La propuesta de Susana Díaz de exigir a los expresidentes y exconsejeros de Andalucía que devuelvan su escaño si son imputados por el caso ERE por el Tribunal Supremo (TS) ha avivado un debate para el que ninguno de los grandes partidos ha encontrado todavía la clave sobre qué hacer con sus cargos públicos cuando se vean en esta situación –también con sus militantes pero esto preocupa menos– o cómo actuar al elaborar listas electorales.
La cuestión es que no siempre están definidas claramente las líneas rojas en sus códigos éticos, y menos las que parecen exigir los tiempos que corren. Si nos fijamos sólo en los tres partidos con representación en el Parlamento de Andalucía, las respuestas demuestran claramente lo que está sucediendo.
¿En qué momento del proceso se actúa?
El código ético del PSOE establece literalmente que “cualquier cargo público u orgánico al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria”. Si no lo hace, “será suspendido cautelarmente de militancia y en su caso expulsado del partido”. O sea: cuando se abra juicio oral.
Por eso la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha encontrado sólo una respuesta tibia de la dirección nacional tras sus palabras hace unas semanas donde aseguraba que exigiría el escaño si eran “imputados”, cambiando la línea roja de sitio en el partido. De hecho, el mismo documento establece que los imputados, que sería el caso de los citados si finalmente el TS lo considera, deben dar cuenta de las concretas acusaciones para recomendar “la adopción de las medidas estatutarias oportunas en atención a los hechos y a su gravedad” por parte del órgano competente.
El código de buenas prácticas del PP no hace ninguna referencia a imputados ni a juicio oral ni a similar, sino que se limita a establecer ciertas obligaciones de los suyos, a marcar incompatibilidades, etc. De hecho, el objetivo del partido es abordar este asunto en relación con los imputados en estos meses. La dirección del PP-A ya está trabajando en ello, según la secretaria general, Dolores López. Ésta ha reconocido que tendrán incluso que definir qué pasa a la hora de elaborar listas electorales o, por ejemplo, qué hacer con aquellos que hayan cumplido condena.
Si para el regreso del alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, el PP no ha tenido problema en aceptar su baja y la de sus ediles por respaldarle en esta vuelta, se le está complicando la decisión en el caso de Vícar (Almería), donde quiere ser candidato Jesús Rodríguez, que igualmente ha cumplido ya su pena por prevaricación durante su etapa de alcalde del pueblo.
Más preciso es quizá el código ético de IU, que establece que sus militantes y cargos públicos “imputados, procesados o condenados” cesarán “de forma inmediata” de su puesto. También serán apartados de forma cautelar de la militancia hasta que cese la imputación, el procesamiento o exista absolución. Fija igualmente que tampoco podrán forman parte de listas electorales. Es decir, habla desde el momento de la imputación.
¿Diferencian el trato según el delito?
El PSOE no establece tipos de delitos para estas medidas, salvo a la hora de hablar de los militantes: también en caso de apertura de juicio oral serán suspendidos cautelarmente. Pero únicamente si se trata de delitos relacionados con la violencia de género o la libertad e identidad sexuales o contra la integridad moral, o aquellos ligados a la corrupción. No define, no obstante, cómo tratarlos a la hora de elaborar listas electorales.
IU sí define los tipos y dice que “los imputados, procesados o condenados por delitos relacionados con la corrupción, prevaricación con fines de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, malversación y apropiación de caudales públicos, cohecho, racismo, xenofobia, homofobia o violencia de género cesarán de forma inmediata” de su puesto. “La comisión federal de garantías se pronunciara igualmente sobre cualquier denuncia interpuesta ante ella a consecuencia de indicios racionales de corrupción”, agrega.
El PP ya ha dicho que no recoge estos supuestos, pero la dirección regional ha dejado claro que son partidarios de diferenciar por tipo de delito. “Cualquier alcalde puede ser imputado por ruidos”, decía gráficamente este lunes Dolores López. En este sentido, se remitía a las palabras del presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno: “Cualquier imputado que haya metido la mano en la cartera”. Es decir, aboga por diferenciar este tipo de delitos relacionados con la corrupción con otros vinculados con decisiones administrativas.
¿Qué ocurre a la hora de la verdad? Siete casos prácticos
Siguiendo con las palabras de la secretaria general del PP-A, en el caso de Bormujos (Sevilla), con la alcaldesa Ana Hermoso imputada por un presunto soborno para respaldar una moción de censura, ésta debería ser expulsada ya. Sin embargo, ha insistido en que el momento será “cuando se abra juicio oral”. O sea, está exigiendo que el PSOE haga con los todavía no imputados del caso ERE –y donde ni siquiera se habla de “mano en la cartera”– lo que ellos posponen hasta juicio oral.
Pero no es el único partido que juega a esto. Basta con recordar las veces que desde el PSOE-A se ha pedido la destitución del senador y alcalde de Tomares José Luis Sanz (PP), sobre el que pesa una denuncia por prevaricación –por un contrato– en la que tiene que pronunciarse todavía el TS, porque también es aforado. En rigor, está igual que Manuel Chaves o José Antonio Griñán, pero el PSOE-A pide insistentemente su cabeza. Por el mismo caso, en cambio, sí está imputado ya el secretario general del PP de Sevilla, Eloy Carmona, pero los populares consideran que no es un caso de corrupción.
En este sentido, el tema de las matizaciones en cada caso se da en los dos grandes partidos. Los populares insisten en matizar casos como el del alcalde y presidente del PP de Almería Gabriel Amat, imputado por prevaricación por unas licencias, de lo que sería “corrupción pura y dura”. Pero el PSOE también quiere distinguir entre sus imputados. Un caso: la reciente imputación del exalcalde de Coria del Río (Sevilla) y diputado provincial José Vicente Franco por presunta prevaricación no le ha llevado a tomar ninguna medida. Porque no es un caso de corrupción, como señalan en la dirección del PSOE de Sevilla, sino el de una subvención para infraestructuras deportivas que destinó a otros fines en el pueblo.
IU también se las ve en estas contradicciones, como cuando mantuvo a Antonio Rodrigo Torrijos, imputado por el caso Mercasevilla, como su concejal en el Ayuntamiento de Sevilla y como cabeza de lista en las elecciones municipales de 2011. No fue hasta 2013 cuando el propio afectado decidió irse. O como cuando en 2005 el entonces alcalde de Camas, Agustín Pavón, fue imputado por cohecho –sería condenado años después– y siguió como coordinador local de IU hasta 2011, pese a que la dirección nacional había ordenado en 2005 suspenderlo de militancia en aplicación del código ético. Sin embargo, la dirección regional insistió en esperar a que fuera procesado y no sólo imputado, como marca el documento.
El dilema está en que se trata de conjugar el respeto a la presunción de inocencia con la ejemplaridad que parece imprescindible para recuperar la confianza de la ciudadanía en la política y los políticos, y de momento, más que por decisión, se está actuando por reacción y caso por caso.