El proyecto de construcción de la línea de 400 kv entre Baza y Caparacena –que Red Eléctrica de España (REE) sostiene que es una infraestructura clave para que circule una gran cantidad de energía eléctrica a través de fuentes renovables y sin necesidad de usar la estación de carbón de Carboneras (Almería), y que dinamizaría económicamente a Granada y a Andalucía oriental– se ha vuelto a encontrar con la oposición de la plataforma ‘Di no a las torres’. La asociación, que componen alrededor de medio centenar de miembros de la sociedad civil, insta a la Junta de Andalucía a que sancione con siete millones de euros a Red Eléctrica por haber empezado las obras sin todos los permisos ambientales necesarios.
A través de varios recursos de reposición, sobre los que la Junta no se pronuncia, tiene un mes para resolverlos y a los que ha tenido acceso este medio, solicitan al Gobierno andaluz que eleve la multa que ya le ha puesto a la empresa que tiene concedida la construcción de la llamada “línea 400”. Porque la Junta sancionó el pasado 17 de noviembre a Red Eléctrica con 240.401 euros por iniciar las obras entre Baza y Caparacena sin contar con la Autorización Ambiental Unificada (AAU) que se exige en Andalucía para que estas construcciones puedan empezarse legalmente. Pero para la plataforma ‘Di no a las torres’ esa cuantía es muy baja si se tiene en cuenta que la entidad eléctrica ya ha logrado unos beneficios de varios millones de euros con la línea 400, según la información que maneja la asociación civil.
“No tiene sentido imponer la multa mínima exigible en estas situaciones, dado el nivel alto de intencionalidad de REE. Además, esa multa es mucho menor que el beneficio obtenido por REE con su acto ilegal”, sostienen desde la plataforma. Según Joaquín Torres, uno de los miembros, Red Eléctrica ya ha ganado unos 12 millones de euros, de acuerdo con sus estimaciones, en el proyecto de la línea 400. Cifra que REE no confirma ni desmiente. Además, la ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 2007 por la que la Junta ha puesto la sanción, recoge que las infracciones “muy graves” pueden suponer una multa de entre 240.401 euros hasta los 2,4 millones de euros. Y como el Gobierno andaluz considera que lo que ha hecho Red Eléctrica iniciando las obras es un acto muy grave, se pone de manifiesto que la entidad ha sido multada con la cuantía más baja posible.
Un problema de permisos
Lo que ocurre con la línea de 400 kv que REE quiere instalar entre Baza y Caparacena se explica desde varios puntos de vista. Por un lado, hay una parte de la sociedad civil, que forma parte de la plataforma contra la red, que considera que la infraestructura sería muy peligrosa para el entorno natural por el que está previsto que pase, especialmente si se tiene en cuenta que atravesaría el Geoparque de Granada, recientemente incorporado al catálogo que la Unesco tiene de este tipo de enclaves singulares. Además, desde la asociación ‘Di no a las torres’, algunos de sus miembros se verían afectados por las obras porque parte de las mismas suponen la expropiación de terrenos que son de su propiedad.
Por otro lado, Red Eléctrica defiende la construcción de la línea basándose en que Granada y Andalucía oriental están en un “agujero” eléctrico dentro de España. Si se observa el mapa que muestra este tipo de infraestructuras en nuestro país, se puede ver cómo en el sur de Castilla La Mancha, Jaén, Granada y parte de Almería y Murcia no hay ninguna red de las denominadas como “autopistas” de la electricidad. Por eso, a principios de siglo, Andalucía solicitó la puesta en marcha de una infraestructura de este calado que finalmente fue aprobada y que desde 2011 está viviendo una serie de episodios que frenan su ejecución.
