Los tres activistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), acusados de amenazar e invadir un edificio de la Junta de Andalucía en Granada durante una protesta por el despido de una trabajadora, finalmente no irán a prisión. Pese a que la Junta solicitaba en primera instancia una pena de cárcel de hasta cinco años, el propio Gobierno regional han rebajado hasta los ocho meses de multa y ocho euros diarios la pena solicitada contra dos de ellos, alrededor de 2.000 euros en total. La defensa pide condenar en costas a la Junta por su “mala fe” al denunciar los hechos.
En un primer momento se les acusaba de amenazas, coacciones e invadir la Delegación de Turismo, pero finalmente sólo se ha juzgado a dos de los activistas por acceder al edificio público. La tercera persona, hermana de la trabajadora despedida, ha sido absuelta porque no se encontraba en el lugar de los hechos. De hecho, la Fiscalía solicita también la absolución de la trabajadora por la que se llevó a cabo la protesta. El magistrado titular del Juzgado de lo Penal 3 de Granada tendrá que dictar sentencia.
Se trata de un cambio notable en la acusación de la Junta de Andalucía, que llegó a pedir 5 años y tres meses de prisión para cada uno de ellos, al considerar que los acusados, que entonces eran cuatro, aunque uno de ellos ya ha fallecido, se habían encarado con el personal administrativo y habían llegado a coger documentación “a su antojo” cuando se personaron en la Delegación de Turismo de Granada para realizar la protesta.
Los hechos, que tuvieron lugar el 4 de marzo de 2020, se han juzgado ahora después de que la vista se aplazara en dos ocasiones por la no comparecencia de los testigos que acudían por parte de la Junta de Andalucía y de uno de los acusados. La presión sindical ha sido elevada en los últimos meses para evitar el ingreso en prisión de los activistas. De hecho, una de las acusadas, hermana de Vanesa, afirmaba que ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos, como ha quedado acreditado.
Aunque la protesta por la que han ido a juicio sucedió en 2020, su origen tuvo lugar meses antes. En aquella fecha, la Delegación de Turismo, entonces en manos de Ciudadanos, cambió de empresa para el servicio de limpieza en el que trabajaba Vanesa Sánchez. Sin embargo, todo el personal fue subrogado menos ella porque fue despedida de la empresa saliente justo antes del proceso de subrogación.
Algo que para el SAT fue un despido improcedente y una muestra de inacción por parte de la Junta de Andalucía, ya que no medió para que readmitieran a la trabajadora.
Según defienden tanto el sindicato como la afectada, fue despedida por afiliarse al SAT para reclamar mejoras laborales. Un argumento que expusieron durante meses en diferentes protestas con las que pedían su readmisión. Eso nunca ocurrió hasta que el 4 de marzo de 2020 se personaron varios activistas, entre ellos la propia despedida, en la Delegación de Turismo para hacer un acto simbólico, en el que llegaron a desplegar una pancarta, por el que la Junta de Andalucía les denunció alegando desórdenes públicos.
No obstante, la defensa de los cuatro sindicalistas denunciados -uno de ellos ya ha fallecido- ha mantenido siempre que la actitud fue pacífica, que incluso se les facilitó la entrada, que la policía ni siquiera les identificó, ningún funcionario se soliviantó y que una de las denunciadas ni siquiera estuvo en el lugar. Argumentos que confirman los policías personados en el juicio.
La versión del Gobierno andaluz es completamente opuesta, pese a que ahora ha rebajado su petición de condena. Según el argumento oficial, los activistas entraron por la fuerza, se encararon con el personal y manipularon documentación. Además, según la Fiscalía, “se jactaron en redes sociales” de su actuación y el desalojo se produjo “no sin fuertes tensiones”.
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