La macrogranja que más contamina de España está en el Altiplano de Granada

Darse un paseo por la Dehesa del Rey en Castilléjar, una población de unos 1.300 habitantes al norte de la provincia de Granada, en pleno corazón del Altiplano, ya no es lo que era. Desde hace un par de décadas, las macrogranjas –entendidas como tales por explotar a miles de animales al año de manera intensiva– le han ganado terreno a la naturaleza y lo que en el pasado eran campos de cultivo, hoy son instalaciones gigantes de cemento y metal en las que se escuchan a los animales encerrados. En estas granjas industriales porcinas nacen cientos de miles de lechones al año que son cebados hasta llevarlos al matadero. Cefusa-El Pozo es la empresa murciana que está detrás de ellas y también la que se encuentra en el punto de mira por tener la macrogranja más contaminante de España, según datos del Ministerio de Transición Ecológica.

Los datos “no son correctos”

Las cifras son llamativas. De acuerdo con la última información disponible del año 2020, la “Explotación Porcina Finca Dehesa del Rey” es la granja industrial que más metano emite a la atmósfera. Cada año, estas instalaciones generan 561 toneladas de este gas de efecto invernadero, más que ninguna otra del país. Pero no es el único que producen anualmente ya que, según la misma estadística, también se emiten 228 toneladas de amoniaco lo que la convierte en la tercera explotación de ganadería industrial de España en este sentido y la primera de tipo porcino. También está entre las instalaciones que más óxido nitroso expulsan a la atmósfera con 1,8 toneladas al año. Por comparar, estas instalaciones generan tanta contaminación como algunas refinerías de petróleo o como el centro de tratamientos de residuos de una capital de provincia como Palencia.

Sin embargo, Cefusa-El Pozo se defiende de estos números alegando que no son correctos porque el sistema de medición no es preciso. “Cumplimos con los umbrales establecidos en la Autorización Ambiental Integrada (AAI). La Administración avala los valores de metano en base a un sistema de cálculo que asigna un coeficiente por provincia que se multiplica por el número de cabezas, pero no tiene en cuenta otros procesos de optimización del purín (transformación en abono destinado a cultivos agrícolas) ni las Mejoras Técnicas Disponibles (MTD) con las que conseguimos reducir esas emisiones. Por tanto, la emisión real de metano en esta instalación es inferior a la que consta oficialmente en el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. Una situación similar sucede con el sistema de cálculo referente a los datos de amoniaco”, explican fuentes oficiales. Sin embargo, en estos números no se incluye la contaminación que generan las llamadas granjas integradoras que pertenecen a propietarios privados y que trabajan para Cefusa.

Una producción enorme de cerdos

No se incluyen porque la empresa murciana señala que las instalaciones de Dehesa del Rey se componen de 10 granjas que empezaron a instalarse hace 20 años, pero un paseo por la zona permite ver unas cuantas más. Estas que no están en la estadística son las granjas integradoras mencionadas. Para entenderlo, el sistema es sencillo. Las macrogranjas que Cefusa-El Pozo tiene en Dehesa del Rey son las conocidas como lechoneras que son las instalaciones a las que van a parar miles de cerdas reproductoras que tienen unos 25 lechones al año cada una de ellas.

En la granja industrial más grande de la zona hay alrededor de 23.000 cerdas que tienen unos 650.000 lechones anualmente. Estos animales luego son enviados a las empresas integradoras donde son cebados hasta alcanzar los 100 kilos para mandarlos al matadero que Cefusa-El Pozo tiene en Alhama de Murcia. Estos granjeros privados cobran un canon por parte de la empresa murciana por cebar a los lechones, pero la contaminación que generan no se suma a la estadística de las granjas industriales de Cefusa-El Pozo en Dehesa del Rey, siendo los mismos animales. Además, como la producción de cerdos no termina de compensar los gastos de estas integradoras, los propietarios piden periódicamente que se amplíen sus instalaciones para albergar más lechones a los que cebar.

