Vecinos de la localidad de Motril y la delegación en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) han puesto en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno que el Ministerio de Interior está ejecutando actualmente obras para adaptar las antiguas instalaciones militares del Escuadrón de Vigilancia Aérea (EVA-9) en un centro temporal de migrantes y sin contar con la preceptiva licencia para desarrollar los trabajos.
En un escrito fechado este lunes 11 de junio, la APDHA pide a la Subdelegación que dé cuenta, en su caso, al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad que proceda, e inicie la investigación correspondiente o que, en su caso, remita la petición a las autoridades competentes.
El Ayuntamiento de Motril, que el pasado 9 de mayo dictó orden de paralización de las obras que Interior había iniciado, insiste en que el antiguo cuartel “no hay obras ni licencia para ellas”, y que el pasado viernes el inspector municipal de obras “no vio movimiento” en el lugar, dicen fuentes municipales. Desde el Ministerio de Interior no han atendido la petición de información cursada hace ya varios días por parte de eldiario.es Andalucía.
“A pesar del rechazo manifestado por toda la ciudadanía de Motril y el posterior compromiso del exsecretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, numerosas personas han puesto en nuestro conocimiento la continuidad de las mismas”, dice sobre las citadas obras el escrito de la APDHA, que pide a la Subdelegación que traslade el escrito a la propia Secretaría de Estado de Seguridad.
La versión de la asociación la corrobora Sonia Hidalgo, vecina de Motril y creadora del grupo de Facebook 'Motril dice no', ha señalado a este medio que cuentan con “bastantes pruebas” de que en el lugar se siguen realizando trabajos. Señala que están realizando “turnos entre los vecinos” para “poder demostrar” que “nuestra creencia como pueblo es que allí se se sigue trabajado” y “a unas horas intempestivas, a escondidas”. “Estamos sin dormir y muy preocupados por todo esto”, señala.
Este periódico ha podido comprobar, a través de fotos y vídeos, que en el interior de las antiguas instalaciones militares existe el tipo de movimiento que denuncian los vecinos, que apuntan a “entrada y salida de camiones de una empresa constructora de Murcia, un agujero en la reja por donde entran los operarios, etc”. “Tenemos certeza de que no se han parado las obras”, resume esta vecina portavoz pese a lo que mantiene el Ayuntamiento.
Un “edificio versátil”
El Ministerio del Interior había considerado hace un tiempo que el mejor lugar para acoger temporalmente en Motril a las personas migrantes que alcancen costa española a través del mar era este antiguo acuartelamiento. El Ayuntamiento, al comprobar que las actuaciones de rehabilitación iniciadas carecían de licencia, paralizó las obras. La sabida saturación de los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) ha obligado a las autoridades a buscar soluciones alternativas e improvisadas a la acogida de migrantes que llegan en patera.
Nieto relató entonces que se paralizaron las obras a instancias del Ayuntamiento de Motril aunque hizo constar que, a su juicio, el carácter de emergencia y de interés nacional de la intervención permite que la licencia de obras y todo el trabajo previo pueda subsanarse con carácter posterior, si bien se optó por la paralización para no generar “un conflicto” con la autoridad local y planteando “una solución” que “no obligue” a “poner en la calle” a los migrantes una vez transcurridas las 72 horas que establece la legislación española como tiempo máximo para tenerlos bajo custodia policial.
“No reúne las condiciones para una asistencia humanitaria”
La intención de Interior es crear un centro de gestión de todo tipo de emergencias, según dijo el entonces secretario de Estado de Seguridad en una reciente visita a Motril y no sólo las vinculadas a la llegada de pateras. El Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Motril, ubicado en el puerto y que opera durante las primeras 72 horas desde la llegada de personas migrantes, recibió las críticas del Defensor del Pueblo Español, quien tras una visita en noviembre de 2017, solicitó su cierre “por no reunir unas condiciones mínimas para una inicial asistencia humanitaria”.
Por su parte, la campaña 'CIES No Granada', formada por más de 20 organizaciones de la ciudad, ha exigido a la Junta de Andalucía que se posicione contra “el CIE encubierto de Motril”, recordando el compromiso adquirido a través del Foro Andaluz de la Migración el pasado marzo.
'CIES No Granada' considera que, independientemente del nombre que se use (CIE, centro de emergencias o cualquier otro), el antiguo cuartel militar no debe utilizarse como centro de detención y expulsión de personas migrantes y “comparte con motrileñas y motrileños su rechazo a la apertura de este centro”, e igualmente, lo hace desde “un compromiso con la defensa de los derechos y la dignidad de las personas migrantes”.El Plan General de Ordenación Urbana, asimismo, prevé que el espacio, sin uso militar desde 2008, se destine a fines de equipamiento público educativo.