El Consorcio de Transporte Sanitario de Granada cambia de manos. Tras más de dos décadas en manos de varias entidades entre las que destaca sobre todo Ambulancias Alhambra por dar trabajo a la mayor parte de la plantilla, una sentencia resolvió el pasado otoño que se había cometido un error en el último contrato firmado en 2018 que obligaba a anular la licitación. Merced a una denuncia por dicho problema, SSG y Ambulancias M. Pasquau son las empresas beneficiarias del nuevo consorcio y las que operarán a partir de octubre. Una situación que preocupa a los técnicos de emergencias que trabajan actualmente en las ambulancias granadinas ya que no están convencidos de que las nuevas entidades puedan ofrecer “un servicio digno” ni de que se vayan a respetar sus empleos. Las aludidas dicen tener una “solvencia totalmente demostrada” y Salud se limita a dar cumplimiento de una orden judicial.
Pero los técnicos en emergencias insisten en que lo que está en juego es el transporte sanitario de toda la provincia. Es decir, la cobertura en este ámbito que utilizan casi un millón de habitantes tanto para emergencias como para situaciones programadas. Actualmente, el consorcio está formado por seis empresas que, desde hace 25 años, realizan este servicio en tierras granadinas. La mayor entidad de todas es Ambulancias Alhambra que aglutina a más del 60% de la plantilla con alrededor de 250 de los 400 técnicos que realizan esta función de transporte sanitario. Es el comité de empresa de esta compañía el que más está presionando para llegar a una solución que satisfaga a las partes y que, según defienden, pasa por una nueva licitación.
Piden una nueva licitación porque temen que sus puestos de trabajo corran peligro y no están seguros de que SSG y Ambulancias M. Pasquau puedan dar cobertura a los 174 municipios de la provincia de Granada con los recursos necesarios. El actual Consorcio de Transporte Sanitario está en un periodo de prórroga de la licitación mientras se resuelve cómo entrarán las nuevas empresas. Esta prórroga finaliza el próximo 30 de septiembre y la Consejería de Salud tiene hasta entonces para establecer las condiciones en las que trabajarán los nuevos operadores. Un periodo que para los trabajadores debería aprovecharse para establecer una nueva licitación para que el actual consorcio y las nuevas empresas puedan presentarse con unos pliegos actualizados a las necesidades de 2023 y no a las de 2018 cuando se firmó el último contrato.
Presión para una nueva licitación
Andrés Dorado, presidente del comité de empresa de Ambulancias Alhambra, considera que es “vital” que se les tenga en cuenta. “No podemos olvidar que en este asunto todos somos pacientes y tenemos que tener un servicio digno”. Dorado asegura que no les importa el nombre de las empresas que conformen el consorcio, pero sí que se pueda asegurar que tienen los “recursos suficientes” y que se respeta a los trabajadores. “Por lo que sabemos, SSG y Pasquau tienen muchos problemas laborales en las zonas en las que trabajan. Sin ir más lejos, en Córdoba sus empleados se han manifestado pidiendo un nuevo concurso”.
Aunque el cambio de consorcio en la provincia de Granada se produce por una sentencia judicial, más de la mitad de la plantilla de profesionales creen que hay margen para establecer una nueva licitación: “Está en juego el transporte sanitario de 174 municipios”. Como medidas de presión, además de plantear un calendario de movilizaciones, están enviando cartas a cada ayuntamiento para exponer cuáles son los problemas a los que se enfrentan si no se lleva a cabo un nuevo concurso para un nuevo consorcio. “Actualmente tenemos 198 ambulancias y 400 profesionales, pero las nuevas empresas no se han puesto en contacto con nosotros para comunicarnos nada. El silencio es absoluto y no nos fiamos”.
Además, desde la Delegación de Salud se ha solicitado un listado de trabajadores subrogables lo que ha generado desconcierto entre la plantilla. “Queremos que se respeten todos nuestros empleos y ese listado los pone en duda”. Muchas dudas que hacen que cerca de 300 trabajadores estén exigiendo a Salud que se firme una nueva licitación o que las nuevas empresas del consorcio demuestren “fehacientemente” y por escrito que tienen los medios suficientes para dar el servicio, que se respeten los derechos laborales de los profesionales y que se garantice que cada municipio de la provincia tiene la cobertura de transporte sanitario que necesita.
“Solvencia demostrada”
Manuel Terriza, presidente de SSG Ambulancias y representante del consorcio que empezará a funcionar en Granada en otoño, trata de despejar las dudas que hay sobre el futuro del servicio: “Nuestra solvencia está totalmente demostrada”. Recuerda que es una sentencia judicial la que les otorga la adjudicación, aunque no duda en que “el movimiento se demuestra andando” y que, si no cumpliesen con lo pactado, “al igual que se ha retirado al actual consorcio, se nos retirará a nosotros”.
Con respecto a la plantilla, Terriza afirma que se van a respetar a “todos los subrogados”, pero matiza que solo a aquellos que tengan su condición de subrogables adquirida. “Han de estar en precios de mercado porque estas licitaciones vienen de la época franquista y tienen los sueldos como les da la gana”. Por lo tanto, según explica, no se ejerce un “libre mercado” ni son salarios de mercado ni es lo que viene recogido en los convenios colectivos. “Estamos ante una situación cacical”. Se estudiará caso por caso y se subrogarán aquellos que tengan la condición para serlo.
Por su parte, la Delegación de Salud recuerda que “las sentencias hay que cumplirlas” y que en ese sentido no hay margen para establecer una nueva licitación: “Los tribunales se han pronunciado con una sentencia en la que el proceso se retrotrae anulando la asignación a la empresa adjudicataria y otorgándosela a la otra empresa concursante (fueron dos las empresas que concursaron). Esta sentencia, como está claro, hay que ejecutarla y así se ha expuesto en las múltiples reuniones que se han mantenido con los representantes sindicales, responsable del Consorcio de Transporte Sanitario, comité de empresa...”. No obstante, desde Salud estarán “vigilando” para que se respeten tanto los puestos de trabajo como los derechos laborales.