Un informe de la Guardia Civil, fechado en Madrid el 23 de mayo, indica que Construcciones Juan Robles, empresa familiar representada por Eduardo y Juan Nicolás Báñez García, hermanos de la ministra de Empleo y Seguridad Social, ofertaron el precio mínimo (105 millones) de compraventa final sobre los terrenos del mercado central de abastos MercaSevilla, el mínimo establecido para concursar. Lo que respaldaría la tesis de la jueza Alaya de que varias sociedades habrían presentado “ofertas de relleno” (según ha dicho la jueza en anteriores autos) en el concurso para adquirir los suelos.
Los hermanos Báñez aún no han declarado como imputados en los juzgados de Sevilla (pese a estar citados a las 14.30h y 15.00h ante la jueza Alaya) al haber presentado oferta, junto a ocho empresas constructoras, al concurso para la adjudicación de un derecho de opción de compra sobre los terrenos del mercado central de abastos, investigadas por un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas.
Contactos previos
El informe de la Guardia Civil, al que tuvo acceso eldiario.es/andalucia, dice que “apresuradamente”, sólo dos días antes para que finalizara el plazo de presentación de ofertas, Mercasevilla firmó un contrato con la Universidad de Sevilla para la elaboración de un informe para el análisis técnico y de valoración de ofertas a los efectos de facilitar las correspondientes tablas de ponderaciones, confeccionado el 6 de febrero de 2006.
105 millones era el precio mínimo estipulado en el pliego de condiciones particulares económico-jurídico-técnicas que habrìa de regir el concurso para adjudicar un derecho de opción de compra sobre la totalidad de los terrenos de Mercasevilla.
La Guardia Civil explica, además, que “carece de toda lógica” que se valorara esta oferta, presentada también por Pra S.A. y Azucarera Larios S.A., otras dos constructoras, con 15'96 puntos sobre 20, que en el caso de haber sido inferiores en un céntimo habrían estado fuera de concurso por no llegar al mínimo de compraventa final fijado en el pliego de condiciones del concurso, ahondando en la tesis investigada de que hubo una connivencia previa.
El informe también apunta a los “contactos previos” entre Sanma y el poder adjudicador (Mercasevilla), a través de correos electrónicos entre los abogados de ambas partes con anterioridad a las fechas en las que se optó por la forma de la licitación pública, “hasta llegar a un acuerdo entre ambas sociedades en las cláusulas y condiciones establecidas”, incluyendo el envío de un formato de pliego de condiciones antes de la publicación del mismo.
De hecho, Sanma era “la única empresa con titularidad previa que se presentó al concurso”, ya que “había adquirido dicha titularidad a través de la subrogación en el derecho de superficie”, existiendo otras sociedades con derecho de superficie o cualquier otra titularidad en el sector“.
La venta de los terrenos se cerró en los 106 millones de euros que ofreacía Sanma, frente a los 158 millones de Noga, por lo que la jueza deduce que hubo “un posible concierto” entre Mercasevilla y Sanma.
Los hermanos Báñez
Eduardo Báñez García, declara como consejero delegado y firmante de la oferta presentada por Construcciones Juan de Robles, y a Juan Nicolás Báñez García, como consejero delegado solidario de esta empresa. Los representantes de conocidas constructoras están pasando durante todo el día por el despacho de la jueza Alaya, que ha tenido otra de sus jornadas maratonianas de toma de declaraciones.
Los empresarios que han declarado por el momento afirman desconocer los motivos de los delitos que se les imputan, según fuentes del caso. Los abogados de lo imputados, al conocer la existencia del nuevo informe de la Guardia Civil, pidieron suspender hasta otro día las declaraciones para poder analizar el documento incorporado a la causa, pero Alaya les negó tal posibilidad.
El procedimiento impulsado para enajenar los suelos de Mercasevilla fue fallado en febrero de 2006 en favor de la propuesta elevada por el grupo promotor 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', filial de la constructora Sando, pese a que concurría una oferta económicamente superior por parte del grupo Noga.
La Fiscalía Anticorrupción apoyó la citación de los empresarios imputados “para determinar la posible existencia o no, vista la similitud de los precios ofertados y la entidad y calidad de sus ofertas en conjunto, de un previo e ilícito concierto entre las mismas --empresas-- para acudir al concurso con la predeterminada idea de fijar un precio de los terrenos favorable a Sanma mediante la artificial creación de un precio medio igual o lo más cercano posible al que iba a poner Sanma en su pliego que hiciera que cualquier otra oferta superior se saliera de la media muy fácilmente”.
Tras ello, la jueza dictó un auto en el que considera que, “de los indicios” expuestos a lo largo del procedimiento, “puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación a ésta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos de la
unidad alimentaria, y asimismo idéntico concierto entre dicha empresa constructora y al menos la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sanma“.
En esta causa, y además de los citados este viernes, están imputados el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, Antonio RodrigoTorrijos; los exgerentes de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, o el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo.