El Juzgado de Primera Instancia 6 de Granada ha condenado a Vox por vulnerar el “derecho fundamental de participación democrática de los actores” de un candidato que se presentó a las primarias de 2020 y que no pudo ni siquiera concurrir a la votación final. El fallo, de 37 páginas y al que ha tenido acceso este medio, obliga también al partido a pagar una indemnización de 72.000 euros (24.000 euros por cada uno de los tres demandantes), así como al pago de las costas, al entender el tribunal que sí se produjo la manipulación del proceso electoral. La justicia entiende que el candidato Ignacio Pozo fue perjudicado frente al entonces presidente en funciones y candidato oficialista Manuel Martín.
La sentencia, contra la que cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Granada, es tajante a la hora de señalar que la formación de extrema derecha manipuló las actas y las resoluciones del Comité Electoral (CEL) para impedir que Pozo pudiera competirle la presidencia a Martín. En concreto, uno de los puntos claves de la decisión del tribunal es que la forma en que se anularon 15 avales de la candidatura denunciante resultó ser poco clara y susceptible de manipulación. De hecho, el juzgado recuerda que, mientras se puso excesivo celo en esos avales, se dieron por válidos tres que no se habían presentado como candidatos.
“Nos encontramos que se dan por válidos avales otorgados a afiliados que ni siquiera se habían presentado como candidatos, mientras que se declaran nulos avales a candidaturas que se habían presentado oficialmente como la de los actores, sin que se conozca el motivo por el que se habían anulado, ni la identidad de los afiliados que habían emitido estos avales declarados nulos, todo ello con el fin de comprobar la veracidad de lo resuelto por el CEL”, señala el tribunal en la sentencia. Una cuestión que para el juez es el “nudo gordiano” que explica la manipulación del proceso.
No obstante, ya durante el juicio la Fiscalía se posicionó del lado de la candidatura demandante al apreciar entonces posibles irregularidades en las primarias de Vox en Granada. Durante la vista, celebrado el 3 de junio tras haber sido aplazado el pasado 12 de mayo, el Ministerio Fiscal desarrolló una argumentación en la que se decantaba por Ignacio Pozo y no por la candidatura oficialista de Manuel Martín, que es amigo íntimo del presidente nacional de Vox, Santiago Abascal. Según informan fuentes jurídicas del caso, el Ministerio Fiscal tuvo claro en el juicio que el sistema informático y los avales pudieron ser manipulados para favorecer al aparato más próximo a la dirección nacional de Vox.
Dos años de batalla política y judicial
Los hechos han dado pie a esta sentencia corresponden a las elecciones internas por la presidencia local del partido en 2020. En aquel año, fruto de un proceso de renovación de estructuras llevado a cabo en todo el país, la dirección granadina de Vox puso en marcha sus primarias para elegir a sus nuevos dirigentes. Hasta ese momento, la formación había estado dirigida por una gestora colocada tras la salida de su expresidente, Julio Vao, al trascender que había cometido un delito de estafa años atrás. Aquella gestora estaba encabezada por Manuel Martín, un político en boca de todos recientemente por ser el 'casero' de Macarena Olona en el caso de su empadronamiento en posible “fraude de ley” en una de sus viviendas de Salobreña (Granada) y amigo íntimo del presidente nacional de Vox, Santiago Abascal.
A dichas primarias, cuyo proceso arrancaba en septiembre de 2020, se presentaron hasta cinco candidaturas, pero a las votaciones finales solo llegó la del propio Martín que optó a la presidencia con su propia lista, considerada por todo el aparato como la oficialista y la designada por la dirección del partido en Madrid. El hecho de que solo Manuel Martín pudiese culminar la carrera por la presidencia y que en el camino se quedasen el resto de rivales levantó suspicacias entre los afiliados y sobre todo en su rival más fuerte: el abogado Ignacio Pozo.
Desde el primer momento su equipo denunció irregularidades en las elecciones internas y elevó primero una queja al comité electoral de Vox y después, tras comprobar que no se tenían en cuenta sus protestas, la candidatura de Pozo presentó una querella por vulneración de derechos fundamentales al impedirle participar de las primarias y solicitó la suspensión y la nulidad del proceso. Una querella que meses más tarde se saldó con la suspensión cautelar de las elecciones internas y que tras un recurso de Vox ha dado pie al juicio que se ha celebrado en el Juzgado de Instrucción 6 de Granada y que ha durado alrededor de cinco horas.
Una gestión sospechosa
Entre los aspectos que Ignacio Pozo y su equipo entendían que estaban siendo irregularidades destacan sobre todo la gestión de los avales y el uso presuntamente fraudulento del sistema informático. Por una parte, aunque Pozo asegura que presentó 120 avales (78 era el mínimo necesario), el Comité Ejecutivo Provincial (CEP) no los validó todos y le dejó fuera de la carrera por la presidencia. Paralelamente, según su argumentación, a la que ha dado crédito la justicia, la candidatura de Manuel Martín había presentado avales de militantes que ni siquiera cumplían con los requisitos para poder participar en los comicios.
Además, el equipo de Ignacio Pozo siempre ha sostenido que varios cargos electos de Vox en instituciones públicas habían mostrado su respaldo explícito a la candidatura de Manuel Martín durante el proceso de presentación de candidaturas, decantando claramente las primarias. Por otro lado, algunos de estos militantes llegaban a hostigar a otros para condicionar su voto asegurando que hablaban en nombre de altos cargos como Macarena Olona.
Todo ello fue recogido en una demanda que ahora, tras las medidas cautelares y el recurso citados, ya tiene sentencia, aunque esta se ha dilatado en el tiempo ya que no podía resolverse al coincidir en el tiempo con la campaña electoral para las pasadas elecciones autonómicas de Andalucía del 19 de junio. No puede haber un fallo judicial contra un partido político que concurra a estos comicios durante la campaña. Por eso, desde el entorno de Ignacio Pozo dan por sentado que Vox provocó el primer aplazamiento del juicio del pasado 12 de mayo para que la sentencia no tuviese lugar antes de los comicios andaluces y no afectase a sus posibilidades electorales.
Cabe recordar que Manuel Martín, que desde hace meses no ejerce como presidente fruto de las controversias generadas por esta presunta manipulación de las primarias y que ha sido sustituido por un exmilitante de Ciudadanos, es amigo íntimo de Santiago Abascal desde que ambos coincidieron políticamente en el PP del País Vasco y veranean juntos desde la década de los 90. Por eso, desde la militancia de Vox se da por hecho que hubo un “dedazo” para poner a Martín al frente del partido en Granada y así controlar a la dirección local para evitar voces discordantes.
Por su parte, Vox ha argumentado que todo el proceso fue “garantista” y que se hizo correctamente. De hecho, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, participó por videoconferencia en el juicio para defender la limpieza del proceso, acompañado en la sesión de hasta una decena de militantes y cargos de relevancia del partido de extrema derecha, entre los que se encontraba el propio Manuel Martín. No obstante, este medio ha contactado con el partido para preguntar por su posición ante la sentencia y si se va a presentar un recurso, pero no ha habido respuesta.