La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía sigue adelante con su plan de crear el Instituto Andaluz de Salud (IAS). Un proyecto que ya intentó hace un año y que tuvo que desechar por la presión y oposición de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) que veía amenazada su existencia. Ahora, el Gobierno andaluz trata de repetir la jugada y la EASP vuelve a defenderse, pero con el matiz de que ya se ha puesto en marcha el anteproyecto de ley que pone en peligro el futuro de esta institución.
Por eso, en la Escuela no quieren oír hablar del IAS porque su creación supone que la EASP deba desaparecer como está actualmente. Con sede en Granada, esta institución formativa, investigadora y de consultoría sanitaria, lleva más de 35 años siendo una de las entidades más prestigiosas del mundo en materia de salud pública. Entre otros motivos porque tiene convenios con más de un centenar de instituciones similares y porque es centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Alianzas que desaparecerían si la EASP cierra o se disuelve para ser integrada en el IAS que quiere crear la Junta en Sevilla.
Aunque el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha repetido en las últimas semanas que el cierre de la Escuela no está en la hoja de ruta del Gobierno andaluz, lo cierto es que el anteproyecto de ley recién presentado siembra dudas al respecto. Sobre todo, si se tiene en cuenta que a finales de 2020 la Junta de Andalucía encargó una auditoría privada pagada con fondos públicos que ha sido objeto de polémica. En ella aparecía un documento sin paginar que recomendaba directamente la disolución de la EASP. A pesar de eso, Aguirre dice que solo se trata de un informe preliminar que está en estudio.
Cambiar la forma jurídica
Pero más allá de la auditoría, el anteproyecto de ley que ha iniciado la Junta para crear el Instituto Andaluz de Salud no es claro en cuanto a la supervivencia de la Escuela. Porque quiere atajar varios problemas que mencionan explícitamente a la EASP y que ponen en cuestión su organización actual. En primer lugar, el Gobierno andaluz defiende la creación del IAS porque es necesario “racionalizar” el sector público para evitar que haya entidades con fines y actividades similares. Es decir, según la Junta, la EASP debería integrarse en el Instituto porque desempeña funciones parecidas a otras entidades andaluzas.
No solo eso, el anteproyecto también contempla adaptar las personalidades jurídicas de instituciones como la EASP porque sus funciones corresponden a la Administración Pública y no a empresas privadas. Lo que en otras palabras significa que la Junta no quiere que la Escuela pueda tener acuerdos privados con otras entidades similares porque de ese modo se está renunciando a la “protección de los intereses generales”.
Además, la Junta señala en el anteproyecto de ley que otro de los problemas que se quieren solucionar pasa por “la necesidad de un organismo público de investigación (OPI) en el ámbito de salud en Andalucía, que daría mayores posibilidades de desarrollo de la I+D+i en salud frente a la situación actual”. Así como la posibilidad de “dotar a Andalucía de estructuras y figuras de estabilización del personal investigador y técnico-investigador en salud”.
Finalmente, el Gobierno andaluz es claro sobre el objetivo que persigue: “Crear una agencia administrativa denominada Instituto Andaluz de Salud, con carácter de organismo público de investigación e integrar en dicho instituto los medios y capacidades actualmente de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y de la Escuela Andaluza de Salud Pública”. Y añade que no hay alternativa a este proyecto porque el objetivo solo se puede lograr creando el Instituto.
Convenios y alianzas en peligro
Como se trata de un anteproyecto de ley, ahora mismo se encuentra en una fase inicial que permite a cualquiera enviar sus opiniones al respecto. Una oportunidad que no ha dejado pasar el comité de empresa de la EASP que ha emitido su propia valoración sobre el proyecto de la Consejería de Salud que compromete su futuro, según anuncian desde la institución granadina.
Desde la EASP se recuerda que la disolución e integración de la Escuela en el futuro IAS supone el fin de su identidad, de su actividad, de la integridad de sus funciones y del ciclo de conocimiento (investigación, asesoría y formación) en Salud Pública y gestión sanitaria. Además, acabaría con “todas las alianzas creadas en este tiempo que se extinguirían, más de 100 convenios con instituciones privadas que mantiene a día de hoy, así como la extinción de reconocimientos adquiridos como por ejemplo ser centro colaborador de la OMS o la pertenencia a asociaciones internacionales de salud pública y de gestión sanitaria”.
También correrían peligro los más de 160 puestos de trabajo que crea la EASP en Granada y se perderían 14 títulos de postgrado que actualmente imparte (másteres y diplomas) con la Universidad de Granada. No solo eso, según el comité de empresa de la Escuela, si desaparece su personalidad jurídica actual no podrían acudir a “licitaciones internacionales de proyectos de consultoría, docencia e investigación”. Por último, consideran que la creación del IAS y la disolución de la Escuela suponen “un ataque frontal a la ciudad de Granada puesto que la sede social de este Instituto será la ciudad de Sevilla”.
Por eso, la Escuela Andaluza de Salud Pública reivindica seguir tal y como está actualmente. Cumpliendo sus funciones, siendo un referente a nivel internacional y manteniendo su ubicación en Granada. Para lograrlo, el comité de empresa está elaborando un documento que enviará a la Junta de Andalucía para defender jurídicamente su futuro e independencia como institución clave de la sanidad andaluza.