El déficit heredado del PSOE obliga a recortar el nuevo Presupuesto andaluz y desata la guerra entre la Junta y el Gobierno
La atonía política andaluza ha saltado por los aires, de manera sorpresiva, 48 horas después de que el Parlamento aprobara los Presupuestos Autonómicos para 2020. Unas horas después, el Gobierno de PP y Ciudadanos hacía pública una carta remitida por el Ministerio de Hacienda, el pasado 5 de diciembre, exigiéndole un plan de ajuste en las cuentas públicas por haber incumplido los objetivos de estabilidad de 2018 (déficit, deuda y regla de gasto).
Andalucía cerró el déficit del año pasado en el 0,41%. A lo largo de 2019 se declararon gastos sobrevenidos imputados a 2018 (la Junta tuvo que abonar multas millonarias por sentencias firmes en los tribunales), lo que hizo que el déficit definitivo de 2018 se fuera al 0,51% (813 millones). Por encima del objetivo del 0,4%.
Con un desvío de una décima sobre lo permitido, el departamento de María Jesús Montero impide a Andalucía financiar su deuda en los mercados (la saca del compartimento de facilidad financiera), obligándole a volver a acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica, un instrumento del Ministerio que limita el autogobierno de las comunidades. También le exige que presente cuanto antes un plan de ajuste para corregir ese déficit, calculado en 100 millones de euros, en un Presupuesto de 38.500 millones. En la práctica, esto obliga a replantear las cuentas que se acaban de aprobar.
En la Junta se masculla un escenario de recortes en el capítulo de gastos recién dibujado, previsiblemente en las partidas más cuantiosas (y más sensibles): sanidad, educación y políticas sociales, que absorben más del 80% del Presupuesto. Los profesionales de sanidad y educación vienen manifestándose desde hace meses por la merma en la calidad de los servicios públicos que provocan los recortes acumulados y los problemas de gestión.
El plan de ajuste es un imperativo del que Andalucía ni ninguna otra región puede zafarse, aunque el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ya haya descartado esos recortes o revertir las rebajas fiscales que incluyen las cuentas. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, gracias al apoyo de Vox, ha sacado adelante unos Presupuestos de 38.500 millones de euros, que aumentan un 5,8% las del presente ejercicio. Son unos números optimistas que se levantan sobre una previsión del crecimiento de la economía del 1,9% del PIB, dos puntos inferior al listón que se puso la propia Junta unos meses atrás (2,3%). Las cuentas computan 1.930 millones de euros que la Consejería de Hacienda esperaba conseguir con emisión de deuda en los mercados y que ahora, tras la prohibición del Ministerio, tendrá que volver a pedir al FLA.
Bravo es quien ha diseñado esta “isla de estabilidad” en medio de un mar de incertidumbres políticas y económicas, como el Brexit, la guerra arancelaria de Estados Unidos a productos que salen de Andalucía o la propia falta de un Gobierno en España. El mensaje político del presidente Moreno era nítido: “Andalucía es la administración más estable de España, tiene seguridad jurídica y política y genera confianza en los mercados y en la inversión externa”.
Esa confianza se ha torpedeado cuando el Ministerio de Hacienda ha encendido el piloto rojo sobre las cuentas públicas de la Junta. El departamento de Montero autorizó a Andalucía a emitir deuda y financiarse en los mercados privados en julio de 2018, permitiéndole abandonar parcialmente el FLA. Poco más de un año después, Montero cierra de golpe esa puerta tras recibir notificación de un desvío del déficit de 2018, un desajuste computable al último Gobierno del PSOE, que sin embargo tendrá que corregir el primer Ejecutivo de PP y Ciudadanos.
La derivada política de este asunto no ha tardado en estallar como la gran confrontación entre la Junta y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el nombre de la ministra de Hacienda en el epicentro de la disputa. Montero fue quien gestionó las cuentas andaluzas hasta mayo de 2018, cuando es nombrada ministra. Hasta entonces, Andalucía cumplía con el objetivo de déficit, de hecho, Montero usó esos datos para pedir permiso al entonces ministro Cristóbal Montoro para levantar un pie del FLA y salir a financiarse a los mercados. Fue ella misma quien autorizó esa salida meses después, ya como ministra, y quien ahora retira ese permiso. Es una bofetada política, aunque en términos financieros no suponga grandes cambios. Las condiciones del llamado compartimiento de facilidad financiera, que permite sacar un pie del FLA, y las del Fondo de Liquidez Autonómico son las mismas y el tipo de interés para nuevos préstamos es del 0%. Dando marcha atrás, Andalucía logrará un ahorro en intereses, explican desde el equipo de Montero.