Aquel año, la Junta aprobó una Declaración de Impacto Ambiental o DIA a favor de la construcción de la línea 400. Este paso era esencial para que la red pudiera instalarse sin perjuicio para el medio ambiente, según los criterios del Gobierno andaluz. No obstante, aquella DIA tenía una validez máxima de 8 años que caducaban en diciembre de 2019 si antes de esa fecha no se habían iniciado las obras. Jorge Jiménez, delegado de Red Eléctrica en Andalucía, explica a eldiario.es Andalucía que “en 2015 la línea desapareció de los planes del Gobierno central y todo el proyecto que se había iniciado se tuvo que detener”.
El representante andaluz de REE sostiene que aquello fue un “revés muy importante, porque, aunque 8 años parezcan mucho tiempo, un proyecto de este tipo conlleva mucho trabajo detrás”. Es decir, cuando el Gobierno central detuvo la línea 400 en 2015, el tiempo se puso contra el proyecto porque a esa fecha aún no se habían iniciado las obras que exigía la DIA para que su validez no expirase. “Hubo mucho interés por parte del Gobierno andaluz y de ayuntamientos como el de Baza para que la línea no se perdiera y se volviese a apostar por el proyecto”, explica Jiménez.
“Sin que nadie se lo esperase prácticamente, en 2018 el Gobierno revisó de nuevo sus planes y volvió a incorporar la línea entre Baza y Caparacena a ellos”, cuenta el delegado de Red Eléctrica en Andalucía. El problema es que entonces ya habían pasado 7 años desde la DIA y apenas les quedaba uno para poder empezar la construcción de la línea antes de que esta expirase. Sin embargo, ese no era el único escollo que le faltaba al proyecto para poder iniciarse sin más contratiempos dado que aún necesitaban otro permiso más, que es el que hoy enfrenta a las plataformas con Red Eléctrica y que ha motivado la sanción de la Junta: la Autorización Ambiental Unificada (AAU).
El caballo de batalla
Jorge Jiménez reconoce a elDiario.es Andalucía que las obras se empezaron porque, aunque hacía falta la AAU, “con la DIA ya era posible hacerlas”. Además, según explica, “no quedaba otra porque si esperábamos a que se aprobase la AAU, la DIA perdería su validez”. Un hecho que para la plataforma es irregular hasta el punto de que consideran que las obras son ilegales porque no han contado con los permisos necesarios para ejecutarlas. Algo en lo que la Junta de Andalucía les da la razón por la multa de 240.401 euros que ha impuesto a Red Eléctrica, pero desde la entidad se niegan a tildarlas de ese modo.
“El Gobierno andaluz ha puesto la multa mientras daba la Autorización Ambiental Unificada, por lo que era un trámite normal”, sostiene Jorge Jiménez. Dicha AAU fue aprobada en septiembre, dos meses antes de que se impusiese la sanción por empezar las obras irregularmente. Para Jiménez, “la AAU es importante, pero sirve para completar la DIA en algunos detalles muy concretos”. Por eso, considera que con la DIA ya había argumentos suficientes para iniciar unos trabajos que empezaron en lugares “donde la AAU no hacía falta”.
Pero estos argumentos no convencen a la plataforma que cree que Red Eléctrica está cometiendo una ilegalidad con la construcción de la línea, al tiempo que pone en peligro el medio ambiente, según el criterio de los denunciantes. Además, desde ‘Di no a las torres’ censuran que la red supondría la construcción de miles de molinos eólicos, apenas supondría trabajo directo para los ciudadanos locales y no sería necesaria si se apostase por el autoconsumo eléctrico, aseguran.
Al respecto, el delegado de REE en Andalucía desmiente que se pueda abastecer a toda la región con fuentes de autoconsumo, que no habría miles de molinos, “como mucho serían 100 en toda la provincia de Granada”, aunque no explica si la plataforma está en lo cierto cuando denuncia que la línea apenas daría trabajo a la población de la zona por la que pasaría. En todo caso, para Jorge Jiménez no cabe duda de que “el proyecto va a salir adelante y será una buena noticia para Granada que tendrá con esta infraestructura algo tan importante como la llegada del AVE”.