El Consejo de Ministros ha decidido este viernes recurrir el decreto por el que la Junta de Andalucía ha reestablecido la jornada laboral de 35 horas para la mayoría de los empleados públicos. La decisión se adopta cuando la Junta de Andalucía y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mantienen un duro pulso por el objetivo de déficit, fijado por Cristóbal Montero en el 0,4% para 2018 con el rechazo de la comunidad autónoma, y por las entregas a cuenta, que no se conocerán hasta finales de este mes.
Teniendo en cuenta que el decreto fue publicado el 19 de octubre en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y entró en vigor un día después, el Gobierno de España tenía de plazo hasta el 20 de julio para recurrirlo, por lo que ya se le habría pasado el tiempo para la próxima reunión del Consejo de Ministros, en principio el 21. Es decir, si quería recurrirlo en plazo tenía como tope su reunión de este viernes y no lo ha dejado pasar, dentro de su estrategia de hacer aguantar hasta el final al Gobierno de Susana Díaz, como adelantó eldiario.es/andalucia. Depende del Gobierno de España, cuando registre el recurso en el TC, pedir o no la suspensión cautelar del decreto mientras llega la sentencia.
Esta decisión supone una inesperada conclusión para la relación que desde el principio había mostrado el Gobierno de España con el caso de Andalucía, dado que en lugar de recurrir el decreto en los tres meses que tenía para hacerlo, optó por convocar la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma, lo que ampliaba el plazo a nueve meses por entender que se acordaba el inicio de negociaciones para resolver las discrepancias existentes entre las partes, pudiendo instarse la modificación del texto normativo.
Dicha comisión fue anunciada por el Gobierno de España en diciembre de 2016, y su actividad ha brillado por su ausencia dado que sólo hubo una reunión un mes después, cuando en Andalucía ya había entrado en vigor la norma para la mitad de sus empleados públicos. En esa única reunión se acordó la constitución de la mesa y posponer los trabajos para un encuentro posterior que nunca se ha producido.
Lo mismo que para otros casos
El caso de Andalucía, que ha sido calificado de “atropello” por el Gobierno de Susana Díaz, se produce en un contexto en el que el pasado 2 de febrero trascendió que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendía cautelarmente el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Madrid en este mismo sentido el 30 de junio de 2016 y que fue recurrido por la Abogacía del Estado. La medida había sido recurrida por el entonces Gobierno de Mariano Rajoy en funciones antes de que se cumplieran los tres meses necesarios para ello. Dos meses después, el mismo alto tribunal suspendió definitivamente la medida tras rechazar el recurso del Ayuntamiento de Madrid.
Previamente, ocurrió lo mismo con las 35 horas que implantó Euskadi, por decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tras otro recurso de la Abogacía del Estado, si bien el recurso en el Tribunal Supremo ha sido admitido en este caso y no se ha suspendido cautelarmente la aplicación a la espera de que se pronuncie el alto tribunal. No ha ocurrido lo mismo con el caso de Castilla la Mancha, pionera en esta decisión y cuyo decreto fue tumbado por el TC justo un mes antes de que la Junta de Andalucía aprobara en Consejo de Gobierno echar el mismo pulso a Mariano Rajoy, y en este caso la medida se tumbó definitivamente.
Cabe recordar que las 35 horas fueron un derecho conquistado en 1999 y que el Gobierno del PP suprimió en 2012 dentro de paquete de medidas de contención del gasto. Pasó a ser de 37,5 horas para todos los empleados públicos. Con la vuelta a las 35 horas, la Junta de Andalucía calcula que se podrán generar “cientos de puestos de trabajo” para cubrir los servicios públicos pese a la reducción de la jornada laboral.
La decisión coloca en una difícil situaciones a los populares en Andalucía, que en la convalidación del decreto en el pleno se abstuvieron, igual que C's, porque no quisieron votar en contra de una medida tan esperada por los empleados públicos. De hecho, con su implantación la Junta de Andalucía ha calculado que se pueden generar unos 7.000 puestos más. Susana Díaz no ha tardado en criticar la decisión vía Twitter.