El conflicto de los nitratos

El problema que se suma a todos estos datos de contaminación es el que tiene que ver con los purines. Así se les llama a los restos orgánicos que generan estas granjas industriales. No obstante, según explica un extrabajador, estos purines tienen restos de todo tipo. Paseando por el entorno ya no son visibles las balsas a las que se arrojan estos desechos, aunque sí se pueden apreciar por satélite, pero ha habido momentos en los que se han ubicado muy cerca de núcleos de población o incluso de cementerios. Ángeles García-Fresneda, portavoz de Salvemos el Altiplano, una plataforma rural que lleva años luchando contra la expansión de esta industria a la que consideran muy dañina, explica que estos purines han generado “mierda y olores insoportables para los vecinos que vivimos en esta zona”. En un recorrido realizado por este medio en Dehesa del Rey el olor ya no es tan perceptible como hace tiempo, pero sigue siendo desagradable en algunos puntos. “Tampoco sabemos realmente cuántas granjas hay porque somos conscientes de que algunas están ocultas detrás de los cerros para que no podamos verlas”, afirma.

El otro problema derivado es que los acuíferos del entorno también se ven afectados por estos purines, según la plataforma rural. Según explican extrabajadores de la empresa con los que ha hablado elDiario.es Andalucía, tras dividir los residuos de las balsas de purines, el líquido resultante, que tiene una gran cantidad de nitratos, se transporta en camiones para que se deposite en el campo que hay alrededor. Este proceso se suele hacer por la noche, cuando termina la jornada en las granjas, por lo que el olor llega a ser “nauseabundo” y provoca “ganas de vomitar” en los lugares más próximos al sitio donde se arrojan estos restos, relatan testigos. Además, como acaban filtrándose bajo la superficie, estos restos pueden llegar hasta los acuíferos y contaminarlos. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica sobre la concentración media de nitratos en los acuíferos de España en el periodo 2016–2019, el entorno de la Dehesa del Rey tiene, al menos, un punto en el que los nitratos alcanzan una media de entre 25 y 40 mg/l. Diversos estudios apuntan a que cuando la concentración supera los 25 mg/l, el agua se contamina.

“Se están realizando analíticas periódicamente para determinar la calidad tanto de aguas subterráneas como de suelos, cuyos resultados se emiten anualmente al órgano competente (es uno de los condicionados de la Autorización Ambiental Integrada)”, aseguran fuentes de Cefusa-El Pozo. “No se han apreciado valores analíticos anormales ni variación respecto a los niveles que había antes de construirse las granjas, en torno a 5 mg/l, diez veces menos del límite establecido por la OMS para agua potable”. Para precisar más sobre la posible contaminación por nitratos, este medio ha consultado a la Catedrática de Geodinámica de la Universidad de Granada, María Luisa Calvache. La experta dice que la masa de agua del entorno “aparece en buen estado químico”. Lo que no significa, dice, que no esté contaminada porque puede existir pero que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, responsable de este lugar, aún no la haya detectado y por lo tanto no aparezca en los datos.

La elevada profundidad a la que se encuentra el nivel freático de los acuíferos (140 m según el dato que aportan fuentes de Cefusa-El Pozo) y las escasas precipitaciones de la zona (300 mm según dato aportado) son dos factores que, en principio, no favorecerían la contaminación de las aguas subterráneas. Calvache asegura que “habría que tener en cuenta otro factor importante que sería la permeabilidad de los materiales sobre los que se asientan las granjas. Esto puede favorecer más o menos la transmisión de los nitratos hasta alcanzar la zona saturada del acuífero”.

Un entorno que ha perdido población

Una situación contra la que luchan en Salvemos el Altiplano desde hace varios años. Ángeles García-Fresneda es una de las personas más activas en la plataforma y es ella la que acompaña a elDiario.es Andalucía en un recorrido por la zona para ver cómo estas granjas industriales han poblado claramente el entorno. De hecho, su penetración es tal en Castilléjar que en el ambiente de esta población se percibe que hablar de las macrogranjas es un asunto tabú. Nadie quiere hacerlo y quien lo hace es de forma anónima. Unos 40 trabajadores de Cefusa-El Pozo son vecinos de este municipio, lo que supone que un número elevado de familias del mismo se ven afectadas de forma directa o indirecta por esta industria. “La gente no suele hablar de eso. Hay muchos defensores porque estamos en un pueblo pequeño. Imagínate que, en un pueblo de 1.000 personas, todo el mundo tiene familiares en las macrogranjas, y hay gente que piensa en el daño que hacen, pero los trabajadores, por supuesto, no hablan”, dice a este medio uno de estos exempleados que prefiere permanecer en el anonimato.

