El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha dado por concluida la instrucción en el llamado 'caso Serrallo' y ha transformado las diligencias previas en procedimiento abreviado, procesando al que fuera alcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y a nueve de sus ediles --seis de los cuales aún ejercen como concejales en el Ayuntamiento de Granada-- además de otros altos cargos del consistorio.
En este caso se investigan posibles delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial, cohecho y tráfico de influencias a raíz de la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.
Así consta el auto de procedimiento abreviado en el que la jueza procesa a un total de 17 personas por este caso, dando traslado a las partes para que en el plazo de 20 días soliciten la apertura del juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.
El litigio procede de la construcción en zona verde de un espacio que acabaría siendo de explotación privada en beneficio del promotor de la obra, el empresario granadino, Roberto García Arrabal, por la cual deberán ir a juicio todos los miembros de la Junta de Gobierno Local que dio luz verde en julio de 2012 al proyecto y que pertenecían al PP. Entre ellos se encuentran nombres relevantes como el del que ha sido hasta el pasado lunes el rival de Sebastián Pérez por hacerse con la presidencia de la formación a nivel provincial, Juan García Montero quien ocupaba la Concejalía de Cultura.
La documentación aportada por la 'Operación Nazarí', que acabó destapándose hace más de un año precisamente a raíz de las investigaciones llevadas a cabo en el caso del Serrallo, han hecho que la magistrada haya decidido reabrir la causa ya que es ella la que lleva ambos procedimientos judiciales. La primera que fue llamada a declarar hace ahora año y medio fue Isabel Nieto, entonces la titular de Urbanismo y cuya labor al frente de ese área le habría servido para hacer favores urbanísticos a diferentes promotores de Granada por los que después también ha sido investigada en la 'Operación Nazarí'.