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La jueza de violencia de género rechaza pronunciarse sobre si el hijo de Juana Rivas debe volver a Italia

Juana Rivas durante un juicio.

Álvaro López / Ana Requena Aguilar

10 de enero de 2025 09:35 h

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La jueza titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada ha decidido inhibirse en la causa por la que Juana Rivas pide que su hijo se quede en España con ella. Es decir, la magistrada considera que no es asunto de su competencia, rechaza pronunciarse sobre las medidas cautelares -si el menor debe volver a Italia con su padre o permanecer con su madre en España- y devuelve el caso al juzgado de instrucción. De momento, y hasta que haya un pronunciamiento definitivo de un juzgado, el menor seguirá con su madre. Así lo ordenó una jueza de guardia el pasado martes después de escuchar al hijo de Rivas. La magistrada dió credibilidad al testimonio del pequeño de diez años sobre el temor de regresar con su padre, investigado en Italia por maltrato a sus hijos.

Desde que el hijo de Rivas llegara a España el 22 de diciembre para pasar con ella y su hermano las vacaciones de Navidad, se han sucedido las peticiones y resoluciones judiciales. El objetivo de Juana Rivas ha sido que el menor se quedara en España más allá de las vacaciones hasta que la justicia italiana resuelva, por un lado, la investigación contra el padre, Francesco Arcuri, por un delito de maltrato contra sus hijos y, por otra, el conflicto sobre la custodia definitiva del niño.

El 6 de enero, un juzgado de Italia rechazaba la posibilidad de que el menor se quedara en España, a pesar de la acusación de la Fiscalía de ese país contra Arcuri. Empezaba entonces el periplo del equipo jurídico de Juana Rivas para intentar que la justicia española paralizara la vuelta del menor a Italia. Finalmente, después de que varios juzgados se pasaran la pelota y de que la Fiscalía insistiera en la necesidad de que la justicia escuchara urgentemente al niño y tomara una decisión, una jueza de guardia citaba al niño para oir su testimonio y ordenaba que permaneciera en España.

Pero esa decisión era eso, una decisión de urgencia. El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 2 tenía la pelota en su tejado y este jueves dictaba dos autos: en ellos insiste (ya lo hizo en otro escrito en diciembre) en que no es un asunto de su competencia al no ver indicios suficientes de violencia de género e insta, en cambio, a que se abran diligencias para indagar sobre un posible delito de violencia doméstica sobre el hijo de Juana Rivas, eso sí, en otro juzgado. Al no considerar el asunto de su competencia, no se pronuncia sobre las medidas cautelares impuestas sobre el menor -su permanencia en España- y reenvía el asunto a un juzgado de instrucción que en su momento tampoco consideró que el caso le perteneciera.

La pelota vuelve, por tanto, a ese juzgado de instrucción. Mientras se resuelve el conflicto de competencias y hasta que un juzgado tome, por tanto, una decisión defintiva, el hijo pequeño de Juana Rivas permanecerá en España. Así lo estableció in extremis la jueza de guardia el 7 de enero, a solo unas horas de que el avión del hijo pequeño de Juana Rivas saliera rumbo a Italia. La magistrada escuchó el relato del niño (era la primera vez que un juzgado citaba al menor) y decidió que debía quedarse con su madre. Lo hizo después de que la Fiscalía pidiera que se escuchara al niño y se tomara con urgencia una decisión. El Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego también reclamó que la justicia tuviera en cuenta el relato del menor y deciera con urgencia.

Después de conocer los autos de la jueza este viernes, el ministerio de Igualdad ha señalado que debe prevalecer el interés superior del menor. “Desde el respeto a la independencia del Poder Judicial y los procedimientos judiciales, el Ministerio recuerda que tanto la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio de Estambul recogen la obligación del Estado Español de proteger y amparar al menor y actuar con la diligencia debida”, ha dicho el departamento de Ana Redondo en un comunicado.

Ocho años de litigios

Los nuevos autos de la jueza titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, Aurora Angulo, se añaden a una larga batalla legal que dura ya más de ocho años. Fue la misma jueza, Aurora Angulo, la que en 2016 archivó la primera denuncia de Rivas en España por violencia de género tras huir del domicilio que compartía con Arcuri y sus dos hijos en Carloforte (Italia). En aquella ocasión, la denuncia, que Rivas interpuso aprovechando unas vacaciones con los niños en España pactadas con el padre, acabó archivada porque la magistrada tampoco apreció que tuviese competencias para ello al tratarse de un ciudadano italiano y de hechos ocurridos en el país transalpino. La jueza tardó un año en enviar la denuncia a la justicia italiana.

Para entonces, los tribunales ya habían ordenado que Rivas entregara los niños a su padre. La mujer desapareció con ellos durante un mes para evitar cumplir la decisión, algo que le valió una condena de cárcel y privación de la patria potestad en 2018 por sustracción de menores. Finalmente fue puesta en libertad tras una reducción de pena y un indulto parcial, y el caso ha generado un debate público sobre los derechos de las madres en situaciones de violencia y la protección de los menores.

Ahora, la justicia italiana decide sobre la custodia del hijo menor de Juana Rivas, Daniel, dado que el mayor, Gabriel, ya vive con ella desde junio de 2022 por decisión propia al alcanzar la mayoría de edad. Hace tan sólo un mes, el menor declaró ante el Tribunal de Cagliari en una vista que forma parte del procedimiento sobre su custodia, que de momento recae en Francesco Arcuri. Por otro lado, la Fiscalía italiana aprecia malos tratos del padre y le investiga por ello.

Medidas de protección

En aquella comperecencia ante el tribunal, Daniel habló de episodios de maltrato por parte de su padre, lo que ha llevado a los abogados de Rivas a pedir medidas urgentes de protección. Según han denunciado, el menor ha sido víctima de “manipulación, intimidación y amenazas” para que modifique su testimonio. Es más, Gabriel, su hermano mayor, también escribió una carta y publicó un vídeo en el que relataba episodios similares de los que él también habría sido víctima cuando vivió junto a su padre.

Los letrados de Rivas insisten en que las denuncias presentadas por Juana son suficientemente graves como para que se tomen medidas en España, argumentando que se trata de un caso claro de violencia vicaria, donde el maltratador utiliza a los hijos como herramienta de control y daño hacia la madre. Sin embargo, la jueza de Violencia sobre la Mujer se ha inhibido señalando que no aprecia “indicios bastantes” de violencia de género y pidiendo incoar diligencias por un posible delito de violencia doméstica en otro juzgado.

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