Juana Rivas deberá ir a prisión, pero el Tribunal Supremo reduce a la mitad su tiempo de condena. La madre de Maracena, cuyo caso fue muy mediático en julio de 2017 tras desaparecer junto a sus hijos para no entregarlos al padre de estos alegando que corrían un “peligro de muerte”, tendrá que entrar en la cárcel después de que el Supremo haya ratificado que cometió un delito de sustracción de menores. Sin embargo, el alto tribunal corrige la sentencia que impuso en primera instancia el Juzgado de lo Penal 1 de Granada en el verano de 2018 y penaliza a la granadina con dos años y medio de privación de libertad en lugar de los cinco a los que fue condenada entonces.
Así, el Supremo disminuye la pena contra Juana Rivas, pero mantiene la pérdida de la patria potestad durante seis años. El tribunal ha entendido que la granadina debía ser juzgada por una única sustracción por unidad familiar y no por dos sustracciones ilegales por cada uno de los hijos que tuvo con su expareja, Francesco Arcuri. Lo que sí confirma la decisión judicial es que la mujer se llevó de forma irregular a los niños aprovechando un viaje a Granada pactado con el padre de ellos en la primavera de 2016. Juana Rivas se quedó en su pueblo, en Maracena, buscando el apoyo del Centro de la Mujer de Maracena alegando que ella y sus hijos estaban siendo maltratados por Arcuri.
La decisión adoptada por el Supremo llega después de que la defensa de la granadina hubiese pedido la libre absolución de la acusada o, en su defecto, que se le condenara solo por uno de los dos delitos de sustracción de menores y no por los dos, lo que que ha hecho que se le reduzca la condena a dos años y medio de prisión y no a cinco. Un extremo en el que ha estado de acuerdo la Fiscalía.
La resolución del Tribunal Supremo llega 12 días después de lo previsto. En un primer momento, la fecha señalada para que el alto tribunal decidiera sobre el futuro procesal de Juana Rivas era el 14 de abril, pero la acumulación de temas en el orden del día retrasó la decisión hasta este lunes. Una fecha en la que ha tenido lugar el último capítulo del entramado judicial en el que entró la granadina en cuanto desoyó la obligación de devolver a sus hijos a su padre en el verano de 2017.
El 26 de julio de aquel año, Juana Rivas debía entregar a sus hijos a su padre en el Punto de Encuentro Familiar, pero no lo hizo porque consideraba que estaban en “peligro de muerte”. Sobre la mujer pesaban ya dos órdenes que iban en su contra. La primera de diciembre de 2016 cuando la justicia española dictó una orden para obligar a la granadina a devolver a los menores a su padre y la segunda, en junio de 2017, cuando se le otorga la custodia de los niños a su expareja, Francesco Arcuri.
Aconsejada por el gabinete del Centro de la Mujer de Maracena, Rivas decide evitar la entrega y huir con los niños durante un mes. En realidad, según fuentes del caso, siempre estuvo localizada, pero dada la peculiaridad de la situación y para proteger la integridad mental de los menores, los cuerpos policiales esperaron a que Juana se entregara de forma voluntaria el 28 de agosto, tras fracasar todos sus intentos por evitar que sus hijos se volviesen a Italia.
Desde entonces, los niños han permanecido en Carloforte, bajo la custodia de su padre. Hasta allí ha podido viajar la madre para verlos en un régimen de visitas pactado que se saldó con varias denuncias de Juana Rivas por presuntos malos tratos de Francesco Arcuri sobre sus hijos. Todas las querellas fueron archivadas por la justicia italiana, al considerar que no se sustentaban y que no eran “creíbles”.
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