Regantes de la zona norte de Granada rechazan la instalación de una planta fotovoltaica porque invade 700 hectáreas de terrenos agrícolas

La llegada de la energía solar como fuente renovable de electricidad al norte de la provincia de Granada se ha encontrado con la oposición de ciudadanos y regantes de Baza y Caniles. No por la energía solar en sí, si no por el proyecto y el lugar. El proyecto de construcción de una planta fotovoltaica entre estas dos localidades del altiplano granadino ha provocado la reacción de centenares de personas que han mostrado su oposición a la instalación de una infraestructura que invade 700 hectáreas de terrenos agrícolas. Mediante alegaciones al proyecto, esperan que la empresa que tiene la concesión de la obra, Ququima Energy, modifique sus planes. Algo a lo que no se cierra la entidad.

La planta fotovoltaica que se quiere instalar entre los términos municipales de Baza y Caniles supone la expropiación forzosa de terrenos de más de un centenar de propietarios. La mayoría de ellos son agricultores que tienen olivares, cultivos de cereales o almendros, entre otros. Explotaciones agrícolas que son el motor económico de la zona y que, como defienden los trabajadores del campo, constituyen el último escudo contra la despoblación rural de la zona que ha perdido miles de habitantes en las últimas décadas.

Con un presupuesto de más de 90 millones de euros, Ququima Energy quiere construir una planta fotovoltaica aprovechando la instalación de la red de 400 kV que está ejecutando también Red Eléctrica de España, también con oposición de grupos de ciudadanos y asociaciones. La entidad defiende que la infraestructura pretende precisamente combatir la despoblación del altiplano granadino al crear una instalación que generará puestos de trabajo, aunque no especifica cuántos, y dinamizará económica e industrialmente la zona. Un argumento que no convence a regantes, agricultores y vecinos porque temen que las consecuencias vayan a ser justamente las contrarias.

Sí a las renovables, pero no así

José Antonio Azor, presidente de la Comunidad de Regantes Siete Fuentes Negratín, cree que en este caso han fallado todas las administraciones y asociaciones, entre las que se incluye: “Se tenía que haber creado un comité que decidiera dónde se iban a implantar las nuevas energías renovables. Donde todo se respete”. Deja claro que no están en contra de este tipo de proyectos, pero sí de que se hagan de esta manera, mediante “expropiaciones forzosas” que “ponen en peligro” las plantaciones agrícolas a las que afectan.

Por otro lado, el representante de los regantes se pregunta cómo va a afectar esta planta fotovoltaica al proyecto de regadío que llevan desplegando desde hace 30 años en las comarcas de Huéscar y Baza. Como el altiplano granadino es una zona en la que llueve poco, la agricultura del territorio lleva tiempo trabajando para crear una red de regadío que permita dotar de agua a 7.000 hectáreas de terreno que desarrolle al sector agrícola. Sin embargo, “este proyecto de Ququima choca frontalmente con el nuestro y pone en peligro el futuro de miles de familias que viven de la tierra”.

La construcción de la planta fotovoltaica se encuentra actualmente en un periodo de alegaciones abierto por el Ministerio de Industria hasta el próximo 29 de abril. Varias asociaciones y propietarios han presentado ya sus escritos contra el proyecto de Ququima Energy y se espera que en los próximos días se sigan sumando más alegaciones como la del Ayuntamiento de Caniles, el municipio más afectado por las expropiaciones. Según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre las características del proyecto y las expropiaciones que han de hacerse, el Consistorio pierde alrededor de 160 hectáreas de suelo municipal. La alcaldesa de la localidad, María Pilar Vázquez, lamenta la falta de comunicación con la empresa constructora y el peligro que corre la economía de sus vecinos si la planta se construye sobre sus terrenos.

Daño económico

Como los regantes, en el Ayuntamiento de Caniles no están en contra de que se creen instalaciones de energías renovables, sino que lo que les preocupa es que se haga en zonas agrícolas. “Hay mucho terreno que no afecta a nadie y que podría utilizarse”, dice la alcaldesa de Caniles. Por eso, trabajan para evitar que la planta fotovoltaica sea considerada de utilidad pública porque no creen que la infraestructura vaya a ser el motor económico que se anuncia ya que, asegura la regidora, se acaba con “tierras fértiles a las que se les saca más beneficio por producción agrícola que desapareciendo dentro de una planta fotovoltaica”.

María Pilar Vázquez se fija en otros lugares de España y en las movilizaciones que hacen vecinos y agricultores para mantener la fe en que el proyecto de Ququima no se construya en estos términos. “Vamos a seguir manifestándonos y llevando a cabo las acciones que sean necesarias para que se nos tenga en cuenta”. La alcaldesa no confía en encontrar el respaldo de la Diputación de Granada ni de la Subdelegación del Gobierno porque el vicepresidente de la Diputación y el nuevo delegado del Ejecutivo es Pedro Fernández y mientras fue alcalde de Baza, el otro municipio afectado, mostró su apoyo a esta planta fotovoltaica.

Este medio se ha puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno en Granada para obtener la versión oficial sobre las alegaciones y quejas recibidas por regantes, agricultores y vecinos que se oponen a la construcción de estas instalaciones. Fuentes de la institución dicen que, como el proceso sigue adelante, esperarán para pronunciarse cuando acabe el periodo de alegaciones y el Ministerio de Industria se pronuncie.

Por otro lado, Ququima Energy, en declaraciones a eldiario.es Andalucía, se muestra abierta a modificar el proyecto si existen quejas coherentes en ese sentido. Sin embargo, como Subdelegación del Gobierno, esperarán a que acabe el plazo para presentar alegaciones para valorarlas. En todo caso, desde Ququima Energy sostienen que no todas las protestas que se están verbalizando son ciertas, pero que están dispuestos a abordar los problemas hablando con todas las partes implicadas para que “sientan el proyecto como suyo y no como una invasión”. Algo en lo que no coincide el Ayuntamiento de Caniles cuya alcaldesa dice que la empresa no ha hablado por primera vez con ellos hasta hace unos días.