Según datos de Ecologistas en Acción, la expansión de la ganadería industrial en localidades como Castilléjar ha coincidido con una pérdida importante de población de en torno al 25% en los últimos 20 años. Ángeles García-Fresneda lamenta que “las macrogranjas estén destrozando un sitio tan precioso”. La Dehesa del Rey era hace décadas un lugar de encuentro para las familias de la zona y por ella se podían ver a animales pastando libremente en granjas de ganadería extensiva que ya han desaparecido. Hoy, solo quedan las construcciones que un día albergaron a ganaderos que daban de comer a sus familias y que ya han sido expulsados del lugar, incapaces de competir contra un gigante como Cefusa-El Pozo.

“La gente ya no puede ni quiere vivir aquí porque el empleo que generan es precario y el ambiente es muy hostil”, denuncia Ángeles GarcíaFresneda de Salvemos el Altiplano. Un exempleado asegura que el entorno de trabajo es desagradable por las presiones que sufren, hasta el punto de que el convenio laboral que tienen es muy estricto con los días de libre disposición para cobrar 1.400 euros mensuales como sueldo base. Además, “no es algo que pueda hacer todo el mundo porque son labores difíciles y que resultan chocantes para muchos”.

El debate sobre el empleo joven

Cefusa-El Pozo niega que su implantación genere pérdida de población: “La ganadería asienta el territorio por el empleo que genera e incentiva el de otras actividades indirectas vinculadas al sector. Por cada empleo en la producción animal, se generan 5 en la industria auxiliar”. En estas instalaciones, dicen, trabajan 160 personas tanto de este municipio como de alrededores. “En zonas rurales se asientan poblaciones donde la pirámide demográfica está envejecida con alto porcentaje de personas jubiladas. Estas granjas dan empleo a la gente joven del lugar y evitan que haya un éxodo del campo a la ciudad, creando nuevas familias que se arraiguen en estas zonas”. Una cuestión que no comparten los lugareños que sí se atreven a mencionar el tema y que culpan a esta ganadería industrial de haber expulsado a muchos jóvenes y familias que no quieren vivir en un entorno contaminado y en el que los malos olores, los ruidos de los animales y el continuo ir y venir de camiones transportando cerdos son la tónica dominante.

Por su parte, el alcalde de Castilléjar, Emilio Sánchez, niega que las granjas industriales estén detrás de la despoblación que padecen. “Todos los pueblos del medio rural que conozco han perdido población”. Explica que con las macrogranjas hay “demasiada manipulación” y que “no son tan buenas como pintan algunos ni tan malas como pintan otros”. No obstante, los datos de contaminación no son discutibles, más allá del método de medición del que se queja Cefusa-El Pozo afirmando que el nuevo sistema que se va a implantar llamado ECOGAN será más preciso. Sobre ese aspecto, la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía dice que hay que apostar por “un debate sereno, responsable y comprometido a fin de afrontar los retos una actividad ganadera que es vital para las zonas rurales de Andalucía. Un debate que cuente con el sector agroalimentario y tenga en cuenta la sostenibilidad ambiental y económica de esta actividad”.

Al mismo tiempo, dado que la contaminación y la despoblación se está produciendo en la provincia de Granada, este medio ha preguntado sobre estos temas a la Diputación de Granada que prefiere guardar silencio alegando que las macrogranjas no son algo sobre lo que tengan competencias. Llama la atención porque el exalcalde de Castilléjar, Jesús Raya Ibar, es un alto cargo de este organismo provincial que dejó su puesto como regidor hace pocas semanas, justo cuando la justicia amplió el periodo para investigar la venta de unos terrenos familiares para ampliar una granja integradora cebadora de cerdos para Cefusa-El Pozo.