ciudad de Granada.
¿Todas sus denuncias están de alguna forma relacionadas?
Ahora mismo, el urbanismo en la ciudad de Granada tiene abiertas cinco diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, algunas en proceso de instrucción por los juzgados. Al final pues han relacionado todas estas denuncias con avisos que se han producido y tramas donde han coincidido los mismos empresarios como beneficiarios de toda esta actuación corrupta. Ahora es cuando atan cabos y ven esta trama de corrupción urbanística que llevamos años denunciando. Se habla de tres empresas promotoras implicadas.
¿Y el futuro inminente para el Gobierno de la ciudad cómo lo imagina?
El equipo municipal de Ciudadanos es el que ha estado sosteniendo hasta ahora el equipo de gobierno del Partido Popular. Nosotros hemos dicho que las actuaciones inmediatas requieren de la dimisión del alcalde, de la concejal de Urbanismo y de los altos cargos que han sido detenidos. La responsabilidad política no puede acabar ahí. El PP está en un gobierno en minoría, los grupos de la oposición formamos mayoría en el pleno y es el momento en que los grupos municipales de la oposición tenemos que retratarlo y se tiene que retratar también el grupo de Ciudadanos.
¿Cómo lo plantean?
Nosotros creeemos que para restituir la legalidad urbanística, para acabar con la corrupción en el Ayuntamiento de Granada, el PP no puede estar gobernando ni un minuto más en la ciudad, hay que presentar una moción de censura que cambie el gobierno de la ciudad.
¿En qué cree que puede terminar todo?
Esta trama va a ir a más, con más implicaciones, y espero que esto acabe con una investigación en profundidad por parte de la Policía y los juzgados, caiga quien caiga, con una depuración total de las responsabilidades legales y políticas inmediatas que se adopten, echando al PP del Gobierno de la ciudad. Es muy lamentable que Granada entre en el mapa de la corrupción urbanística en este país.