En las últimas semanas se han sucedido tres iniciativas con las que sanitarios y periodistas han puesto en evidencia que se han cansado de las formas de Jesús Candel, más conocido como Spiriman, líder de las movilizaciones en Granada contra la fusión hospitalaria que llevaron a la Junta de Andalucía a rectificar esta política de gestión unificada de los centros hospitalarios. Básicamente porque este médico responde con todo tipo de insultos y difamaciones a los periodistas que cuentan cosas que no le gustan mientras que entre sus propios compañeros hablan de “ataques machistas y acoso psicológico” si no le siguen el juego.
El último ha sido un comunicado este lunes del Colegio de Periodistas de Andalucía, que ya condenó las formas de Spiriman hace un año, cuando lo más suave que llamó a un periodista de Radio Granada fue “maricón”. Este colegio ha vuelto a calificar de “inaceptables” las “descalificaciones personales, los insultos y las amenazas (evidentes o veladas)” a profesionales de la información por parte de Jesús Candel. En este sentido, observan “ha subido el tono”, respaldado para ello por sus miles de seguidores en redes sociales que multiplican su mensaje.
“Como ya defendimos hace tiempo, entendemos que cualquier defensa o crítica sobre la labor que realiza un periodista en el ejercicio de su profesión no deben estar nunca basados en las descalificaciones personales ni en la difusión de cualquier ámbito de su vida privada”, apuntan desde el colegio.
Ya la pasada semana se inició una campaña de recogida de firmas en la plataforma change.org exigiendo que la Fiscalía de Granada actúe de oficio contra él. En una carta, firmada por un centenar de personas, sobre todo médicos y enfermeros, exponen: “Estamos en contra de la corrupción y a favor de la sanidad pública, pero no creemos que crear un clima de miedo y odio sea el mejor camino para lograr esos fines”. Se refieren a “las acusaciones sin pruebas, las campañas de difamación, el señalamiento de quienes opinan distinto para su linchamiento virtual, las amenazas, la difusión de datos privados, los ataques personales y a colectivos concretos, a menudo de carácter machista y homófobo” como “una constante en los mensajes dirigidos por este señor en las redes sociales y en los medios de comunicación”.
“Según él, los políticos (excepto los de un partido) son ladrones, los sindicatos (menos el suyo) están apesebrados, los médicos que no le siguen son corruptos y los periodistas que hacen su trabajo de informar sobre lo que ocurre desde distintos puntos de vista están a sueldo de la Junta de Andalucía”, exponen en la carta que ya lleva 1.500 firmas de apoyo.
Se trata, en cualquier caso, de una campaña de la que el propio Spiriman se ríe en su perfil de Facebook cuando escribe: “Escrito que va pasando por ahí para denunciarme a fiscalía por generar odio o no sé qué pollas más”.
De todas formas, la tercera es la carta más seria a la que se enfrenta Jesús Candel. Se trata del escrito que está estudiando la Comisión de Igualdad del Hospital Virgen de las Nieves y que fue presentado por una treintena de compañeros del doctor que se hacen eco de los vídeos en los que, desde sus redes sociales, “se insulta” a personal sanitario, cargos intermedios y responsables políticos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Junta de Andalucía, empezando por la presidenta Susana Díaz.
Los firmantes hablan de “ataques machistas y acoso psicológico”. Tras ser evaluado este escrito por la citada comisión, hace falta conocer el pronunciamiento de la gerencia y qué decisión toma. Igual que el SAS deberá pronunciarse sobre varios expedientes iniciados por denuncias que directamente han puesto sanitarias que se han visto amenazadas, según confirman representantes sindicales, si bien la Consejería de Salud se niega a corroborar este extremo y ofrecer información sobre el tema por protección de datos.
El Colegio de Periodistas de Andalucía se pronunció hace un año contra los ataques personales a profesionales de la información dentro de la campaña promovida por el doctor Candel y seguida, en la calle y en las redes sociales por miles de ciudadanos, contra la fusión hospitalaria. En fechas recientes, la campaña ha subido de tono y apunta una vez más a profesionales de la información.
Como órgano defensor de los derechos y deberes de los periodistas, el Colegio Profesional de Periodistas se ve en la necesidad de precisar varios asuntos:
- El Colegio de Periodistas considera inaceptable llevar la defensa de una causa, por justa que sea, al terreno de las descalificaciones personales, los insultos y amenazas (evidentes o veladas) de profesionales de la información ni de ningún ciudadano. La libertad de expresión, en ningún caso, ampara este tipo de recursos que pueden tener, además, consecuencias penales.
- Del mismo modo que existe la confidencialidad médico-paciente, a los periodistas les asiste el derecho a no revelar la identidad de sus fuentes de información. Algo que solo un juez puede obligar a hacer y en causas muy concretas y justificadas.
- Los medios de comunicación no deben hacerse eco de informaciones reveladas por cualquier fuente. Debe existir un proceso previo de confirmación o comprobación o la existencia de documentos que prueben el asunto denunciado.
- El Colegio de Periodistas entiende que existe una separación clara entre las informaciones y artículos que se publican en un medio de información y aquellas opiniones que libremente cada cual, como ciudadano, vierte por redes sociales.
- Como ya defendimos hace tiempo, entendemos que cualquier defensa o crítica sobre la labor que realiza un periodista en el ejercicio de su profesión no deben estar nunca basados en las descalificaciones personales ni en la difusión de cualquier ámbito de su vida privada.
El Colegio recuerda que cualquier persona que considere que se ha vulnerado el Código Deontológico de la profesión o que se ha producido mala praxis por parte de algún profesional, puede acudir a la Comisión de Deontología y Garantías del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía que tiene entre sus funciones “resolver expedientes incoados por una reclamación de ciudadanos o ciudadanas sobre prácticas que vulneren el código deontológico y mediar en conflictos deontológicos de los profesionales con su empresa o con otros compañeros, a fin de ofrecer criterios que contribuyan a garantizar la deontología del periodista frente a otros posibles intereses de partes”.