El puesto de la hoy ministra en la Consejería de Hacienda lo ocupó Antonio Ramírez de Arellano, que pilotó las cuentas públicas andaluzas hasta el cierre del ejercicio presupuestario, que terminó con un incumplimiento del objetivo de déficit por una décima. Fuentes de la Junta explican que ese desvío sale de la obligación de abonar con retardo (en 2019) multas millonarias por sentencias firmes contra el Gobierno andaluz, computables al ejercicio 2018 (sobrecoste del Metro de Sevilla, el centro comercial Nevada en Granada...). El resultado de algunas de las sentencias firmes que obligaban a pagar a la Junta se conocían desde hacía meses, de modo que el margen de error para cuadrar ingresos y gastos era más o menos previsible.
Ahora el Ejecutivo de Moreno se ha levantado en armas contra sus antecesores, a quienes acusan de empujarles a una “intervención financiera” por razones políticas. El Ministerio niega trato “discrecional”, advierte de que se limita a aplicar la ley y acusa a la Junta de conocer el desajuste del déficit de 2018 y el consecuente requerimiento de un plan de ajuste “antes” de que se aprobasen los Presupuestos del año que viene. La carta es del 5 de diciembre, las cuentas se aprobaron el 12 de diciembre, y el presidente andaluz hizo pública la misiva 24 horas después.
PP, Ciudadanos y Vox han cargado al unísono contra Sánchez y Montero acusándole de “intervenir” la autonomía financiera andaluza por razones políticas. Intervenir una comunidad es cuando el Ministerio de Hacienda le retiene sus entregas a cuenta, esto es, el dinero que el Gobierno les devuelve por los ingresos derivados de la recaudación de impuestos estatales en sus territorios. Excepto Cataluña, ninguna comunidad ha estado o está intervenida, aunque políticamente se ha usado este término -desde el PSOE y desde el PP- para acusar al Gobierno de turno de tutelar las cuentas autonómicas.
Al margen del forcejeo político entre gobiernos, las exigencias que impone la misiva del Ministerio de Hacienda no son arbitrarias, emanan de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, y que el actual Ejecutivo socialista no ha derogado ni modificado. Las comunidades que han incumplido el déficit en 2018, prácticamente todas según el Ministerio, han recibido la misma carta. Andalucía y Baleares son las únicas que ya habían salido a los mercados a financiarse, por tanto serán las que tengan que dar marcha atrás.
Desde el departamento de Montero niegan que la salida de Andalucía a los mercados, en julio de 2018, fuera una decisión “precipitada”, porque la comunidad venía de cumplir con el objetivo de déficit en 2017 (se cerró en el 0,34% del PIB, por debajo del objetivo del 0,6%) y porque en ese momento había equilibrio entre ingresos y gastos. Fue el Banco de España quien recomendó, en un informe, la salida progresiva a los mercados de financiación privada a las comunidades que cumplieran los objetivos de estabilidad, para así recuperar poco a poco su autonomía financiera.
Andalucía, como el resto de comunidades, debe cumplir con el déficit cero en 2020, una obligación impuesta por Bruselas de la que ha hecho bandera propia el consejero Bravo. La situación es favorable desde el punto de vista político, porque la alianza PP-Ciudadanos-Vox garantiza la estabilidad necesaria. El socio de extrema derecha ha sido de los primeros en reaccionar a la carta del Ministerio de Hacienda cargando contra el Gobierno de Sánchez, al que acusa de “aplicar un 155 a Andalucía”, y protegiendo al Ejecutivo de Moreno.
La situación económica, en cambio, es más delicada: Andalucía se enfrenta a la incertidumbre que rodea las finanzas nacionales e internacionales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) acaba de advertir a la Junta del riesgo de volver a incumplir el objetivo de déficit en 2019, ejercicio computable al nuevo Gobierno, y ha pedido actuar a tiempo para corregirlo. El Ministerio de Hacienda cree que sería “una temeridad” si el consejero Bravo ignora el requerimiento y se declara “insumiso” al plan de ajuste.
