El problema de las becas Erasmus del curso 2011-2012 de los estudiantes de la Universidad de Granada (UGR) llega a su fin. Al menos para los 200 alumnos que en 2014 denunciaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que habían dejado de percibir parte de lo que les correspondía por dichas becas debido a que la Junta de Andalucía había decidido reducir de forma repentina las cuantías económicas contraviniendo su propio Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del año 2008 según denunciaron los propios estudiantes. Tras la sentencia del Alto Tribunal andaluz del pasado mayo que daba la razón a los estudiantes y obligaba al Gobierno autonómico a pagar, la propia Junta ha decidido acatar la decisión y abonar las cantidades que estos alumnos dejaron de percibir hace ahora cinco años.
Aunque la Junta tenía un mes natural para poder presentar un recurso de casación contra la decisión de la Sala de lo Contencioso, la Consejería de Economía y Universidad ha decidido no llevarla a cabo. Pero lo ha hecho con reservas y dejando clara su postura. Para el Gobierno andaluz lo que sucedió entonces no es exactamente lo que han tratado de exponer los alumnos de la UGR. Según la Junta de Andalucía, la administración autonómica “no ha reducido un solo euro del paquete económico dedicado a complementar las Becas Erasmus de los estudiantes andaluces”. No en vano, matizan que lo sucedido en aquel curso trasciende las competencias del Gobierno autonómico.
Ministerio y universidades
“En el curso 2011/12, ante las sucesivas bajadas de la aportación del Ministerio, cada vez más gravosas para las arcas autonómicas, la Junta decide rediseñar las condiciones de su complemento y, en este sentido, informa a las universidades andaluzas como responsables de su gestión”, señalan desde la Consejería de Empleo. Añaden que tras informar a las diferentes universidades, todas se hicieron cargo de la compensación económica a través de fondos propios a excepción de las universidades de Granada y Almería. De esta manera, el complemento que la Junta no podía seguir asumiendo, según su criterio, y que las instituciones académicas llevarían a cabo, ni fue satisfecho por la UGR en este caso ni se informó a tiempo a los alumnos afectados.
Lo que les correspondía a los becarios de aquel curso eran cantidades económicas mensuales que iban desde los 600 euros si no se disfrutaba de beca general del Ministerio de Educación hasta los 900 si por el contrario el alumno sí era beneficiario de la ayuda estatal. Algo que la propia Junta señala en su BOJA de 2008 y que años más tarde solucionaría modificando ese criterio y explicándolo en el mismo boletín al aclarar que debido al descenso en las ayudas desde el Gobierno central desde aquel 2011 se había producido una bajada de un 40% en las mismas que obligaba a cambiar las cuantías de las becas. Sin embargo, en aquel curso 2011-2012 los alumnos afectados no lo supieron y se marcharon de Erasmus sin ser conscientes de que no percibirían el dinero que esperaban y por el que se habían comprometido con estancias en el extranjero para continuar con su formación académica.
La Junta recalca además que “la Consejería de Economía y Conocimiento ha mostrado su total colaboración con la administración de justicia y ha manifestado en todo momento su firme intención de contribuir a la resolución de todas las inquietudes de los estudiantes afectados”. Un hecho que no todos los alumnos comparten, especialmente quienes en primera instancia se dirigieron tanto a la UGR como al Gobierno andaluz para presentar sus quejas por la reducción de las becas.
No obstante, cinco años más tarde, la Junta de Andalucía asume el pago de las cantidades demandadas aunque lo haga mostrando sus reservas con respecto al Ministerio de Educación y a las universidades de Granada y Almería. De hecho, en el caso almeriense fue la propia UAL la que acabó pagando a sus estudiantes en 2014 tras entender el juez del Contencioso-administrativo número 3 de Almería que debía ser así aunque fuera la Junta la que redujera el dinero aportado. Porque, según el fallo, “los alumnos no pueden soportar las consecuencias negativas que se deriven de tal situación si han cumplido con los requisitos”.
Satisfacción comedida
Los principales afectados se muestran aliviados ante la decisión. Si bien celebran que la Justicia les haya dado la razón y que la Junta decida abonar lo que no pagó en su momento, el resto de estudiantes no saben qué pasará con sus respectivas becas. Muchos de ellos desistieron a la hora de denunciar porque se les informaba de que el juicio podría costarles más dinero del que reclamaban. De ahí que ahora parte de los alumnos que restan por percibir aquellas becas estén planteándose reclamarlas también estudiando si lo sucedido ha prescrito o no para poder beneficiarse de la sentencia del TSJA que les ha dado la razón a sus compañeros.